El Congreso aprobó hoy el proyecto de la nueva Ley de Vivienda, que se presenta con el propósito de aumentar en un 20% el parque público de inmuebles y de poner un límite a la subida de los alquileres. El texto necesitó de la intervención de Esquerra Republicana de Catalunya y de EH Bildu para ser aprobado, una circunstancia a la que los grupos conservadores de la Cámara Baja se aferraron para desacreditarlo.
Básicamente, la ley ofrecerá ayudas para el acceso a la vivienda, limitará los precios del alquiler en las llamadas «zonas tensionadas», liberará miles de pisos de la Sareb para aumentar la oferta de vivienda pública y aplicará cambios a la hora de ejecutar los desahucios. Estos últimos no podrán llevarse a cabo sin un arbitraje previo o un acto de conciliación. Además, la figura de los «grandes tenedores» de vivienda también queda retocada: si antes había que poseer 10 pisos para ser considerado como tal, esa cifra baja ahora hasta los ocho.
«Pierde la banca, pierden los buitres y gana la gente. Ganan los inquilinos y quienes tienen una hipoteca», aseguró Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y una de las principales impulsoras de la ley. Pero también hizo hincapié en un punto importantísimo: que la competencia sobre las políticas de vivienda están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que tienen que ser estas entidades quienes pongan en marcha este texto jurídico. «Hay que trabajar para que se cumpla hasta la última coma en todo el país», dijo Belarra, quien concluyó su intervención con un optimista «sí se puede». Así lo cree también el presidente, Pedro Sánchez: en la víspera de esta votación, durante su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo en el Senado, afirmó que la Ley de Vivienda «se va a cumplir en todos los territorios».
Este aspecto ha inquietado a varios grupos de la oposición (de diferente signo político además, desde nacionalistas catalanes al Partido Popular), pues consideran que es un atentado a sus competencias. Oskar Matute, de Bildu, explicó que no es exactamente así: «Creemos que este no es un texto centralizador sino habilitante, que da garantía jurídica para que se pueda llevar a cabo. Pero para eso hace falta voluntad política».
En su opinión, quienes achacan al texto un perjuicio competencial lo hacen interesadamente: «Tiran la pelota a otro tejado diciendo que ‘Madrid nos interviene’ o porque, probablemente, se tienen que enfrentar a realidades del mercado inmobiliario que les incomodan». Usurpación de competencias territoriales y okupación son, a su juicio, los «dos mantras» que utiliza la oposición para rechazar la ley de forma demagógica. Una ley, además, que el mismo Matute ha calificado de «un paso corto pero necesario, porque la alternativa es la desregulación de los mercados y que los grandes propietarios, aquellos que consideran que la vivienda es un negocio y no un derecho, sigan campando a sus anchas».
Íñigo Errejón, de Más País, también defendió la ley. Y con una oratoria más combativa aún: «Las derechas dicen que no hay que intervenir el mercado de la vivienda, pero saben perfectamente que no existe un solo mercado en el mundo que no esté regulado. Cuando nos dicen que no lo regulemos lo que están diciendo es que lo dejemos como está, es decir, intervenido en favor de los bancos, de los especuladores y de los fondos buitre, y por tanto en contra del derecho a la vivienda». Errejón recordó que hay unos derechos que se cumplen y otros no, aunque estén recogidos en una Constitución, como es el caso del derecho a la vivienda en nuestro país: «No hay manera de democratizar socialmente España sin alterar una constitución material [concepto acuñado por el filósofo Antonio Negri], diseñada por José Luis Arrese, el ministro franquista de la Vivienda, allá por 1957, que consagra el blindaje del poder social de los rentistas por encima del de los trabajadores». Para el líder de Más País, «esta es la clave de bóveda de la jerarquía social, del reparto de angustias para unos y beneficios para otros». La nueva ley, agregó, es un primer paso «para que el derecho a la vivienda no sea pisoteado por el bloque inmobiliario-rentista».
Por su parte, la ministra socialista de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quiso apaciguar los ánimos y aseguró que «esta ley no va contra nadie».
