“Ese ya no es un escenario imaginario”, dijo este lunes en Salamanca la ministra de Educación, Pilar Alegría. “Ya lo estáis sufriendo en la comunidad autónoma; si no vais a votar, esa será la realidad de esta ciudad el 28-M”. Es una de las ideas fuerza de los políticos de izquierda en esta campaña electoral: la alternativa a los pactos progresistas son gobiernos del PP con la ultraderecha, como el que desde hace más de un año rige la Junta de Castilla y León.
VOX accedió por primera vez a un gobierno en una autonomía donde el PP todavía es muy fuerte. La ultraderecha tiene 3 de los 10 consejeros de la Junta y, de momento, no ha logrado convertir en ley sus condiciones. “Ha entrado de manera reducida; donde entre con más representantes, tendrá una posición negociadora mayor. Lo que vemos ahora es apenas un aperitivo”, considera la politóloga Cristina Monge.
Lo que sí ha conseguido VOX con su irrupción en la Junta es marcar la agenda e imponer sus temas, que antes no se cuestionaban: la violencia de género, las políticas de igualdad, la memoria histórica, el diálogo social y las medidas ambientales. De esto se encarga sobre todo el vicepresidente Juan García-Gallardo, quien presentó el sonado protocolo para limitar el acceso al aborto –nunca ejecutado–, el momento de mayor visibilidad nacional y tensión interna del Gobierno PP-VOX en Castilla y León.
“VOX genera debate público para tener un espacio importante y favorece que se reintroduzcan discursos en la sociedad que pensábamos que estaban superados, sin que quienes los expresen sientan pudor o vergüenza”, indica la profesora Dunia Etura, miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid (UVA). En una de las regiones más despobladas de Europa, Gallardo acostumbra a insistir en el papel “reproductor” de la mujer con declaraciones como “el mundo rural necesita a más mujeres que fijen población”.
Normalización de posiciones antiderechos
VOX ha logrado más en lo retórico que en la práctica. “La ley de violencia intrafamiliar está en trámite, y va a convivir con la ley de violencia de género; en el aborto no pueden hacer nada, en memoria histórica no hay novedad”, repasa Hugo Marcos, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca (USAL). Pero avisa: “Esto no quiere decir que haya sido inocuo, en la medida en que esto cala entre la gente se normalizan posiciones en contra de la igualdad, de la inmigración, de los derechos reproductivos que parecían que no dividían a la población”.
La financiación de los sindicatos de clase es otro de los caballos de batalla en los que VOX tiene como escaparate a Castilla y León. Su líder nacional, Santiago Abascal, dijo el primero de mayo que los va a poner “en su sitio” y les va “a quitar las subvenciones, como ha hecho en Castilla y León” si llega a La Moncloa. El Gobierno de Castilla y León como ejemplo usado por la izquierda para movilizar y por la ultraderecha para mostrar pruebas a su electorado. Sólo el PP guarda el mayor silencio posible sobre esta coalición: no se menta en los mítines, se obvia en los debates, se gestiona “con cautela”.
“No se quiere ir al choque directo para evitar que la ciudadanía lo perciba como un Gobierno convulso, que es algo que penaliza”, apunta el profesor Marcos. “El desencuentro lo hemos visto, por ejemplo, con el conflicto surgido al abordar el diálogo social. La situación es de tensa convivencia, vendida necesariamente como modélica estabilidad”, anota David Herrero, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Castilla y León.
¿Funcionará la estrategia de “que viene el lobo”?
Castilla y León no está acostumbrada a tener el foco nacional, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), no duda en expresar en cada declaración su incomodidad con ser el señalado. Critica al Gobierno central por “el goteo continuo” de ministros enviados, dice, “para insultar y despreciar a esta tierra”. Y tacha de “bulos y mentiras” los datos de las ministras sobre la región en el Congreso.
“Esto de meter miedo con que viene el lobo no sé hasta dónde es efectivo, pero este gobierno de PP y Vox en Castilla y León nos da información sobre los retrocesos que se pueden hacer en ciertas conquistas democráticas”, considera Carolina Plaza Colodro, profesora de Ciencias Políticas en la USAL. “Aunque no se hayan implementado legislativamente sus propuestas, sí nos indica dónde van a poner el foco, y obviamente es una amenaza para los progresos en materia de igualdad o de derechos laborales”, añade.
¿Servirá el ejemplo de Castilla y León para movilizar el voto de izquierda? “Serviría si fuéramos capaces de hacer un análisis de fondo en la conversación pública. Violentan los consensos sobre los que se ha construido la democracia, subvierten esos valores de igualdad, impiden que se creen nuevos consensos que permitan asumir nuevos retos, como los temas del cambio climático”, concluye la politóloga Cristina Monge, quien alerta de que ese análisis profundo sobre “qué pasa cuando VOX gobierna” no se está haciendo y lo que queda es “el exabrupto, las provocaciones”.
