La publicación esta semana de dos investigaciones periodísticas plagadas de denuncias sobre el acoso laboral del catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, a sus subordinados y, sobre todo, a sus secretarias, durante más de 25 años, se suma a un reguero de casos que están trastocando los vetustos cimientos de la Universidad. Hace casi un mes conocimos el caso de Rafael Maldonado, otro catedrático maltratador en la Pompeu Fabra. También supimos que el catedrático Àlvar Sánchez, a pesar de tener una sentencia firme por acoso sexual, no había sido apartado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La publicación de su caso hizo reaccionar, tarde y mal, a la UAB.
Las autoridades universitarias, alegando muchas veces desconocimiento previo para tapar su connivencia, se están viendo forzadas a reaccionar por la presión de las víctimas y por una visibilidad en los medios que empaña su imagen. Así deben entenderse los casos de Margarita Díaz-Andreu, arqueóloga investigadora ICREA apartada por la Universidad de Barcelona tras varias denuncias de acoso laboral o de Ángel Gallego, profesor de Letras, también apartado de la UAB por “acoso, mala praxis y abuso de poder”. Seguramente, habrá más casos pues la sensación colectiva es que estamos ante la punta de un iceberg que apenas está emergiendo.
El problema del acoso laboral en la Universidad amenaza con convertirse en todo un #MeToo académico que va mucho más allá de los casos de acoso sexual. Aunque los depredadores sexuales puedan encontrar en el ámbito universitario un lugar propicio, y los casos de acoso laboral siempre tengan elementos machistas en los que las mujeres acaban siendo las más perjudicadas, a veces a manos de otras mujeres, los abusos laborales son la práctica más presente en la Universidad. Una práctica tan extendida como normalizada.
En un mundo académico que ensalza la ultracompetitividad y la autoexplotación en aras de la imperiosa productividad exigida por agencias varias de evaluación, no es extraño que haya quien justifique la explotación y el despotismo hacia los subordinados amparándose en la excelencia. Las dinámicas ancestrales de funcionamiento de la Universidad, con marcadas jerarquías y padrinazgos imprescindibles para poder hacer carrera, abonan el terreno para el abuso de poder y el acoso laboral. Sufrirlos son peajes asumidos por la mayoría de jóvenes investigadores que experimentan, en diferente grado, sometimiento, vasallaje y abusos de diversa índole. Denunciarlo se puede convertir en una condena a muerte de la carrera académica. Sin embargo, poco a poco, pequeñas acciones y voces valientes, aun cuando estén amparadas en el anonimato, están rompiendo el silencio. Socavan una impunidad fraguada durante décadas, permitida por las estructuras de poder, el corporativismo, la indiferencia y la miseria moral.
La explotación, el acoso y el maltrato dejan en muy mal lugar a personas que ocupan áreas tan sensibles como la formación de la juventud. Siempre son graves pero generan más escándalo cuando se trata de personas que gozan de gran proyección pública por su participación mediática y política en las filas de la izquierda. Las denuncias contra Vicenç Navarro son especialmente llamativas pues el maltrato clasista en privado, ensañado con el personal de administración, contrasta con su imagen pública de adalid de los derechos laborales.
Este caso es sintomático de un determinado perfil académico de gente autodenominada de izquierda que se erige en referente teórico de temas que, en la práctica, ignora por completo. Eso o, tal vez en el caso del señor Navarro, los artículos que escribía denunciando la violencia laboral estaban en realidad inspirados en su propia experiencia en el terreno ejerciendo de esclavista, usando a sus secretarias como ratas de laboratorio de sus particulares “ensayos científicos” para luego traducir los resultados en artículos periodísticos. Permítasenos la ironía para referirnos a alguien que ha sido aupado como abanderado del obrerismo mientras durante décadas ha negado todo derecho laboral a sus trabajadores y trabajadoras. Un gran daño al conjunto de la izquierda que debería alertar sobre cómo el prestigio quizás se debería medir más por actuaciones concretas y menos por bonitas opiniones vacías sin ninguna coherencia con el comportamiento cotidiano de quienes las enuncian.
Es triste constatar la disociación entre teoría y praxis que parece proliferar entre cierta izquierda académica. Y no se trata solamente de un problema de la Universidad española. El conocido sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, encumbrado como referente de los movimientos sociales del Sur, ha sido señalado recientemente por acosar sexualmente a varias investigadoras. Estas denuncias, todavía en investigación, han llevado a que Sousa sea apartado de espacios académicos y mediáticos donde colaboraba, como Público, medio que también ha suspendido temporalmente la colaboración de Vicenç Navarro, uno de sus columnistas estrella.
Presunción de inocencia (también para las víctimas)
Algunos seguidores de estos dos referentes de la izquierda apelan estos días, como no podía ser menos, a la presunción de inocencia. Sin embargo, escudarse en este discurso para no querer ver pautas de comportamiento comprobadas por testimonios coincidentes de diversas personas conlleva otro riesgo igual de pernicioso: la presunción de culpabilidad de las víctimas. “Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Pues bien, las víctimas, siempre en inferioridad jerárquica –detalle no menor–, también merecen la presunción de “inocencia” y no padecer la sospecha sobre su intencionalidad, su posible mitomanía o presuntos intereses ocultos a la hora de destapar, muchas veces años después, experiencias traumáticas que no han podido o querido verbalizar antes. Experiencias que dejan secuelas psicológicas, e incluso físicas, a veces durante muchos años. Personas, por otra parte, revictimizadas que deben soportar comentarios de incomprensión sobre cómo funciona el maltrato psicológico de parte de quienes son incapaces de empatizar con las situaciones de alta vulnerabilidad que producen estos acosos reiterados desde posiciones de poder.
Por último, hay quien considera que con estas denuncias se entra en el peligroso terreno de la cultura de la cancelación, al estilo del ambiente existente en los campus norteamericanos. Nada más lejos de la realidad. Los casos que están emergiendo no persiguen opiniones o posicionamientos políticos sino prácticas no sólo indeseables sino constitutivas de delito. Si la Universidad española quiere realmente democratizarse debe comenzar por airear la podredumbre sobre la que se ha construido nuestro sistema universitario.
No es suficiente con señalar sus estructuras de origen feudal o apuntar a las herencias franquistas antidemocráticas pues muchas de las personas bajo escrutinio, o con condenas firmes ante la justicia, se incorporaron a una Universidad donde existían ya derechos laborales, “protocolos” de igualdad, comisiones de género y demás mecanismos para evitar abusos. Quizás deberíamos preguntarnos por qué todos estos “protocolos” no han servido de nada a la hora de poner límites a situaciones que, en la mayoría de las ocasiones, eran vox populi en los respectivos departamentos. La respuesta, seguramente, se encuentre en un ambiente académico que fomenta el corporativismo, el silencio connivente con los desmanes ajenos y un individualismo atroz que no puede permitirse el lujo de dedicar ni un minuto a luchar por los derechos colectivos en el terreno de la praxis, a pesar de teorizarlo durante años en artículos.