Críticas por la izquierda y por la derecha
La derecha usó la brocha gorda para desacreditar el proyecto de ley votado hoy en el Congreso. Desde Vox se dijo, literalmente, que en España «manda Bildu» y que el Gobierno se ha apoyado en «el brazo político de ETA» para aprobarlo. «¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Que salgan a la calle y que okupen? ¿Esa es la solución?», se preguntaba la popular Ana Zurita, recurriendo a la dificultad que los y las jóvenes tienen para emanciparse (dificultad que nunca ha preocupado al PP a la hora de votar sistemáticamente en contra de los aumentos en el salario mínimo interprofesional). «A este gobierno le encanta desenterrar a Franco. Han desenterrado sus restos y ahora desentierran sus leyes», dijo, por su parte, Inés Arrimadas, queriendo vincular el control de precios en los alquileres con la políticas de vivienda de la dictadura.
El diagnóstico de Arrimadas coincide con la teoría liberal clásica que ha provocado, históricamente, tantas burbujas especulativas y tantas crisis: «El problema de la vivienda, sobre todo, es de falta de oferta». Hay, a su juicio, que construir más. La diputada naranja, en la línea con lo ya expresado por Feijóo, cree realmente que las nuevas edificaciones bajarán unos alquileres que hoy ya son impagables para buena parte de la clase trabajadora y para la casi totalidad de los jóvenes. Eso, que construir más pisos baje los alquileres, no ha pasado nunca en la historia, tampoco que bajen los precios de compra, pero Arrimadas, PP, Vox y otros grupos conservadores insisten en su fe. «La ley de la oferta y la demanda va a seguir aplicando en este país… como la ley de la gravedad», sentenció la diputada de Ciudadanos.
Por su parte, el tránsfuga Carlos García Adanero, ayer diputado de Navarra Suma y hoy candidato a la alcaldía de Pamplona por el PP, utilizó la retórica alarmista para mostrar su oposición a la ley: «Con la ley que se va a aprobar, con el patrocinio de Bildu y de Esquerra, la okupación va a pasar a ser un derecho, la propiedad privada una anécdota y el alquiler, una operación de riesgo». También aseguró que «el gobierno de España no hace ninguna vivienda. Las viviendas las hacen los ayuntamientos, y el gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, lo único que hace es mentir». Obvió decir que el Estado central moviliza todos los recursos a su alcance para que las comunidades y los ayuntamientos puedan acometer la construcción de esos pisos.
El PNV, uno de los principales interlocutores del Gobierno, también votó en contra de la ley, amenazando incluso con cortar relaciones y no participar en futuras negociaciones.
«Las comunidades están en su derecho de declararse en rebeldía frente a la ley estatal», aclaró Jaume Asens, portavoz de Unidas Podemos. «Pero sería una mala noticia para los vecinos y vecinas de esas comunidades. Estoy pensando sobre todo en Madrid, donde la señora Ayuso ya ha dicho que va a incumplir la ley».
Más a la izquierda, Mireia Vehí, de la CUP, se mostró muy crítica con la ley, a la que considera «el caballo de Troya del PSOE para que el mercado continúe gobernando el derecho a la vivienda». A su juicio, el texto aprobado hoy no corrige el acaparamiento de propiedades y elimina un requisito que sí tenía la ley catalana [suspendida por el Tribunal Constitucional]: que los grandes tenedores tengan que ofrecer alquiler social antes de poner una demanda de desahucio. «Esta ley envía un mensaje de derrota», aseguraba Vehí. «Como no va a ser efectiva la regulación de los alquileres, a la gente le estamos diciendo que no es posible regular el mercado».
«¿Cuantas viviendas sociales anunciadas se ubicarán en el medio rural?», se preguntaba, por su parte, Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe. «Si ustedes sólo crean parques de vivienda pública en las grandes ciudades estarán favoreciendo la despoblación», advirtió.
Otro de los parlamentarios que, desde la izquierda, puso objeciones a la nueva Ley de Vivienda fue Néstor Rego, del BNG. El diputado gallego señaló algunas lagunas en la ley, como el hecho de que «buena parte de su contenido sean meras recomendaciones». En el texto, indicó, no se especifica el destino de las 50.000 viviendas de la Sareb que se van a movilizar ni tampoco regula los deberes de las entidades financieras o sus filiales inmobiliarias, en otro tiempo beneficiadas por el rescate financiero.
El tope al precio de los alquileres, la invasión de competencias y el debate en torno a la okupación perfila, junto al tema del agua, el escenario político a dos semanas de que empiece la campaña para las elecciones municipales y autonómicas.
