Muchas semanas antes de que se celebraran los comicios de 2020 en Estados Unidos, Donald Trump, candidato a la presidencia por segunda vez, se encargaba concienzudamente de divulgar un mensaje falso en el que cuestionaba la legitimidad de un sistema electoral completamente fiable. El relato de la «democracia robada», que ya había ensayado en 2016, engrosaba titulares en declaraciones que advertían de un supuesto fraude en el voto por correo, y hasta llegó a afirmar en un debate televisivo que no se comprometía al traspaso pacífico de poder, como yo misma analicé un mes antes de que se cerraran las urnas. A esas alturas (octubre de 2020), ya era evidente para muchos analistas que el país sufriría lo que llamábamos una «crisis constitucional», y hasta un reputado periodista como el premio Pulitzer Thomas L. Friedman se atrevió a señalar: «Nuestra democracia está en grave peligro; más de lo que lo ha estado desde la Guerra Civil, más que después de Pearl Harbor, más que durante la Crisis de los misiles y el Watergate».
Meses más tarde se produjo el asalto al Capitolio, que los republicanos denominaron «discurso político legítimo» y la comisión de investigación liderada por miembros del Congreso calificó de intento de golpe de Estado. Descubierto y más que estudiado el disfraz de cordero, acorralado y parcialmente rechazado por los suyos, el lobo llamó abiertamente a rescindir la Constitución hace unos días. El carácter autoritario del personaje –y sus estratagemas para subvertir el orden político–, podría afirmarse, estaban claros desde el principio, y Trump, quien anunció recientemente que se postularía a los comicios de 2024, no tuvo reparo en confirmarlo.
Cuento esta historia porque me parece significativa en el contexto actual español, donde, al igual que en la nación norteamericana, estamos asistiendo a un clima parlamentario cada vez más crispado, en un momento preelectoral en el que las derechas, a falta de un programa con medidas tangibles para mejorar el bienestar de la ciudadanía, recurren, privadas de todo escrúpulo, a difundir mentiras e instigar un voto visceral movido por el miedo, las pulsiones de venganza y la desinformación. Dentro de esta última categoría –que podríamos conceptualizar de ‘posverdad’– destaca una cantinela antidemocrática consistente en acusar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de tirano, azuzando una retórica peligrosísima en cuanto que promueve dinamitar el marco legal establecido para favorecer sus intereses, tanto políticos como económicos, y no los de aquéllos a los que dicen representar.
Las reformas propuestas por Sánchez, destinadas a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), perfectamente legales y, además, urgentes, dado del secuestro del órgano por la derecha, le han valido descalificaciones como las de Alberto Núñez Feijoo, quien asegura que «no hay límites», y pide elecciones anticipadas, o las de Inés Arrimadas, que habla directamente de «autogolpe» y categoriza a Sánchez como «aprendiz de dictador». En realidad, poco importa el asunto del CGPJ, porque ese discurso incendiario, profuso en reproches de autoritarismo contra un gobierno legítimo, ya estaba en marcha mucho antes, plagia estrategias de comunicación practicadas en el seno del trumpismo, y se esgrime con la menor excusa. Así, para Isabel Díaz Ayuso, «vamos camino de una dictadura» porque Sánchez y «su» gobierno estarían preocupados «en enseñarte a comer bien», en «acabar con la complicidad entre el hombre y la mujer», o implementar medidas de salud pública durante la pandemia.
Las razones, bien arrolladoramente disparatadas o resultantes de iniciativas aprobadas por mayoría, caen por su propio peso, pero todo vale cuando se trata de construir un ambiente generalizado de confusión, donde la extravagancia de lo dicho colmate la atención mediática desviándola de temas importantes, y las personas no sean capaces de discernir lo verdadero de lo falso. Como aseveraba la filósofa Hannah Arendt: «el sujeto ideal para el gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino la gente para quien la distinción entre hechos y ficción (…) ya no existe». Ese sujeto ideal, como ocurriera en Estados Unidos, no sólo lo cincelan día a día los alegatos falaces de la derecha, sino también un número considerable de medios que reproducen acríticamente estos mensajes para el beneficio de sus altos cargos y accionistas.
Responsabilidad mediática
Explica el profesor e investigador Lee McIntyre, en su ensayo Posverdad, la responsabilidad que muchos canales televisivos han tenido a la hora de diseminar información errada mediante tácticas como la distribución equitativa de los tiempos en antena sobre cuestiones que no son debatibles; por ejemplo: permitir una conversación en igualdad de condiciones entre un negacionista climático y un científico que conoce de primera mano el daño causado a la biosfera. El periodismo de declaraciones y citas sin contrastar sería heredero de este modelo, y se mostró increíblemente rentable durante la presidencia de Trump, cuando conglomerados en teoría progresistas como la CNN reproducían sin comentario sus discursos, lo cual llenó sus arcas, de la misma manera que engordaron las de Fox News y otras cadenas.
Sólo tras producirse el intento golpista en el Capitolio limitaron los medios el flujo de mendacidad del aún presidente, demasiado tarde si consideramos el daño causado. La noticia había sido remplazada hasta entonces por los exabruptos del magnate, la información por la carnaza, olvidando toda ética profesional y compromiso con la democracia. Este fenómeno ya tan común en España, aliado a los sesgos ideológicos y manipulación que alientan las redes sociales, está teniendo lugar con más énfasis si cabe conforme el gobierno adopta medidas positivas, como el tope al gas, que ha contribuido a que la inflación aquí sea la más baja de la Unión Europea, o la reforma laboral, que ha reducido el paro a su nivel más bajo desde 2008, un 12,5%. La carencia de argumentos ante la evidencia desboca la actividad falsaria de las derechas, pero es que, además, los datos halagüeños no venden tanto como la confrontación y el odio.
Mientras tanto, entre unos y otros, sean éstos representantes pagados con dinero público, o tertulianos, columnistas, comunicadores a sueldo del entramado mediático, nos conducen lentamente a una situación de extrema inestabilidad política que hace tambalearse los cimientos democráticos a base de invenciones, denuncias infundadas de «golpismo», «comunismo» y otras mil barbaridades con las que, como Trump, acabar con toda la posibilidad de disenso dialogante, de discrepancia constructiva, tan saludable para continuar avanzando. De esta forma, no sólo se erradican de una tacada las opciones de un proyecto conjunto que pueda gestionar las múltiples crisis sufridas (climática, energética, económica o de salud pública) de la manera más beneficiosa para todos, sino que se elimina asimismo la confianza popular en la política, se castra el civismo, se moldea ese «sujeto ideal» de Arendt que ya no cree en nada y sólo puede abrazar el peor de los sistemas.
