BOGOTÁ (COLOMBIA) // El aumento de la violencia en América Latina se ha vuelto un problema de primer orden para numerosos Estados. Un flagelo que desestabiliza gobiernos y que ya no sólo afecta a naciones históricamente golpeadas por este mal, como México, Colombia y Brasil, sino que se ha extendido a países relativamente tranquilos como Chile, Ecuador y Costa Rica.
Tras esta coyuntura están las redes del narcotráfico y de trata de personas. Estos grupos criminales han ampliado sus rutas de tránsito en los últimos años y se han aprovechado de varios de los males que afectan a la región desde hace décadas, como la falta de control estatal sobre el territorio y su abandono a las poblaciones más desfavorecidas y pobres.
De México a Chile
Esta escalada en el número de asesinatos y de inseguridad se ha dado en varias naciones de forma simultánea. Países que tienen gobiernos de diferentes colores políticos y contextos históricos muy distintos entre sí, pero que comparten estas nuevas rutas del crimen organizado y que, a diferentes niveles, han visto cómo la violencia ha aumentado hasta afectar la normalidad democrática.
Tiziano Breda, investigador experto en América Latina del Istituto Affari Internazionali, indica que, tras este auge de las bandas criminales, hay varios factores “como la pobreza generada en América Latina tras la pandemia, que ha empujado a miles de jóvenes a ver las actividades ilícitas como una salida económica rentable, o el vacío de poder generado tras la desaparición de las FARC en Colombia, que ha abierto una disputa entre un crisol de cárteles y pequeñas organizaciones por controlar rutas”.
Un ejemplo de esta crisis es México, que militarizó Cancún y Acapulco, dos de sus zonas turísticas más importantes, durante la pasada Semana Santa debido al asesinato de varias personas en sus playas. El control creciente de los cárteles no es algo nuevo en el país, ya que lleva décadas produciéndose, pero que esa violencia se apodere también de dos de las ciudades más visitadas es preocupante. Es cierto que los homicidios se redujeron en 2022, pero ese año sumaron 30.968, una cifra difícil de justificar para el ejecutivo de López Obrador.
«La coyuntura está haciendo que el autoritarismo de Nayib Bukele en El Salvador sea atractivo en otras zonas de la región»
La situación también golpea a países considerados referentes en la región como Costa Rica y Chile. En la nación centroamericana, paso clave en las rutas del narcotráfico y de trata de personas, las organizaciones criminales han fortalecido su control territorial y son las causantes de que, desde 2012, se haya producido un aumento en la tasa de criminalidad del 66,5%. En Chile, por su parte, aunque las cifras siguen siendo bajas con respecto a sus vecinos, el asesinato a sangre fría de varios carabineros por parte del crimen organizado ha producido una crisis en el seno del gobierno de Gabriel Boric.
No obstante, el ejemplo más claro de este cambio de paradigma en la seguridad lo protagoniza Ecuador. Sus regiones colindantes a la costa pacífica se han convertido en territorios disputados entre varias organizaciones criminales y el propio Estado. Una competencia que ha elevado la violencia y ha sido la causa de crisis como los cientos de asesinatos en las cárceles ecuatorianas o los más de 1.000 homicidios dolosos, en lo que va de 2023, en el área metropolitana de Guayaquil, la segunda ciudad del país.
Breda señala que naciones como Costa Rica o Chile “han sufrido este repunte por sorpresa, debido a que son Estados que no han tenido problemas históricamente con la seguridad y no tienen las estructuras para combatir a estas organizaciones criminales”. Sin embargo, apunta a que casos tan extremos como el de Ecuador se han dado debido a “la corrupción de las autoridades y su connivencia con estos criminales”. “Funcionarios e instituciones ecuatorianas se han beneficiado del tráfico de drogas y lo han tolerado, llegando a aliarse con determinados grupos. Algo que también podemos ver en países como Haití”, denuncia el investigador.
En Colombia, a pesar de los reiterados esfuerzos del Ejecutivo de Gustavo Petro por obtener la ansiada «paz total», en lo que va de 2023 se han producido 41 masacres, muchas de ellas contra líderes sociales. Un contexto que no es mucho mejor en Venezuela, con 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes, o Brasil, con cárteles como Comando Vermelho tomando control de porciones más grandes de territorio, algo que ha obligado a Lula da Silva a retomar planes de seguridad estrictos para el gigante suramericano.
Bukele, un ejemplo peligroso
En medio de esta crisis de seguridad, hay una nación, que llegó a ser la más peligrosa del mundo, que está registrando datos a la baja históricos: El Salvador de Nayib Bukele. Por medio de una estricta y controversial política de seguridad, el presidente salvadoreño ha terminado con gran parte del poder de las maras encarcelando a más de 60.000 personas desde marzo de 2022. Para lograrlo, ha implementado un estado policial autoritario, con un poder centrado en su figura, que ha violado numerosos derechos humanos y constitucionales, llegando a encarcelar a miles de inocentes.
Sin embargo, estas medidas cortoplacistas tienen una gran publicidad y, sobre todo, gozan de gran apoyo entre los salvadoreños. Algo que no ha pasado desapercibido en el resto de América Latina y que, para Breda, “representa un serio riesgo electoral, debido a que habrá políticos, especialmente ligados a la derecha y la extrema derecha, que hagan suya la bandera de éxito de la mano dura contra el crimen, aunque seguramente no podría aplicarse en otras naciones como se ha hecho en El Salvador”.
«¿Culto? ¿Por qué los medios nos tienen tanto miedo?», respondió el presidente salvadoreño en Twitter a una publicación de Los Angeles Times.
Honduras y Ecuador pueden ser dos ejemplos de ello. Tanto Xiomara Castro como Guillermo Lasso han decretado toques de queda y estados de excepción en varios de sus territorios, han militarizado las calles y han apostado por un política dura contra el crimen organizado; sin embargo, no han obtenido el éxito que ha conseguido Bukele en tan corto periodo de tiempo.
La razón es simple, El Salvador cuenta con la ventaja de ser el país menos extenso de América Latina, poseer grupos criminales muy reconocibles y tener una capacidad carcelaria y policial grande. Es impensable que esto funcione en naciones de mayor tamaño y población, con realidades mucho más complejas. Además, Tiziano Breda considera que es muy difícil aplicar esta estrategia en América Latina: “Solamente podría darse en Estados autoritarios sin separación de poderes, con gran capacidad carcelaria y con un control estatal efectivo sobre los centros penitenciarios, algo alejado de la realidad latinoamericana”.
La crisis de seguridad en América Latina no terminará con el método Bukele. Sin embargo, su discurso puede hacer que se vea como única salida para combatir el crimen. Una vía peligrosa para la región que puede dar oportunidades electorales a discursos que prometan una solución fácil a un problema complejo que únicamente se puede enfrentar fortaleciendo las estructuras del Estado y garantizando el acceso a derechos básicos en las comunidades más desfavorecidas, aquellas de las que se suele nutrir el narcotráfico.
