Esta información forma parte de un reportaje más amplio titulado ‘Prensa amordazada’, que saldrá publicado en marzo en #LaMarea93.
2022 marcó un nuevo récord de periodistas encarcelados en el mundo. Así lo revela el último balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que cifra en 533 los profesionales en prisión. Pero no es necesario viajar a China, Irán o al Sáhara Occidental ocupado por Marruecos para encontrar a periodistas entre rejas. Ocurre también en la Unión Europea. Hoy mismo, 28 de febrero, se cumple un año del encarcelamiento en Polonia del periodista hispano-ruso Pablo González.
Detenido en la frontera con Ucrania, la justicia polaca lo acusa de espionaje y lo mantiene en prisión preventiva en la cárcel de Radom a la espera de juicio. Este es uno de los motivos por los que RSF excluye a González de la lista de detenciones arbitrarias. Sin embargo, su abogado, Gonzalo Boye, cuestiona las garantías procesales de la causa, a su juicio repleta de irregularidades desde el mismo instante en que “pasaron dos meses hasta que Pablo tuvo abogado”. Desde su detención y hasta la parte del procedimiento a la que el letrado ha tenido acceso, “la acusación no ha presentado prueba alguna que vaya más allá de lo que es la labor de un periodista”, asegura Boye, sin que se constate que González haya realizado actividades de espionaje para la agencia de inteligencia militar rusa GRU (Glávnoye Razvédyvatelnoye Upravlenie).
Oihana Goiriena, esposa del periodista español, no puede ocultar su nerviosismo un año después de su detención. El agotamiento mental y el miedo se perciben en su voz ante una situación que no alcanza a comprender. Goiriena no entiende por qué “Pablo ha sido catalogado como preso peligroso, ingresando en una prisión de alta seguridad, en aislamiento, sin ventilación ni luz natural”. Boye lo describe como “una suerte de Guantánamo europeo, porque todo el mundo mira para otro lado”.
En todo este tiempo su esposa únicamente ha podido visitarlo una vez por espacio de dos horas, en noviembre de 2022. “El resto de comunicaciones se limitan a cartas que, como pasan por la censura, tardan dos meses en llegar”, señala Goiriena. El nivel aislamiento es tal que aún no se ha producido un cara a cara entre González y Boye, quien ha de coordinarse con los abogados polacos al no haber podido siquiera hablar con él por teléfono. Boye teme que la prisión preventiva se extienda hasta los dos años que permite la legislación polaca. “La cuestión es saber con qué propósito”, explica. “Si es para investigar, mal porque eso debió hacerse antes de la detención. Si es para quebrar voluntades, aún peor”.
El Gobierno español calla
Las informaciones sobre el estado de salud de González por parte del Gobierno de España llegan con cuentagotas. En una de las últimas actualizaciones, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, apuntaba en una cadena de televisión que “su estado de salud es correcto para las circunstancias en las que está”. Goiriena denuncia que, durante el último año, únicamente ha tenido trato con el cónsul en Varsovia, sin que desde Exteriores se hayan dirigido a ella.
“El ministro no ha hecho ni sola mención a que Pablo tiene tres hijos menores que llevan un año sin poder hablar con su padre”, le reprocha Goiriena. La gravedad del asunto, añade, precisa de gestiones diplomáticas que sobrepasan las competencias del cónsul. “Albares habla de un año de labor diplomática, pero lo único que se ha conseguido es mi visita de noviembre, y se debe a la labor de los abogados”, precisa.
Sin garantías procesales
Jon Iñarritu, diputado de EH-Bildu, uno de los grupos parlamentarios que más apoyo ha brindado a González, califica los hechos de “escandalosos”. Desde su punto de vista, con la insistencia por parte de Albares a la hora de destacar la gravedad de los delitos imputados, el propio Ministerio de Exteriores “no está respetando su presunción de inocencia e intenta normalizar una situación que en absoluto es normal en el marco europeo”. Iñarritu va más allá, afirmando que “a aquellos periodistas que se interesan por esta situación, el Gobierno intenta acallarlos por detrás”. Si Pablo González hubiera sido detenido en Rusia, reflexiona, la actuación del Ejecutivo español sería muy diferente.
Al respecto del silencio de la UE, Boye indica que “si somos Europa y somos una democracia, también nos tiene que preocupar que los ciudadanos tengan unos mínimos derechos democráticos”, algo que no parece asegurado en Polonia.
De hecho, a mediados de este mes de febrero, Bruselas ha llevado a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por anteponer su derecho nacional sobre el comunitario, y Amnistía Internacional denunció cómo el Tribunal Constitucional polaco declaró en 2021 que el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que propugna el derecho a un juicio justo) era incompatible con su Constitución. En esas mismas fechas, el TJUE impuso a Polonia una multa de 1 millón de euros al día por entender que la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo vulneraba la independencia judicial.
* Actualización: 28 de febrero a las 10.45 h.
