Septiembre de 2016, Italia. Una mujer pregunta: “Stai facendo un video? Bravo” (‘¿Estás grabando un vídeo? ¡Bravo!’). Un hombre estaba grabando su intimidad y la compartió con otros hombres. Un tiempo después, ese vídeo y esa frase fue repetida por todo el país: vídeos en YouTube, venta de camisetas e incluso una canción enarbolaron con impunidad las cinco palabras. Una dilapidación moral frente al cual la víctima luchó en todas las esferas, incluso plantó cara a las plataformas que alojaban el contenido y alimentaron su difusión. Cambió de ciudad, cambió de nombre, mientras que el nombre del resto de protagonistas nunca trascendió. Pese a su lucha, no llegó a conocer que ganó la demanda a las tecnológicas. Una semana antes decidió suicidarse.
Esto es violencia de género digital.
Mayo de 2019, España. Sobre la mesa vibra un teléfono. A unos metros, vibra otro. Al fondo, un hombre desbloquea el suyo. Sonríe. La escena se repite. La reacción de la mayoría de hombres que trabajan en esa empresa es la misma: observan atentamente su móvil y, al acabar, buscan a la persona que protagoniza el vídeo, con contenido íntimo, que acaban de recibir en su teléfono. Buscan a su compañera de trabajo.
Se llamaba Verónica Rubio, la trabajadora de IVECO que trató de impedir la difusión del vídeo. La primera vez que la pesadilla comenzó, diez años antes, lo consiguió. Esta vez resultó imposible pararlo. La sociedad corrió en su contra y el miedo a que su marido –también trabajador de la empresa– descubriese el contenido la atenazó. Se suicidó días más tarde.
Esto es violencia de género digital.
“En estos casos suele darse una mezcla de emociones disfóricas. Parece que la más natural sería el enfado o la ira, ya que la violación de la intimidad es una agresión a la persona”, explica la psicóloga Carmen González Hermo sobre qué puede estar pasando por la cabeza de una víctima que afronta semejante situación. “La ira se ve desplazada por otras como la vergüenza, la impotencia, el miedo, desesperanza, soledad e incluso sentimientos de culpa”. Unos sentimientos que, concluye González, conducen “a la desconfianza hacia los demás, reducción de la interacción social, cese en actividades de ocio y reclusión de la propia persona”, añade.
Los compañeros de empresa de Verónica ni borraron el vídeo ni quisieron ver su dolor. La empresa no la creyó. Y la justicia esgrimió que lo que le pasó a Rubio era una cuestión “personal y no laboral”. Cuatro años después volvemos a su historia para raspar la pertinaz costra de silencio sobre un caso que acabó con una víctima y ningún culpable penal. Desde diferentes perspectivas, reflexionamos sobre la intimidad vulnerada en tiempos de flacidez empática, hiperconexión de redes sociales y violencia digital en ascenso.
Para la presidenta de la Asociación Stop Violencia Digital, Encarni Iglesias, lo que le pasó a la trabajadora de IVECO no le resultaba «desconocido”. Son casos que no dejan de llegar a la entidad que fundó hace casi ocho años. Una violencia digital ejercida predominantemente sobre la mujer: “Seguimos sin verla como un delito, la justicia no ha avanzado y el daño es irreparable”. Habla desde el conocimiento: ella, además de ayudar, también fue víctima de una batalla marcada por la desigualdad entre la viralidad y la justicia: la primera cuenta en segundos, la justicia en años. “¿Cómo se enfrenta eso?”, concluye Encarni Iglesias.
“Fue víctima de un delito de sexting tipificado en el artículo 197.7 del código penal, tras la reforma en el año 2015”. La abogada y experta en violencia de género digital Beatriz Calavia enfila las respuestas con el Código Penal en la mano y una reflexión constante en este reportaje: “No se ha solucionado este grave problema social en el que la juzgada es la víctima, en su mayoría, mujer, pero muy poco a poco se está dando visibilidad a estos casos; falta mucho camino por recorrer”.
