Entre 2015 y 2018, la Comunidad de Madrid ha adjudicado 117 contratos que suman 454.687,30 euros a dos compañías salpicadas por la Operación Púnica, la “trama de corrupción municipal y regional”, según la Fiscalía Anticorrupción, en la que se habrían visto implicados ayuntamientos y organismos autonómicos y que fue destapada en 2014. Los contratos coinciden con el gobierno de Cristina Cifuentes y con el final del de Ignacio González.
Entre las 150 empresas implicadas en la trama, destaca, por su papel central, Cofely España S.A., filial de la multinacional francesa GDF Suez, ahora conocida como Engie, la cual tiene una pieza separada dentro del caso. La compañía está acusada de haber pagado a políticos y cargos de la administración para conseguir contratos públicos, motivo por el cual se encuentra imputada en la Audiencia Nacional.
Aun así, no ha dejado de recibir adjudicaciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid. Entre 2015 y 2018, Cofely se ha embolsado 376.606 euros en contratos públicos por parte de la administración regional. De estos, 123.656,64 euros provienen de la adjudicación a dedo de 108 contratos menores con cantidades que van desde los 30 hasta los 15.000 euros. En ocasiones, figura como adjudicatario Engie en lugar de Cofely España, aunque el CIF es el mismo en ambos casos.
La compañía también ha resultado beneficiaria de dos contratos obtenidos en un proceso abierto por valor de 61.626 y 191.323,36 euros. El primero de ellos corresponde a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura para el mantenimiento de las instalaciones de algunos edificios dependientes de la consejería, y le fue adjudicado en 2015. El segundo, el de mayor valor durante estos años, data de 2018 para la realización de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones contra incendios de Canal de Isabel II Gestión, S. A. (Lote 4), la empresa pública implicada en la presunta corrupción del Partido Popular.
Hace más de cuatro años, la Cadena SER ya alertaba que Cofely había resultado beneficiaria de 18 contratos por parte de la administración regional por un montante total cercano a los 80.000 euros a pesar del reciente estallido de la operación. Una cifra que prácticamente se ha multiplicado por cinco en apenas unos años.
En estos años, la CAM ha otorgado siete contratos menores a otra empresa salpicada por la Púnica: Serviglobe Servicios Integrales de Limpieza y Mantenimiento S.L., quien se ha embolsado más de 78.000 euros en este periodo. Cinco de los siete contratos tienen el mismo valor: dos de ellos son de 17.351,40 euros y otros tres tienen un importe de 8.675,70 euros, una cantidad que es exactamente la mitad que la primera cifra. El objeto de los contratos es el mismo en todos los casos: Limpieza Cl Torrejón De Velasco.
Desde la Consejería de Hacienda han asegurado a este medio que “la Comunidad de Madrid no puede excluir la contratación con ninguna empresa, salvo en las condiciones recogidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público”. Allí es establece que solo las personas y compañías condenadas bajo sentencia firme por determinados delitos –como corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, entre otros– “no podrán contratar con el sector público”. Tanto Cofely como Serviglobe están actualmente siendo investigadas, por lo que no pesa sobre ellas ninguna condena de este tipo.
Sin embargo, de los 117 contratos adjudicados a estas dos compañías, 115 han sido a dedo, sin pasar por un procedimiento de negociación con otras empresas. Este medio ha preguntado a la Consejería de Hacienda por este hecho y por el motivo por el cual ninguna de estas dos compañías ha vuelto a ser contratada desde 2018, sin haber obtenido respuesta por parte de la administración pública.
Móstoles rescinde un contrato con Cofely
“Por fin finaliza la relación contractual con Cofely, empresa que unió el nombre de nuestra ciudad a la trama de corrupción púnica. Asumimos directamente la gestión, generando empleo público de calidad”. Así anunció la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), que rescindía el contrato con la compañía para el suministro y mantenimiento integral de los edificios y los centros educativos del municipio. El acuerdo fue firmado en 2014 bajo el mandato de Daniel Ortiz, del PP, por valor de más de 73 millones de euros y por un periodo de 12 años. Este contrato está siendo investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la trama Púnica.
Algo similar hizo la localidad de Collado Villalba en 2015, cuando también dio por finalizado un contrato con Cofely para la eficiencia energética que había sido firmado apenas unos meses antes por 43 millones de euros. Una sentencia había declarado nulo el acuerdo por defectos de forma tras una denuncia de los socialistas y su rescisión había sido una de las exigencias de Ciudadanos para dar su apoyo a la candidata del PP.
27 de agosto, fecha clave en la Púnica
Manuel García Castellón, magistrado del caso Púnica, decidió prorrogar a principios de junio los plazos de la operación durante 82 días, el mismo tiempo que han estado paralizados debido a la COVID-19. La trama de corrupción, que salpica a importantes exdirigentes populares como Francisco Granados, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes, debería haber finalizado el pasado 6 de junio. Ahora, el juez García Castellón ha marcado el 27 de agosto como la nueva fecha clave.
Una de las 14 piezas de la operación está íntegramente dedicada a Cofely. En ella se investigan contratos por una valor que supera los 170 millones de euros por parte de diferentes ayuntamientos de la región entre 2011 y 2014. Hace algunos meses, varios implicados pidieron el archivo de la causa, algo que fue desestimado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la AN al considerar que las pruebas obtenidas son suficientes como para seguir adelante con el caso.
Exdirectivos de Cofely reconocieron que la multinacional contaba con una partida dineraria que servía para pagar a administraciones públicas a cambio de contratos. Constantino Álvarez, uno de los hombres clave en Cofely, aseguró que la propia empresa era quien redactaba los pliegos de licitación de los contratos que les eran adjudicados.
Desde que en 2014 estalló la trama Púnica, la filial de Engie acumula más de 55 millones de euros en pérdidas.
