En Estados Unidos, la derecha más reaccionaria está dispuesta a arrasar con los derechos fundamentales de millones de personas en un clima de guerra abierta contra la democracia que lleva varios años activo y aún no ha terminado. Si, hace unas semanas, la comisión que investiga el asalto al Capitolio determinaba que se trató de un golpe de Estado provocado por Trump, ahora un Tribunal Supremo configurado en gran medida por el expresidente ha derogado el derecho al aborto a nivel federal, dejando en manos de cada estado las garantías legales necesarias para llevar a cabo la interrupción del embarazo. Así, como parte de un movimiento nacional amplio, que incluye asimismo la restricción del voto de las minorías, es como debe interpretarse una decisión judicial que invalida la histórica sentencia Roe vs. Wade (1973), aquella que legalizaba el aborto en todo el país, y Casey vs. Planned Parenhood (1992), donde se confirmaba la anterior.
En más de la mitad del país las mujeres han pasado a formar un grupo de sujetos criminalizados, potencialmente perseguidos por el aparato jurídico y, dependiendo del territorio, por la industria médica, la tecnológica y hasta su gente más cercana. En Texas, donde está en vigor una de las leyes más restrictivas, que prohíbe abortar después de las seis semanas de gestación –en la práctica, antes de que muchas mujeres sepan que están encintas–, ya existe un mecanismo legal que favorece la delación de la que busque abortar a cambio de una recompensa de 10.000 dólares. Esta ley, llamada del latido, está previsto que se actualice hasta la prohibición total basándose en la nueva sentencia del Supremo, pero manteniendo la bonificación al delator, así como las provisiones que criminalizan no solo a la embarazada, sino a quien intente ayudarla en su propósito.
En Arkansas, Luisiana, Misisipi y Wyoming, interrumpir el embarazo es a partir de ahora, o será en breve, un crimen punible con 10 o más años de cárcel. Las multas por abortar podrían ascender a 100.000 dólares. En general, la derogación de Roe implica que en prácticamente una treintena de Estados este derecho desaparezca por completo o quede reducido a su mínima expresión, lo cual afecta especialmente a las mujeres pobres, y pertenecientes a minorías étnicas.
Sin embargo, la ofensiva del Supremo va más allá del aborto: engloba los derechos reproductivos de todas las mujeres y su salud de manera amplia, en cuanto que consolida una tradición legal que da prioridad al embrión por encima de la vida de la madre, como ha estudiado en profundidad la investigadora y abogada Dorothy Roberts. En su libro Killing the Black Body (1997), Roberts denunció el entramado judicial que condenaba por crímenes como maltrato infantil o suministrar drogas a un menor a las mujeres negras que, durante la gravidez, hubieran consumido drogas, muchas veces sin pruebas sobre el impacto de las sustancias en la viabilidad del feto.
Con el precedente que sienta el Supremo, este tipo de legislación punitivista podría ampliarse. Por otra parte, la anulación de Roe desincentiva que las mujeres procuren asistencia sanitaria en caso de aborto involuntario u otros problemas con el desarrollo del feto para evitar ser erróneamente juzgadas como criminales en aquellos territorios donde el derecho ha sido eliminado. En un país donde aproximadamente el 40% de la población no acude al doctor por miedo a las facturas e incluso hay personas que optan por tomar antibióticos para peces a falta de medios para acceder a una consulta, el posicionamiento del Supremo añade más razones a esa elusión de la atención médica tan común por motivos económicos. Esto ocurre, además, en un contexto nacional donde no hay guarderías públicas ni bajas parentales legisladas a nivel federal, y un 25% de las madres se incorpora al trabajo a las dos semanas de haber parido.
Si la ausencia de un estado del bienestar sólido ya tenía serias implicaciones en las vidas de las mujeres –y en las de sus hijos–, se espera que su situación empeore: un estudio reciente probó que la derogación del aborto puede llegar a incrementar la tasa de mortalidad materna en un 21%, sobre unas cifras que ya se encuentran entre las más altas del mundo. Según datos de 2019, en Estados Unidos mueren 17,4 madres por cada 100.000 nacimientos, frente a las 3,2 de Alemania o 1,9 de España.
Está claro que quienes se definen como “pro-vida” ni suelen tener en cuenta las condiciones socio-económicas en que el bebé, como ser autónomo fuera del útero, va a desarrollarse, ni los riesgos que el embarazo puede conllevar para quien gesta, porque lo que se dirime aquí no es la protección de la ciudadanía sino su sometimiento a un régimen cada vez más opresivo, más autoritario, que se ha cobrado a las mujeres como víctimas en contra de la opinión popular: se estima que 2/3 de los estadounidenses está a favor de Roe. Falta por ver, en la imparable deriva antidemocrática que lleva el país, qué otras libertades serán mutiladas o directamente abolidas ahora que el Supremo ha mostrado abiertamente sus cartas retrógradas.
El juez Clarence Thomas, de cuya esposa se está investigando la participación en los sucesos del Capitolio, ya ha expresado la necesidad de revisar derechos consagrados como el acceso a los anticonceptivos o el matrimonio homosexual. La sodomía, o incluso el matrimonio interracial, también podrían verse amenazados. Todo parece indicar que este dictamen es solo una pieza más, extremadamente dolorosa pero una, de un futuro nada halagüeño.
