El miércoles 22 de marzo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, conocida como la LOSU. Ese mismo día, las distintas asambleas y plataformas del profesorado asociado de las Universidades catalanas habían convocado una huelga, y varios centenares de profesores y profesoras culminaron la jornada de protesta con una manifestación que discurrió por el centro de Barcelona. Esta es una de las diversas acciones de lucha que el profesorado asociado de las distintas Universidades de todo el Estado está desplegando desde hace meses, cuando se supo de los planes del Ministerio de Universidades para regularizar, a través de la LOSU, una situación a todas luces irregular.
Según datos del propio ministerio, el sistema universitario español tiene 25.498 profesores en la categoría de asociados de los 127.383 que componen el personal docente e investigador (PDI). Los asociados suponen casi el 44% de la plantilla de las universidades en términos globales. Si, además, sumáramos a los más de 9.000 asociados existentes en Ciencias de la Salud, la cifra rondaría el 60%. Este número varía en función de la Universidad y de las áreas de estudio, pero marca una tendencia clara en la Universidad española relacionada con las políticas de recorte post-crisis que impidieron la apertura de plazas para la contratación de profesorado permanente a tiempo completo.
Las cifras globales hablan de un porcentaje nada desdeñable de personal que, teóricamente, es experto en su área, cuenta con un trabajo fuera del ámbito académico, y es contratado por la Universidad para transmitir sus conocimientos profesionales al estudiantado. En la práctica, se trata en muchos casos de personas que tienen otros pequeños trabajos que no son su trabajo principal y que utilizan esta figura para poder poner un pie en la Universidad tratando, así, de desarrollar una carrera académica a la que no pueden acceder por otras vías contractuales. Unos falsos asociados que han servido a la Universidad para cubrir la docencia estructural a un precio tres o cuatro veces menor del que costaría la contratación de un titular universitario.
La LOSU, en el papel, pretende acabar con esta situación de precarización absoluta de buena parte del personal universitario. Al agravio comparativo de los sueldos, que pueden oscilar entre los 300 y los 900 euros al mes, se une una temporalidad que muchas veces no permite cobrar vacaciones, sexenios ni planificar la vida personal. Puede parecer paradójico que el profesorado asociado se movilice en contra de una norma que, en la teoría, tiene la voluntad de solucionar su inestabilidad a través de contratos indefinidos que pondrían fin a la temporalidad existente.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y, en el caso de la LOSU, hay más sombras que luces en su futura aplicación efectiva que queda al arbitrio de otros organismos y de su capacidad financiera para desplegar la norma. Por el momento, todo son incertidumbres y conjeturas que no invitan al optimismo. La reducción de la temporalidad para seguir las directrices europeas puede traducirse en la reducción de horas efectivas de docencia y, con ello, menos salario, lo que perjudicará incluso a los asociados reales. Pero también puede suponer la expulsión, en la práctica, de muchos de los profesores asociados que no logren estabilizarse a través de las plazas que se abrirán en los distintos departamentos.
La apertura de plazas para la estabilización de los profesores asociados dependerá de las negociaciones en las Universidades, donde cada departamento buscará, con el presupuesto asignado, cubrir sus necesidades en función de los criterios del grupo de investigación que tenga más poder real. Esto provocará que algunas áreas de investigación sean prioritarias y otras no.
Por otra parte, no queda claro si las plazas que se crearán serán abiertas al público o procesos internos de estabilización, como sucede muchas veces –incluso de manera velada– en la Administración pública. Si se trata de lo primero, la lógica competitiva del mundo académico no hace augurar esperanzas para muchos asociados que, por circunstancias personales o de mayor inestabilidad y precariedad laboral, no podrán competir con currículums mucho más competitivos. Se trata de perfiles nacionales o internacionales que han concatenado becas de excelencia desde sus tiempos estudiantiles, pasando todas las etapas necesarias para desarrollar una brillante carrera académica, y que ahora reaccionan negativamente ante la posibilidad de estabilización del profesorado asociado reivindicando la meritocracia.
Según esta lógica, el profesorado asociado no habría hecho los méritos suficientes para ser incorporado en el cuerpo docente estable, una discutible afirmación pues dentro del colectivo prolifera la figura del falso asociado, esto es, profesores que intentan hacer carrera académica enfrentando dificultades de todo tipo, incluidas las de unas universidades que no les permiten participar en proyectos de investigación internos que les ayudarían a tener puntos en sus acreditaciones académicas. Resulta curioso que la capacidad de estos profesores se evalúe positivamente a la hora de contratarlos para tareas docentes de gran responsabilidad, pagadas a precio de saldo y con el requisito de tener otros trabajos, pero no se les permita acceder a la posibilidad de demostrar su valía en otras áreas académicas.
Por lo demás, el discurso meritocrático no considera las condiciones estructurales en las que se desarrolla la academia ni cómo impactan de distinta manera en las trayectorias personales y profesionales de los estudiantes y futuros profesores. Es difícil creer que la Universidad sea ese lugar idílico que se describe en el preámbulo de la LOSU –“fuente de conocimiento, de bienestar material, de justicia social, de inclusión, de oportunidades y de libertad cultural para todas las edades”– cuando se desarrolla en sociedades capitalistas, con estructuras sociales altamente desiguales que impiden, de hecho, que una buena parte de los hijos de la clase trabajadora pueda llegar al último peldaño de la formación académica. Una vez en ella, la inclusión y las oportunidades no son iguales para todo el mundo.
La vanagloriada meritocracia no puede desarrollarse de la misma manera entre quienes carecen del capital cultural, como diría Pierre Bourdieu, que les haría nadar como pez en el agua en ámbitos intelectuales, entender fácilmente conceptos abstractos o conocer todas las opciones de beca posibles. Estudiar mientras se trabaja, o con sentimiento de culpa y la presión de tener que aprobar para no sacrificar más a la familia, son losas que arrastran los hijos de la clase trabajadora y que dificultan la tranquilidad mental necesaria para emprender una carrera académica de éxito. Aun así, hay quienes se empeñan en hablar de meritocracia abstrayendo del debate coordenadas socioeconómicas imprescindibles para entender la realidad. Este es otro debate que no tiene que ver con la aplicación de la LOSU, se nos dirá. Sí, pero estos aspectos no pueden soslayarse a la hora de analizar la Universidad española, como tampoco pueden ignorarse las perversas dinámicas que se dan en su seno, plagadas de clientelismo, acoso laboral –e, incluso, sexual–, escollos que muchas personas se han encontrado para poder desarrollar su trayectoria profesional.
Ciertamente, la resolución de la disyuntiva a los que nos ha llevado la neoliberalización de la Universidad no es fácil. Es imposible pretender que la Universidad actual, lugar de reproducción de las diferencias sociales, se convierta de la noche a la mañana en un lugar impermeable al funcionamiento explotador del modo de producción capitalista y ponga fin a lógicas de poder atávicas mucho más propias de su pasado medieval. Tampoco esto se va a lograr desde un ministerio.
Sin embargo, debemos exigir a las instituciones, más si están encabezadas por personas con supuesta sensibilidad de izquierdas, que legislen para paliar problemas enquistados tomando en consideración la desigualdad existente y su expresión concreta en el ámbito universitario. En la Universidad también hay clases y, hoy, quienes se encuentran abajo de la jerarquía universitaria están en una lucha que, lo sepan todos o no, va más allá de las reivindicaciones corporativas. Una lucha que no ignora que el proceso de precarización del trabajo universitario es una gota en un proceso de empobrecimiento colectivo de la clase trabajadora que se ha de combatir colectivamente.
