La Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla se ha querellado contra Eurotécnica Agraria SA, una empresa propiedad de los herederos de la ya difunta duquesa de Alba que gestiona una gran finca situada en Aznalcázar, en Sevilla. Lo ha hecho por la existencia de ocho pozos que, como ya avanzó lamarea.com el pasado verano, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y una patrulla del Seprona de la Guardia Civil intentaron clausurar de manera cautelar en junio.
Ahora, la Fiscalía ha presentado una querella y el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha citado como investigada a Eugenia Martínez de Irujo, presidenta de la sociedad, por un delito contra el medio ambiente, tal y como ha desvelado el diario El País. El ministerio público cacula que «los riegos ilegítimos» de la finca Aljóbar habrán provocado un exceso de consumo superior a los 300.000 metros cúbicos y tendrían un coste de 36.702 euros. Unos datos referidos solo a la última campaña de riego, por lo que la Fiscalía pide ampliar el cálculo a los últimos diez años, el tiempo que, como mínimo, llevarían estos pozos en funcionamiento.
Fue el miércoles 21 de junio de 2023 cuando la CHG y el Seprona acudieron a los terrenos para precintar las captaciones de agua y así evitar que estas siguieran detrayendo agua. Al llegar, según explicaron desde la Confederación a este medio, los responsables de la propiedad no dejaron pasar a los agentes. Este intento de clausura de los pozos se produjo después de que Ecologistas en Acción alertase de la existencia de presuntos «pozos ilegales». Según explicaba la organización en una nota informativa, las captaciones estarían camufladas «con lonas de color verde para no ser visibles de forma aérea o a pie de parcela», unos hechos que probaban con fotografías realizadas en el interior de la finca. Las captaciones fueron selladas finalmente el pasado jueves.
Según recoge El País, la finca está gestionada por el actual duque de Híjar, Alfonso Martínez de Irujo, y por su hijo Luis, quien admite que los pozos no están regularizados pero asegura que el caso «no es tan malo como aparenta»: «Hubo pinchazos hace 20 años, pero no los hice yo y desde hace cinco años [que dirige la explotación] había otras urgencias como la maquinaria. Tengo donde agarrarme, me encuentro tranquilo y no es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema», ha declarado al citado medio. Asimismo, ha pedido la exclusión de su hermana Eugenia del caso, ya que la presidencia de la sociedad es rotatoria entre los hermanos, y que se declare como investigado a su hijo Luis Martínez de Irujo, quien dirige la finca desde hace un lustro.
El abogado del duque de Híjar, José García-Carranza, asegura que, aunque las captaciones sean clandestinas y no hayan sido dadas de alta, «el caudal extraído es el correcto, nunca más de lo autorizado». Una versión que varios denunciantes desmienten: “Es imposible y mentira que los ocho pozos sacaran tanta agua como el primer pozo y sobre todo que sean capaces de llenar la balsa hasta tres veces al año”, asegura Javier Benítez, extrabajador de la finca, a El País. Desde la propiedad niegan que la balsa se llenase más de una vez cada ejercicio.
En Aljóbar se cultivan naranjas que después se utilizan para la confección de productos gourmet a través de la marca Casa de Alba. Ya en 2013, la entonces alcaldesa de Aznalcázar, Dolores Escalona (PSOE), denunció su temor ante la posibilidad de que la gran balsa de agua de la parcela estuviese recogiendo agua de manera ilegal del acuífero 27 de Doñana, actualmente en el centro del debate político debido a la propuesta del Gobierno del PP de ampliar los regadíos, actualmente paralizada. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sin embargo, asegura que la finca extrae agua de otra masa de agua diferente, en concreto de Aljarafe Sur, que limita con el acuífero del parque nacional.
Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Eurotécnica Agraria obtuvo en 2020 un beneficio por valor de 178.000 euros gracias a una facturación que superó los tres millones de euros, la mayor parte procedentes de la venta de productos agrícolas. Unas cifras que contrastan con las del año anterior, cuando la sociedad superó por poco los dos millones de euros de cifra de negocio y alcanzó unas pérdidas de 222.000 euros. La empresa, constituida en 1988, contaba a cierre del ejercicio de 2020 con un patrimonio superior a los nueve millones de euros y una media de 32 trabajadores fijos y 89 eventuales.
Esta querella se conoce apenas una semana después de que saliese a la luz que la Fiscalía también se ha querellado contra el extorero Miguel Báez Spinola, más conocido como el Litri, por un presunto expolio de agua de otro acuífero también próximo a Doñana. Una denuncia dirigida contra la empresa Santa María de Río SL, encargada de la gestión de la finca Casrrascalejo, y de la que Báez es consejero delegado. El matador, ahora empresario, compró los terrenos de secano en 2019 y los transformó en regadío para plantar 360 hectáreas de olivo hiperintensivo. Para regarlos, supuestamente ha extraído casi 2.400 millones de litros (más de dos millones de metros cúbicos) del agua subterránea de forma ilegal durante los últimos cuatro años, de acuerdo con el escrito formulado por el ministerio público.
Por ello, la Fiscalía acusa al extorero de un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público hidráulico, que cifra en 574.308 euros.
También de manera reciente, el Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla emitió una sentencia calificada como «histórica», que sanciona con tres años y medio de cárcel a los cinco hermanos propietarios de la finca Hato Blanco Viejo, situada en el término municipal de Aznalcázar. Según el fallo, los hermanos Campo Peña contaban con una concesión para el riego de 456 hectáreas. Sin embargo, durante el periodo 2008-2013 “los cinco acusados, teniendo plena conciencia de la protección legal y valor ambiental del espacio de su propiedad en la finca […] han incumplido de forma deliberada las condiciones establecidas por el organismo de la cuenca”, llegando a duplicar el consumo de agua permitido a través de captaciones ilegales, y provocando un descenso de hasta 15 metros en el nivel freático del acuífero.