De la revictimización a la impunidad
La revictimización, para la criminóloga Cristina R. Córdoba, tuvo un peso importante: «Como ella indicó, por la opinión negativa que se produjo en su propia familia, donde sufrió el rechazo de su marido en ese momento”. Una situación que también provocó que los compañeros que recibían el vídeo pasasen por su puesto de trabajo ya que “el vídeo les hacía ver que Verónica estaba disponible”, expone una de las creadoras de la serie Intimidad, Laura Sarmiento. La serie refleja para la guionista “la impunidad y ligereza que imperan en el mundo digital”.
La impunidad de un «ordenamiento jurídico procesal anclado en los principios basados en el siglo XIX», como propugna la profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid Raquel López. Para López, la justicia debe modificar sus procedimientos para “adaptarse y avanzar en materia de nuevas tecnologías regulando todos los aspectos referidos tanto a su obtención [de pruebas], como a su incorporación y valoración probatoria en el proceso penal”. En ese esfuerzo por actualizar la acción de la justicia, la Ley Orgánica 10/2022 (la conocida como ‘Ley del Sí es Sí’), en su artículo 44, establece que “desde un punto de vista amplio se puede considerar un delito de violencia sexual”, argumenta López.
Esta Ley –a diferencia de la legislación anterior– “castiga a las personas que difundan esas imágenes sin consentimiento, que anteriormente quedaba impune”, aduce Calavia. Es decir, si en vez de denunciar y borrar el contenido, el vídeo o foto es reenviado, el marco legal puede imputar a la persona que perpetúa el delito a través de su redifusión. La pena por hacerlo oscila entre uno a tres meses de condena.
Sin embargo, como ocurre con otros casos de violencia de género, la infradenuncia de estos delitos complica aún más el escenario. “De diez casos, solo uno se denuncia”, media la presidenta de Stop Violencia, Encarni Iglesias. “Se denuncian menos porque son temas íntimos”, afirma Calavia, “en los cuales las víctimas tienen que declarar sobre cuestiones de su intimidad y se sienten muy vulnerables y, en ocasiones, tienen miedo a ser juzgadas y culpabilizadas por el sistema policial y judicial”.
Si tras superar una estructura social que las culpa y revictimiza como es el patriarcado, las víctimas logran denunciar, el desenlace tampoco parece alentador. “La denuncia no vale para nada”, explica resignada Iglesias. Entre las acciones habituales, señala: «Los distintos cuerpos policiales invitan a borrar las redes sociales o a cambiar de número de teléfono. Así están pensando que nos ayudan”. De nuevo es la víctima la que tiene que cambiar, retroceder, asumir de nuevo la culpa y el castigo. “¿Por qué, si yo no he hecho nada malo?”, reivindica la presidenta de la asociación, que, ante el avance de conductas tóxicas en el entorno virtual, busca evitar riesgos. “Yo sé que tengo derecho a subir la foto que me dé la gana, pero también sé que, cuando la suba, ya no es mía y los efectos pueden ser muy perjudiciales, pues ya no lo hago”. En las charlas en los institutos, Iglesias recomienda al alumnado que, si van a subir una foto a la red, no muestren su rostro o ningún rasgo que les pueda identificar: “Lo que quiero es que los daños sean los menos posibles”, manifiesta desde el vigor que traslada durante toda la entrevista.
Otro elemento que evidencia hasta qué punto instituciones y sociedad en general no dimensionan la importancia del problema es la falta de estadísticas unificadas. Pese a ello, algunos de los datos dan una pista de su magnitud, amplificada por la pandemia y el tiempo excesivo de uso de las pantallas.
Según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, publicado en 2022, “el 54% de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés. En una macroencuesta realizada a cerca de 10.000 mujeres por la Delegación de Gobierno de Violencia de Género el “7,4% de las mujeres de 16 o más años ha recibido alguna vez insinuaciones inapropiadas, humillantes, intimidatorias u ofensivas a través de las redes sociales”.
El concepto intimidad
“El concepto de intimidad es un concepto muy sesgado desde la perspectiva del género. Lo privado no es un espacio neutro, sino que está atravesado por relaciones desigualitarias y de poder”. La filósofa del Derecho Isabel Turégano expone hasta qué punto el estado de las cosas en el que las redes sociales han redibujado nuestra intimidad vuelve a situar a las mujeres en una posición de vulnerabilidad. “La desigualdad entre hombres y mujeres condiciona en gran medida la conducta privada de estas”, añade Turégano, “obligándoles muchas veces a reprimir el modo en que deciden actuar. Esto es grave porque coarta a la mujer en los ámbitos en que tendría que ser, como persona, particularmente libre”.
