Este artículo se ha publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.
DANIELA ORTIZ Y JOSÉ CARLOS LLERENA* | El reciente hito de la estrategia golpista, puesta en marcha desde días antes de la celebración de la segunda vuelta el 6 de junio de 2021, organizada por la oligarquía peruana en alianza con el imperialismo norteamericano y ejecutada por operadores políticos de derecha, se alcanzó el día 9 de agosto de 2022. Se hizo mediante el despliegue de un “espectacular” operativo de allanamiento y detención de personas vinculadas al presidente Castillo, aludiendo, sin pruebas mas con diversas conjeturas, como diría el tristemente celebrado juez Sergio Moro, la existencia de una supuesta organización criminal cuya cabeza sería Pedro Castillo. Inclusive, la Fiscalía intervino en las instalaciones de Palacios de Gobierno, argumentando antojadizamente que ahí se encontraba escondida su cuñada Yenifer Paredes, acusada, también sin pruebas, de corrupción y otras imputaciones propias de la táctica golpista bien conocida en el continente nuestro americano: el lawfare.
Desde hace varios años, el Perú viene padeciendo una convergencia de crisis (política, económica, social, cultural, ambiental), propias de un modelo capitalista en crisis multidimensional a escala global. La crisis política se pronunció con más fuerza a partir de los escándalos de corrupción de la empresa constructora Odebrecht. La crisis social y económica se profundizó a partir de la Pandemia de la COVID-19 que dejó en evidencia con más de 200.000 muertes y cientos de miles de desempleados lo fallido del proyecto neoliberal en Perú. Dicho contexto de convergencia de crisis fue el escenario para la disputa electoral donde Pedro Castillo, como candidato del partido socialista Perú Libre, ganó las elecciones; escenario que mostró la profundidad de la crisis cultural mediante la agudización del racismo social e institucional ante el resultado electoral como mecanismo utilizado para intentar mantener la continuidad del orden colonial.
Las élites criollas, desplazadas del gobierno mas no del poder a partir del triunfo electoral de Pedro Castillo, reaccionan a esta convergencia de crisis mediante la estrategia golpista con distintas tácticas para mantener sus privilegios y aumentar la tasa de su ganancia. No lograron desterrar al gobierno de Pedro Castillo con la acusación de un supuesto fraude electoral al terminar la segunda vuelta. No les funcionaron las acusaciones del delito de terrorismo contra ministros y cargos designados por el presidente. No lo lograron con la acusación de supuesta “traición a la patria”. Hoy, ante este historial de fracaso, han optado por el golpe de Estado mediante lawfare.
No es la primera vez que esta táctica se ejecuta contra el gobierno de Pedro Castillo. Entendemos lawfare como el “modo de guerra que utiliza la ley como arma, instrumentalizándola con fines políticos, económicos y geopolíticos, con gran impacto a corto y mediano plazo” (Romano). Por eso insistimos que un tipo de lawfare (electoral, racista y colonial) lo apreciamos en la tentativa de anular gran parte de votos por Pedro Castillo luego de la segunda vuelta electoral, votos provenientes de territorios de pueblos originarios y zonas rurales, mediante la acusación construida desde los principales bufetes de abogados de Lima de haber cometido un supuesto “fraude en mesa”.
Como indican Osvaldo León y Sally Burch en el libro El Nuevo Plan Condor. Geopolítica e imperialismo en América Latina y el Caribe, el lawfare es “un método de guerra no convencional que combina acciones jurídicas aparentemente en el marco de la ley, aunque muchas veces sin pruebas serias, con una campaña de prensa que presiona al acusado y su entorno para restarle apoyo popular”. Por esta razón, la actuación violatoria del debido proceso por parte de la Fiscalía peruana contra la cuñada del presidente no tendría la contundencia esperada por los estrategas golpistas sin la participación de los medios de comunicación que monopolizan el espectro radioeléctrico en Perú. En el país ya no es necesario que se filtren audios al estilo Villarejo; tal es el cinismo de los medios en la ejecución de esta táctica golpista que, en diversas oportunidades y ante los fracasos precedentes, consultan en señal abierta cómo desestabilizar al gobierno de Castillo con entrevistas donde exponentes de la derecha analizan y proponen los mecanismos que pueden ser utilizados para expulsar a Castillo del gobierno.
Basta un zapping en la televisión peruana hoy para corroborar la arremetida diaria de los medios de comunicación con noticias falsas y contenidos que intentan incidir en la opinión pública sobre la “necesidad” de “sacar del gobierno” al presidente Castillo. Esta semana, mediante la repetición una y otra vez del manipulado término “prófuga” junto al nombre de la cuñada del presidente y contradictoriamente la imagen de la misma entregándose a las autoridades siendo además acompañada en solidaridad por Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Nativas del Perú.
La arista del sistema de justicia ya activó la táctica de lawfare, ahora corresponde a los medios de comunicación hacer lo suyo para que se efectivice el Golpe de Estado, como se pudo apreciar en el caso brasileño contra Dilma Rouseff o el reciente golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Sin embargo, el nivel de credibilidad de los medios de comunicación de los esquemas de lawfare aplicados contra los líderes y lideresas de los gobiernos de la denominada ola progresista latinoamericana, dista mucho del momento vigente de los medios de comunicación en el Perú. Hoy, en el país, los medios de comunicación han alcanzado un profundo nivel de desprestigio, pero la soberbia de las clases dominantes no lo asume y le pasa factura en los resultados de sus tentativas golpistas. Una factura que ya tuvieron que asumir con la pérdida de la segunda vuelta electoral luego de una campaña mediática donde programas televisivos y periodistas de los grandes canales televisivos llegaron a niveles tan extremos como difundir con cartas abiertas a favor de la elección de la hija del dictador Alberto Fujimori mientras los votos de Castillo llegaban a superar el 90% en poblaciones donde las radios comunitarias reemplazan a los grandes medios. El escenario de crisis del capitalismo fuerza a los medios de comunicación a dejar de lado los falsos e impostados perfiles de objetividad y asumen sin pudor su activismo político en defensa del orden dominante.
Al cierre de estas líneas, los poderes fácticos pretenden generar la sensación de aislamiento de Pedro Castillos con las renuncias de funcionarios públicos cercanos a la clase oligarca peruana y el trabajo militante de los medios de comunicación en defensa de los intereses de las clases dominantes. Por otro lado, el presidente Pedro Castillo se reúne con líderes y lideresas de organizaciones sociales, sindicales y campesinas en Palacio de Gobierno para defender con el puño en alto la voluntad popular que lo puso al mando del rumbo de nuestro país mientras cada vez resuenan más alto las palabras más temidas por la derecha; proceso constituyente. La disputa está abierta. La oligarquía tiene el sistema justicia y los medios de comunicación. El gobierno de Pedro Castillo puede generar espacios de organización y movilización desde las organizaciones de base para defender los intereses del pueblo trabajador. Es momento de defender la voluntad popular.
*Daniela Ortiz es artista y activista peruana. Sus proyectos abordan el sistema de control migratorio europeo y sus vínculos con el colonialismo. José Carlos Llerena es educador popular y abogado, miembro de la organización peruana «La Junta» y representante de Alba Movimientos Capítulo Perú.
