La economía convencional habla de oferta y demanda, de costes y precios, de productividad, de competencia, de inflación y deflación, de exportaciones e importaciones, de crisis y recuperación… pero se oculta o queda diluido lo fundamental: que nada de eso se puede explicar sin poner en el centro de la reflexión (y, en consecuencia, también de las políticas económicas) el poder corporativo.
Porque ya deberíamos saber que las manos visibles de los mercados y del capitalismo son las grandes corporaciones, y no la competencia perfecta, donde, se nos cuenta, que los mercados son abiertos y ninguna de las empresas puede operar de manera duradera con beneficios extraordinarios.
La historia del capitalismo es la de un proceso de concentración que no ha dejado de intensificarse, en períodos de normalidad y de crisis. No es que las grandes empresas influyan y condicionen la operativa de los mercados, es que, en realidad, son el mercado. En el capitalismo realmente existente, el que importa analizar, dominan los oligopolios; existen importantes barreras de entrada que limitan la competencia, las empresas disponen de capacidad y poder para fijar los precios, tanto en sus relaciones con los proveedores como en los bienes y servicios que producen.
Tienen conexiones accionariales entre sí, cuentan con posiciones hegemónicas en los diferentes sectores, registran beneficios extraordinarios, eluden sus obligaciones tributarias, reciben importantes apoyos públicos, operan en paraísos fiscales y disponen de un amplio margen para deslocalizar los procesos productivos. No se trata, por tanto, de coyunturas excepcionales ni de deformaciones de los mercados, sino de una estructura empresarial oligárquica, cada vez más acentuada, característica del capitalismo.
Lo sucedido en los últimos años es un elocuente ejemplo del poder corporativo. La pandemia y la guerra no solo han ofrecido suculentos nichos de negocio para las grandes firmas sino también estupendas oportunidades para posicionarse en mercados que cuentan con un gran potencial de crecimiento. Y ahí están las farmacéuticas rentabilizando las vacunas y beneficiándose del dinero público invertido en su investigación y puesta a punto; las energéticas explotando el control que tienen en la producción, comercialización y venta de combustibles; los oligopolios provocando la inflación y al mismo tiempo haciendo caja con la misma; las grandes del transporte, de la alimentación y la distribución comercial obteniendo asimismo enormes beneficios del crecimiento desbocado de los precios; los grupos empresariales occidentales que están entrando a saco en la adquisición, a muy buen precio, de las «tierras negras» de Ucrania, extraordinariamente fértiles; las grandes firmas tecnológicas reforzando sus posiciones para controlar la oferta de minerales y materiales estratégicos; las empresas del complejo militar-industrial frotándose las manos con la prolongación e intensificación de la guerra en Ucrania, el aumento de las tensiones con China y, en general, con la escalada militarista.
En esta relación de pingües negocios es obligado citar las desorbitantes ganancias cosechadas en España por los grandes bancos y las energéticas. En 2022, han aumentado sus beneficios, respectivamente, en un 25% y un 42%, muy por encima de la tasa de inflación (compare el lector con la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios de la mayor parte de los trabajadores, cuyo aumento promedio ha sido del 2,8% o los más de 13 millones de personas que (mal)viven en situación de pobreza o exclusión social). Estamos hablando de las mismas empresas que se han escandalizado y han llevado a los tribunales la muy modesta (y claramente insuficiente) decisión de introducir una tasa excepcional y transitoria que grabe las ventas y los beneficios. De este privilegiado grupo forma parte Ferrovial que, recientemente, después de embolsarse muchos euros de dinero público (algunos cálculos lo cifran en más de 9.000 millones desde 1991) ha anunciado su decisión de trasladar su sede social a Holanda.
Es importante ser consciente de que el poder económico se ha convertido y se convierte continuamente en poder político, y este favorece los intereses corporativos. Es un camino de dos direcciones. Las élites económicas, con fuertes conexiones entre ellas, cuentan con instrumentos muy eficaces para trasladar su poder a las instituciones y a los gobiernos, a través de la presencia directa en los mismos o desde los numerosos grupos de presión que operan en espacios opacos
Lejos de debilitarse, el poder corporativo está más presente y más fuerte que nunca para disputar a la ciudadanía los recursos públicos que movilizan los Estados y para bloquear la posibilidad de que las políticas presupuestarias se financien con equidad. Un ejemplo cercano lo tenemos en los fondos europeos que, con la aquiescencia del gobierno de coalición, están siendo masivamente canalizados hacia las grandes firmas, que cuentan con la logística de grandes consultoras y despachos jurídicos para gestionarlos. Otro ejemplo está en su capacidad para evitar que entre en la agenda política el debate sobre la progresividad tributaria.
Las corporaciones ocupando y beneficiándose de lo público, convirtiendo lo común en espacio de valorización del capital y en fuente de beneficios extraordinarios. ¡Nada que ver con la falsa disyuntiva entre lo privado y lo público!
Solo desde la posición prominente de las corporaciones se puede entender cabalmente el contenido de las políticas económicas: la desregulación de las relaciones laborales, las medidas de ajuste salarial y presupuestario, el diseño de los grandes acuerdos comerciales transfronterizos, la privatización y mercantilización del sector público o la política favorecedora de los intereses corporativos realizada por los bancos centrales. Las grandes empresas han impuesto a gobiernos e instituciones su hoja de ruta.
Estas son las razones por las que es necesario y urge actuar para debilitar el poder corporativo; en los ámbitos de la regulación para evitar la colusión entre grupos y garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento de los mercados, introduciendo una fiscalidad progresiva sobre los beneficios y las rentas del capital, prohibiendo los paraísos fiscales, protegiendo los bienes comunes, limitando las retribuciones de ejecutivos y accionistas, introduciendo una estricta condicionalidad en materia de derechos laborales, equidad de género y sostenibilidad a la hora de acceder a los recursos públicos.
Avanzar en esa dirección y vencer las resistencias de las elites empresariales y políticas, superar la tibieza del gobierno de coalición, es la condición sine qua non para que se abra camino una política progresista al servicio de las clases populares.
