“Queremos tiempo para dormir, para descansar”, tiempo dedicado a ver a los hijos crecer y construir recuerdos con ellos, argumentan los trabajadores ferroviarios de Estados Unidos, que amenazaban con ponerse en huelga hasta que el Congreso ha ilegalizado esa opción, obligándolos a aceptar un preacuerdo que no satisface todas sus reivindicaciones. Así, con el voto mayoritario de la cámara de representantes y el senado, en un alarde de eficiencia política y consenso poco habitual entre demócratas y republicanos, se ha zanjado de un plumazo un conflicto que llevaba tres años fraguándose, y que el pasado verano estuvo a punto de paralizar todo el transporte por tren en el país, responsable de un 40% de los traslados de mercancías, aproximadamente. Entre estas se encuentran ingredientes clave de la economía como el gas fósil, los fertilizantes para las cosechas, la alimentación del ganado o los productos químicos necesarios para potabilizar el agua, además de un gran número de bienes importados, cruciales en estas fechas de consumismo prenavideño.
El presidente Joe Biden, quien frecuentemente se ha mostrado a favor del sindicalismo, esta vez lo tuvo claro: había que detener la huelga prevista para el 9 de diciembre, ya que habría sido devastadora, con pérdidas millonarias, cierre de industrias y escasez de productos básicos. Aunque afirmó ser “reticente” a imponer el preacuerdo, al final ha prevalecido la economía frente a los derechos laborales. El mensaje de Nancy Pelosi ha sido igualmente contundente: si bien la portavoz de la cámara de representantes expresó que la industria del ferrocarril “se ha vendido a Wall Street” mientras generaba “beneficios obscenos”, era preciso que el Congreso interviniera, porque estaban en juego no solo 750.000 empleos sino el reparto de comida o medicamentos a las familias.
Las peticiones de los transportistas
Pero, ¿qué exigían exactamente los trabajadores? Entre otras cosas, quince días por enfermedad pagados, el equivalente a bajas de corta duración, ausentes de sus contratos, que únicamente les permiten utilizar días de vacaciones en caso de alguna emergencia médica, lo cual en la práctica es casi imposible, puesto que deben solicitarlos con mucha antelación. Para evitar esto, el partido demócrata sugirió legislar una semana de baja para los trabajadores del sector, una propuesta que no ha contado con el beneplácito del senado.
El resultado de meses de negociaciones entre la patronal y los empleados ferroviarios ha regresado, por tanto, al punto muerto donde se quedó el pasado verano, cuando se pactó una subida de sueldo del 24% para 2024, bonos anuales de 1.000 dólares y un tope a los gastos sanitarios: estas son las nuevas condiciones que ahora, por mandato gubernamental, han sido ratificadas, y que cuatro de los doce sindicatos –que representan a la mitad de los trabajadores– habían rechazado previamente. Todos ellos habían convenido que abandonarían sus puestos si el acuerdo no se alcanzaba por unanimidad, provocando un coste total de 2.000 millones diarios al tejido económico del país. De poco ha servido la movilización: se mantienen las mejoras salariales, pero las demandas relacionadas con la calidad de vida se han quedado en el tintero. Precisamente estas últimas eran las más urgentes: poder caer malo sin penalización, disfrutar de los fines de semana, vivir sin tanto estrés dentro de un entramado laboral cuyo modelo de negocio fue modificado hace unos años para multiplicar las ganancias.
Como han destacado varios medios, el lobby del ferrocarril ha despedido últimamente a casi un tercio de su plantilla, ha aumentado la frecuencia de los trenes y añadido más vagones a cada vehículo, de manera que los empleados actuales deben asumir más responsabilidades y estar disponibles prácticamente siempre. Como se trata de un sector sin apenas competencia, los clientes siguen siendo los mismos, aunque esa falta de personal se haya traducido en una peor calidad del servicio y un aumento de los accidentes, tanto menores como aquellos potencialmente catastróficos: descarrilamientos, muchas veces con cargamento inflamable. En los peores casos, la carencia de derechos laborales se ha saldado con la muerte de algún trabajador.
Termina así una batalla organizativa que ha vuelto a poner de manifiesto el exiguo estado del bienestar existente en Estados Unidos, la afinidad entre los dos partidos dominantes a la hora de perpetuar esta situación y la prioridad de la salud económica frente a todo lo demás, incluso la humana.
A pesar de que la nación norteamericana se encuentra en su momento álgido en cuanto a aprobación popular de los sindicatos desde 1965 –el 71% está a favor, según una encuesta de Gallup–, y esos datos se han reflejado en un movimiento asociativo creciente en el seno de multinacionales tan poderosas como Amazon o Starbucks, las barreras institucionales persisten. Por orden de diputados y senadores, los trabajadores ferroviarios no han conseguido sus objetivos, pero lo que es cada día más evidente es la mudanza que se está produciendo en el imaginario colectivo hacia una mayor conciencia de las injusticias sistémicas, una mayor rabia contra los abultados beneficios empresariales a costa del trabajo obrero, a costa de la vida. Esto, en la meca mundial del neoliberalismo, no deja de constituir, si no una victoria, al menos una esperanza de cambio.
