Hubo un tiempo en que los golpes de Estado se realizaban para derrocar a presidentes ya en el poder. Hoy, junto a los golpes de Estado clásicos, asistimos a lo que podría denominarse como golpes de Estado preventivos, con los que se pretende impedir que mandatarios electos o, incluso, dirigentes todavía no refrendados por las urnas, lleguen al gobierno.
En esta nueva estrategia de subversión de la voluntad popular, el poder judicial ha tomado un papel protagonista, convirtiéndose en el actor imprescindible a fin de apartar a líderes incómodos para los intereses de las clases dominantes. Se trata del lawfare o guerra judicial, un mecanismo que en los últimos años ha condicionado la política de varios países de América Latina pero, nos atrevemos a decir, también la española.
El último episodio de este golpismo en nombre de la ley se está produciendo en Guatemala. El país centroamericano celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 20 de agosto. El candidato progresista, Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, que gobernó Guatemala tras la Revolución de 1944, se enfrentaba a Sandra Torres, política de dilatada y zigzagueante trayectoria ideológica, ahora en las filas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), una derecha con tintes ultras, salpicada ella misma por varios escándalos de corrupción. Ambos habían llegado al balotaje después de una primera vuelta en la que ninguno de los veintidós partidos contendientes consiguió más del 16% de los votos.
Arévalo basó su campaña en la lucha contra la corrupción y la recuperación de las instituciones frente al “pacto de corruptos” que reina en Guatemala. Por su parte, Torres consideró que la mejor defensa pasaba por un buen ataque y no cejó de acusar al partido de Arévalo, Movimiento Semilla, de irregularidades. La candidata pretendía reforzar el argumento de la Fiscalía que, desde el mes de julio, ordenó la suspensión de Semilla arguyendo que en su constitución había utilizado para su registro la firma de personas muertas.
A pesar de las acusaciones, Arévalo ganó la segunda vuelta con más del 58% de los votos. Días después, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco suspendió la inscripción jurídica del Movimiento Semilla como partido político, a solicitud del juez Fredy Orellana. Las dudas sobre la posibilidad de que Arévalo pudiera asumir la Presidencia en enero de 2024 empezaron a aflorar. El presidente electo respondió convocando una rueda de prensa el 1 de septiembre en la que denunció un golpe de Estado en curso, acusó al aparato de justicia de estar violando la justicia misma a fin de “evitar la toma de posesión de las autoridades electas” y apuntó a “la Fiscal General Consuelo Porras, el Fiscal Rafael Curruchiche, el Juez Séptimo de instancia penal Fredy Orellana, así como la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos” de ser los responsables de este ataque a la soberanía del pueblo guatemalteco.
Seguramente debido a las movilizaciones populares que se han sucedido estos días para secundar a Semilla, así como por las presiones de EEUU y de otros actores políticos regionales, el TSE anunció el 3 de septiembre que dejaba en suspenso la resolución del Registro de Ciudadanos de retirar el registro del partido, hasta que no finalice el proceso electoral el 31 de octubre. Mientras, la UNE de Torres, al más puro estilo trumpista, no ha aceptado todavía los resultados y ha interpuesto acciones judiciales para tratar de impedir que Arévalo acabe siendo presidente.
Lo que hace distinto a este “golpe en curso” de otros que se han dado en la región es la postura estadounidense. En el caso guatemalteco, EEUU lleva meses denunciando las acciones judiciales contra Semilla y pidiendo el respeto a los resultados electorales. Tras la oficialización de los resultados electorales por las autoridades guatemaltecas, el Departamento de Estado se apresuró a realizar un comunicado de respaldo al presidente electo y, días después, publicó una llamada de la vicepresidenta Kamala Harris a Bernardo Arévalo. En ambos comunicados, EEUU aprovechó para mostrar su preocupación por los intentos de suspender al partido político Semilla y para apostar por el respeto a los resultados electorales. Incluso la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, es conocido por su abierto activismo contra la izquierda latinoamericana, ha llegado a denunciar la “judicialización” del proceso electoral guatemalteco.
Se trata de una postura muy diferente a la que tuvieron estos actores en octubre de 2019 durante el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. En ese caso, el contexto de unas elecciones presidenciales y el argumento espurio de un supuesto fraude electoral, difundido por la OEA -fraude que presuntamente habría cometido el presidente boliviano- fue utilizado como excusa para apartar al Movimiento al Socialismo (MAS) del Gobierno y enviar al exilio a Morales, instaurando un gobierno de facto respaldado por EEUU, la OEA y la Unión Europea.
El escenario guatemalteco es, por tanto, inédito y contrasta fuertemente también con otros casos de lawfare. Se trata de un intento de golpe judicial contra un líder progresista pero los jueces y fiscales al frente no tienen el beneplácito de EEUU. El argumento de la lucha contra la corrupción, utilizado en los casos de lawfare de Lula da Silva, Rafael Correa o Cristina Fernández, no está en el centro pues, paradójicamente, tanto el fiscal Curruchiche como el juez Orellana han sido sancionados por EEUU acusados de obstaculizar la lucha contra la corrupción o socavar la democracia. Por otra parte, Guatemala es un país que cuenta con jueces y fiscales exiliados por su persecución a los delitos de corrupción de la actual clase gobernante.
¿Estamos, entonces, ante el primer intento de golpe de Estado en América Latina en el que EEUU no tiene participación directa ni indirecta? Es difícil saberlo. Lo único que se puede colegir, con la información disponible, es que a la administración Biden parece que no le interesa que se impongan los sectores vinculados a la élite corrupta del país. Pero tampoco a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense donde algunos republicanos piden sancionar a los actores políticos antidemocráticos y se publican informes que sugieren al Congreso condicionar los 164,5 millones de dólares en cooperación destinados a Guatemala en el presupuesto de 2024 a lo que pueda suceder tras las elecciones.
En palabras del investigador guatemalteco Rafael Cuevas Molina, la élite corrupta que ha gobernado durante tanto tiempo Guatemala ya no le sirve a EEUU, está demasiado desprestigiada e, incluso, aleja la inversión estadounidense. Apoyar un cambio de aires en un país que es estratégico para contener los flujos migratorios desde Centroamérica ayudaría, además, a limpiar la dañada imagen democrática de EEUU en la región, a la vez que daría estabilidad a un aliado clave en el Triángulo Norte. Quizás Arévalo acabe siendo afortunado por ser el primer líder progresista en padecer un golpe de Estado en América Latina sin el aval de EEUU.
Actualización: 05/09/2023 a las 20:00h
