Mujeres que son obligadas a parir fetos biológicamente inviables, que no son atendidas en los hospitales cuando llegan con alguna complicación grave del embarazo, que se ven forzadas a viajar cientos de kilómetros para poder ejercer lo que hasta hace poco era un derecho. Son historias que han llenado las páginas de la prensa estadounidense desde que, hace aproximadamente un año, el Tribunal Supremo del país decidiera tumbar la sentencia Roe v. Wade, aquella que en 1973 otorgaba plenas garantías para obtener un aborto.
Cumplido el primer aniversario de lo que supuso la derogación de este derecho a nivel federal, a manos de un órgano de mayoría conservadora 6-9 desde que el expresidente Trump consiguiera, en sólo una legislatura, nombrar a tres jueces afines, muchos son los casos que han sobrecogido a la opinión pública, como el de la niña de diez años, encinta tras ser violada, que tuvo que desplazarse de Ohio a Indiana para interrumpir la gestación.
Aunque es imposible cuantificar el sufrimiento que ha causado esta decisión judicial, el retroceso democrático es evidente; la supuesta “defensa de la vida” esgrimida por los movimientos antiabortistas ha roto muchas por el camino, y probablemente siga haciéndolo en un futuro próximo: “Los congresistas republicanos quieren prohibir el aborto en todo el territorio nacional”, recalcó recientemente el presidente Joe Biden, sin mayoría en la cámara de representantes, quien también advirtió de que sus oponentes persiguen disminuir el acceso a distintos métodos anticonceptivos.
Durante los doce meses que han transcurrido, 15 Estados (de un total de 50) han ilegalizado el aborto en prácticamente todas las circunstancias, mientras que cinco han limitado el derecho a las fases tempranas de la gravidez, siendo Florida el más extremo, ya que prohíbe terminar el embarazo a partir de las 6 semanas, cuando la mayoría de las mujeres aún no saben que están encintas. Según NBC News, más de 28 millones de mujeres viven en territorios donde el aborto está restringido o no es una opción legal, habiendo aumentado el tiempo de viaje hasta una clínica donde sí lo sea especialmente entre las minorías raciales.
La oleada de machismo en las instituciones no camina al compás de la opinión ciudadana, como aseguró una encuesta de Gallup: si el 61% de la población considera que haber derogado esta protección constitucional es “malo”, un 69% está de acuerdo con que debería ser legal hasta el tercer mes de embarazo, la cifra más alta en los últimos años. La anulación de una garantía que supuso una conquista feminista resultante de las luchas por los derechos civiles revela no sólo la pervivencia del trumpismo una vez derrotado Trump en las urnas, sino también las numerosas iniquidades que afloran cuando otros derechos, como la sanidad, están asimismo comprometidos.
En los testimonios recogidos por distintos medios abundan casos como el de Hollis, una mujer de Tennessee a quien la imposibilidad de acabar con la gestación le supuso dar a luz a un bebé prematuro, nacido con apenas medio kilo de peso y una salud tan frágil que arruinó la economía familiar a base de facturas médicas. En Oklahoma, a una señora cuyo embarazo no era viable le dijeron que esperara en el aparcamiento del hospital hasta que estuviera casi al borde la muerte para poder ingresarla.
Esta reacción del personal sanitario obedece a la criminalización a la que está siendo sometido el colectivo pues, aunque los Estados donde el aborto está prohibido han aprobado cláusulas que permiten intervenir si la vida de la madre está en riesgo, no se esclarece el grado de peligro, lo cual deja a los médicos sin saber si están cometiendo un delito. Esta situación ha sido denunciada por el presidente de la Asociación Médica Americana (AMA, en sus siglas en inglés), Jack Resneck: “Nunca imaginé que mis compañeros se encontrarían rastreando a los abogados del hospital antes de realizar abortos urgentes, cuando los minutos cuentan, o preguntando si un 30% de probabilidad de muerte materna o fallo renal inminente cumple con los criterios para las exenciones del Estado”, aseguró en una conferencia reciente.
En un país que batió el récord en mortalidad materna en 2021 (los últimos datos disponibles), con 32.9 fallecimientos de la progenitora por cada 100.000 nacimientos, cuando en otras naciones ricas como Japón, Australia o España la cifra oscila entre dos y tres muertes, la eliminación de Roe supone otro hachazo no sólo a la libertad de las mujeres, sino a su propia vida. De hecho, algunos facultativos que están cursando la especialidad de Ginecología ya han criticado que no están recibiendo la formación adecuada para efectuar abortos en Estados donde está prohibido. Desde que se hizo pública la decisión del Supremo, esos Estados han notado, además, una bajada del 10% en las solicitudes debido al miedo de los residentes a ser tratados como criminales, un enfoque punitivista que, a largo plazo, podría crear una fuerte carencia de profesionales.
El derecho a decidir sobre el cuerpo propio, a la maternidad deseada, o a ser tratada con dignidad siguiendo una deontología médica que priorice la salud del paciente han sido borrados de un mapa donde 80.000 mujeres se enfrentaron a serias dificultades para acceder a un aborto, y aquellos Estados donde aún es legal no lograron compensar las prohibiciones del resto. Más allá de las cifras, podríamos preguntarnos qué historias atravesadas por el dolor no saldrán nunca a la luz; cómo sobreviven las madres que han sido coaccionadas en ausencia de un estado del bienestar que provea bajas parentales a nivel federal o guarderías públicas; con qué protecciones se recibe a la infancia una vez sale del útero.