Una intimidad extinguida que para Turégano debe ser reestablecida para garantizar una sociedad libre: “Hemos olvidado la relevancia del valor de la intimidad. Es tarea de todos, individual y colectivamente, restaurar una cultura de la privacidad, reaprender el valor de la privacidad para no perder nuestra capacidad de pensar y actuar libremente y, así, contribuir a forjar sociedades plurales”.
El suicidio de Rubio tuvo su cuota mediática y un seguimiento que puso, de nuevo, el foco en la víctima. “Expusimos detalles innecesarios y nos faltó empatía”. La periodista de EFE Macarena Baena recuerda desde la autocrítica el tratamiento informativo que recibió el caso de Verónica Rubio, en el que se optó en muchos medios por una “narrativa de sucesos” y en el que la víctima pasó por la objetora mirada social que la culpaba de lo sucedido.
“Verónica [Rubio] estuvo todo lo sola que se pudo estar”. La periodista Marta Nebot siguió el caso de Rubio desde el principio y apunta al silencio que lo envuelve cuatro años después: “Una soledad tan brutal que acaba con tu vida. Prueba de ello es que nadie ha querido homenajearla. Nadie”, remarca. Un silencio que, para Nebot estriba entre “el miedo a una posible reapertura del caso y culpa por parte de la empresa” y la opacidad ante el informe interno que nunca presentó. Una culpa que también alcanza al resto de implicados, como Inspección de Trabajo, sindicatos y “los que dijeron que iban a hacer algo y no lo hicieron”, señala la periodista.
“No actuamos como debiéramos, no supimos hacer las cosas”. La secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras, Carolina Vidal, asume en conversación telefónica con La Marea que su sindicato llegó tarde para ayudar a Verónica Rubio. Vidal recuerda el caso como “una patada en el estómago de las feministas». «Pero hoy sabemos cómo actuar”, añade. Entre las medidas, destaca la aprobada en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que pretende “Impulsar en los protocolos de acoso la incorporación de medidas cautelares de apoyo a las víctimas, con el fin de garantizar su integridad y su continuidad en el empleo durante el desarrollo del procedimiento de denuncia”. En el caso de Rubio, fue ella la que tuvo que abandonar el centro de trabajo para, días después, suicidarse.
Para CGT, “todavía existen lagunas importantes”, señala la secretaria de Género de la Confederación de Sindicatos de Barcelona, María Carballo. “Es imprescindible que los conceptos estén definidos muy claramente (algo que no siempre sucede), que su activación y resolución sea rápida y lo más anónima posible (no siempre es así) y que la comisión encargada de llevarla a cabo esté lo suficientemente formada y no exista la posibilidad de partidismo (por ejemplo, jefes que se protegen entre sí o a sí mismos)”, expone Carballo. Un ámbito laboral en el que “una de cada cinco mujeres son acosadas por compañeros de trabajo”, como indica Vidal, y en el que las empresas “lo que pretenden es cumplir la ley con unos mínimos”, según Carballo. La Marea también ofreció a la Sección Digital de UGT en IVECO responder sobre si había cambiado algo en la empresa tras el suicidio de Verónica Rubio o sobre el informe interno que anunció la empresa y nunca se publicó, pero declinaron participar en este reportaje. Tampoco IVECO quiso hacer ninguna declaración al respecto.
“Me temo que no, no ha cambiado nada”. “No ha cambiado nuestra mirada; debo decirte que el patriarcado nos ha hecho mucho daño”. “Yo no creo que haya cambiado mucho; por los menos se habla, miramos algo distinto, pero sigue siendo un cotilleo gigantesco y sigue circulando el vídeo”. Son las respuestas de Laura Sarmiento y las periodistas Macarena Baena y Marta Nebot. La filósofa del Derecho Isabel Turégano responde lo mismo: “No considero que la situación sea diferente en los años que han transcurrido desde la muerte de Verónica Rubio, en los que hemos conocido muchos casos en que, de modo consentido o no, se han grabado imágenes íntimas de mujeres que se han viralizado y han sido compartidas por miles de usuarios”.
