El Índice de Precios al Consumo (IPC) es un indicador que pretende reflejar el comportamiento de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares. Como todos los indicadores promedio, omite, por definición, las diferencias existentes en el conjunto que se quiere medir. En concreto, es necesario tener muy en cuenta que el impacto del crecimiento de los precios, lejos de ser el mismo en el conjunto de la población, es sustancialmente diferente dependiendo de los niveles de ingreso considerados (Cuadro 1).
Podemos apreciar, en este sentido, que, comparando los quintiles de renta inferior y superior, destaca que, donde se encuentran los hogares más desfavorecidos, el peso de los epígrafes que agrupan, por un lado, la vivienda, el agua y los combustibles y, por otro, los alimentos y las bebidas no alcohólicas pesan bastante más en el computo global: 62,3% frente al 48,8%. Mientras que los precios del primero de esos epígrafes han experimentado una sustancial mejora -en enero, en términos interanuales, un retroceso del 8,4%-, el segundo continúa marcando registros muy elevados; en el mismo periodo, aumentaron un 15,4%, algo más de 9 puntos porcentuales por encima del promedio de crecimiento global del IPC, que ha sido del 5,9%.
Pero, insistiendo de nuevo en la evidente carencia que se deriva de presentar los datos con un alto nivel de agregación, una información más detallada del comportamiento de los precios permite apreciar mejor la gravedad de la situación y su impacto en términos de inequidad. En el cuadro siguiente aparecen los rubros cuyos precios en enero de 2023 han crecido por encima del 20%; recordemos, para tener un baremo de comparación, que la inflación interanual ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha sido del 5,9%. En el listado que a continuación se presenta encontramos bienes y servicios esenciales para la vida diaria -destacando los alimentos procesados-, que, como he señalado antes, computan en mayor medida en los grupos de población más desfavorecidos.
Los precios de un buen número de bienes y servicios esenciales se encuentran en niveles estratosféricos, mientras que los salarios de la mayor parte de los trabajadores -ya se sabe que los de los altos directivos y ejecutivos de las empresas juegan en otra liga- continúan perdiendo capacidad adquisitiva. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), el aumento de la composición nominal por empleado en 2022 ha sido del 2,9%, una tercera parte del crecimiento experimentado en ese año por el IPC, y a una enorme distancia de los precios de los ítems que figuran en el cuadro anterior (aunque en menor medida, en 2021 los salarios también perdieron poder de compra).
De acuerdo con la misma fuente, el grupo de trabajadores pobres ha alcanzado en 2021 la cifra de 238 mil personas, 0,9 puntos porcentuales por encima del umbral de 2019 (todavía no se dispone de datos para 2022, pero teniendo en cuenta la enorme brecha existente entre salarios y precios, con toda seguridad habrá aumentado). Se observa una evolución similar en el indicador que refleja el número de personas en situación de pobreza o exclusión social, que en 2021 afectaba al 28,3% de la población (27,4% en 2020), superando los 13 millones de habitantes, cerca de 400 mil más que en ese año.
En este escenario de intensa inflación y pronunciada desigualdad, ¿cuál está siendo la respuesta del Banco Central Europeo (BCE) y qué consecuencias tiene en términos de equidad? La podemos resumir de esta manera: la de siempre. Ante episodios de crecimiento de los precios -que están muy lejos del objetivo que se marca esta institución, en torno al 2%-, aumentar los tipos de interés. En 2022, los subió en tres ocasiones, en febrero los ha vuelto a elevar, en 50 puntos básicos, anunciando otra subida de la misma magnitud en marzo.
Los sucesivos e intensos aumentos en el precio del dinero se justifican en la existencia de una bolsa de liquidez, cuyo origen se encontraría en la caída del gasto en el tiempo de la pandemia, tanto de familias como de empresas, en el dinero inyectado en la economía fruto de las políticas de expansión monetaria aplicadas desde el propio BCE y en las medidas fiscales, asimismo expansivas, acometidas por los gobiernos. Ese “ahorro embalsado”, al canalizarse hacia los mercados, con la restricción que supone una limitada capacidad de respuesta en la oferta, habría contribuido al alza de los precios.
Incrementando el tipo de interés, el BCE pretende que los hogares y las empresas moderen su gasto, tanto en bienes de consumo como de inversión. Sus dirigentes esperan que el aumento del precio del dinero y, por lo tanto, de los créditos, frenará la expansión de la demanda agregada, lo que propiciará una desaceleración del crecimiento de la inflación. Asimismo, esta institución pretende lanzar un mensaje claro, el de la moderación en el comportamiento de los precios, anticipando un escenario de estabilidad en el que los actores económicos tomen sus decisiones.
No entraré en los detalles de este planteamiento, con el que básicamente estoy en desacuerdo. Tan sólo señalar que la inflación actual no es básicamente un problema de exceso de demanda sino de estrangulamientos en la oferta, derivados de una combinación de factores entre los que destacan las disrupciones en los flujos transfronterizos provocadas por la invasión y la guerra de Ucrania, la lenta recomposición de las cadenas globales de creación de valor una vez superados los momentos más críticos de la pandemia y la prioridad otorgada por algunos proveedores fundamentales, como China, a la cobertura de sus mercados domésticos. En ese escenario, ha jugado un papel fundamental en el formidable aumento de los precios la posición oligopólica de las grandes corporaciones. Estas han aprovechado su privilegiada posición en los diferentes mercados -energético, alimentario, distribución comercial, servicios digitales…- para fijar precios que, además de trasladar el aumento de los costes a sus clientes, les ha permitido operar con márgenes extraordinarios.
En el tema que nos ocupa, el nexo entre las políticas del BCE y la desigualdad, es importante destacar que las políticas aplicadas por esta institución la acentúan. No solo se ven claramente perjudicadas las personas que tienen contratadas hipotecas a tipos de interés variable -en un escenario de evidente insuficiencia de oferta de vivienda pública y de elevadísimos precios en los alquileres- que ahora deben pagar muchos más intereses por los préstamos comprometidos.
Pone contra las cuerdas a las finanzas de las administraciones públicas, que arrastran unos niveles de deuda muy elevados, contraidas cuando los tipos de interés eran muy bajos o incluso negativos, años de dinero abundante y barato que empujaron a los gobiernos al endeudamiento. En un nuevo panorama de aumento de los tipos de interés, los bancos -principales compradores de los bonos públicos- exigirán rentabilidades más elevadas por los nuevos créditos y por la renovación de los que llegan a su vencimiento, lo que supone una carga financiera mayor para los gobiernos. Situación que debería invitar a la reflexión sobre las ataduras que supone la estrategia de financiar el gasto público con deuda y la necesidad de meter mucha más progresividad en el sistema tributario; en serio, no solo con las medidas excepcionales y provisionales, impregnadas de tibieza, que el gobierno pretende aplicar sobre los bancos y las grandes empresas, y que estos se han apresurado a impugnar en los tribunales.
Todo ello, sin duda, compromete las políticas sociales públicas, que, como sabemos, resultan cruciales para reducir la desigualdad. Una situación financiera delicada, que puede agravarse en los próximos meses y que proporciona nuevos argumentos a los que defienden su (supuesta) insostenibilidad, la necesidad de llevar a cabo medidas de austeridad presupuestaria y de acometer políticas privatizadoras. El mantra, en este sentido, se mantiene irreductible.
Asimismo, la decisión de encarecer el precio del dinero incide en los costes financieros de las empresas, una situación de fragilidad que podría tornarse en crítica ante la dificultad de asumir la carga financiera de sus deudas; al tiempo que la reducción del consumo y la inversión acerca a las economías a la recesión y en todo caso reduce de manera sustancial las perspectivas de crecimiento, con los consiguientes ajustes de plantillas y reducción salarial, todo lo cual supondrá un plus de desigualdad.
Pero, claro, la estrategia implementada por el BCE para reducir el crecimiento de los precios también tiene ganadores. Gana, en primer término, está institución, que concentra un gran poder, el cual, hay que insistir en ello, no está legitimado por las urnas (la única institución comunitaria que tiene la legitimidad del voto directo de la ciudadanía es el Parlamento Europeo). También gana, por supuesto, la política monetaria -que, de hecho, la creación de la moneda única había puesto en el eje de todo el entramado institucional-, frente a otras posibles alternativas y combinaciones de políticas, que quedan claramente en una posición subordinada. Se erigen, así, en protagonistas indiscutibles de la lucha contra la inflación y, en un sentido más amplio, en columna vertebral de las políticas económicas y de las agendas de los gobiernos y las instituciones comunitarias.
Ganan, por supuesto, los grandes bancos que encuentran en el aumento de los tipos de interés un formidable negocio y la posibilidad de cosechar beneficios extraordinarios, que, como hemos conocido en estos días, están alcanzado cotas históricas. Se suman a la fiesta, naturalmente, sus equipos directivos y ejecutivos y los grandes accionistas.
Y ganan asimismo las empresas que cuentan con poder de mercado para trasladar a los precios de los bienes y servicios ofrecidos el aumento de los gastos financieros asociados a los tipos de interés más elevados; una dinámica que acentúa la estructura oligopólica de nuestra economía, que, como antes apuntaba, ha estado en el origen de las tensiones inflacionistas.
Un apunte final para concluir el texto que se articula alrededor de dos ideas: la primera, la inflación es un importante factor de desigualdad; y la segunda, la política para reducir el nivel de precios aplicada por el BCE añade más inequidad. Para disponer de una visión de conjunto, hay que poner sobre el tablero una tercera idea: situar los precios en un nivel bajo en absoluto garantiza que se produzcan avances en materia de equidad.
Esta es una de las lecciones que cabe extraer de lo acontecido entre 2013 y 2019, periodo caracterizado por la moderación en los precios (en tres de esos años, incluso, retrocedieron). En ese período -cuando más de dos millones de personas encontraron un empleo y el PIB aumentó el 16,5%, lo que supuso un 2% de promedio anual- los salarios reales tan solo experimentaron una moderada progresión, un 2,2% en conjunto, lo que en promedio significó un aumento del 0,2% anual (se puede decir que casi se mantuvieron estancados); asimismo, se redujo en 0,1 puntos porcentuales el peso de los salarios en la renta nacional y el número de trabajadores pobres pasó del 10,8% al 13%, aumentando en más de 700 mil personas.
De todo lo anterior se deduce que no solo es un error pretender reducir la inflación a cualquier precio (valga la redundancia), aplicando una política económica, la del BCE, errónea y sesgada. En términos de equidad, una inflación baja es compatible con la persistencia o aumento de la desigualdad, si, como es el caso, se mantienen o incluso refuerzan los rasgos estructurales que la originan. La problemática de fondo de la economía, la que condiciona su evolución -entre otros factores, la lógica del todo mercado, la debilidad del sector público y la concentración oligopólica- no fue abordada, ni lo está siendo en la actualidad.
