TUS ARTÍCULOS / MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ // Eres una trabajadora de una pastelería de Gijón, la empresa te debe horas extras y vacaciones, sufres acoso laboral y comentarios humillantes e indecorosos sobre tu cuerpo, insinuaciones… Harta, decides acudir a CNT y exponer tu caso. El sindicato intenta negociar con el empresario para poner fin a la situación y, ante su cerrazón, organiza una campaña solidaria; el empresario, por su parte, denuncia al sindicato por coacciones y amenazas. Hasta aquí, un caso más en el día a día de la jungla laboral en que se ha convertido la hostelería.
Lo sorprendente viene cuando se emite sentencia: después de abrir un proceso judicial contra más de 30 personas que han acudido a los actos de apoyo, el Juzgado de 1ª Instancia de Gijón condena a tres años y medio de prisión a siete de los sindicalistas por delitos de coacciones y obstrucción a la justicia, y una indemnización de más de 150.000 euros a la empresa. A un octavo le impone una pena de ocho meses de cárcel por grabar un vídeo de la campaña y colgarlo en su página de Facebook. Aunque parezca mentira, esto está sucediendo, no en las primeras décadas del siglo pasado, sino en este siglo XXI que nos corta el aliento a base de sobresaltos.
Para entender algo del aparente sinsentido, habría que empezar por poner un poco de contexto a la situación: el juez es Lino Rubio, conocido popularmente por el «Justiciero de Poniente», y destaca por sus sentencias contra todo lo que huela a activismo social: lo mismo apura la vieja legislación anti insumisión para que las condenas a jóvenes antimilitaristas sean las más duras posibles, que condena a Cándido y Morala, históricos sindicalistas de la Naval Gijón, a tres años de cárcel por destrozar una videocámara durante una protesta contra el cierre del astillero.
Por su parte, lo dueños de la pastelería son conocidos por sus supuestos vínculos con la política local conservadora e incluso han formado parte de la denuncia conjunta de un grupo de hosteleros en la que se trata de ilegalizar al sindicato, denunciándolo por extorsión y asociación ilícita, una acusación inverosímil que los juzgados han rechazado reiteradamente.
Finalmente, el empresario, supuestamente arruinado por la campaña sindical, ha contratado como abogado defensor a Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que trató asuntos de terrorismo entre 2004 y 2012 y quien, en excedencia desde 2018, trabaja para el bufete Ramón y Cajal, que no destaca precisamente por lo económico de sus minutas. Con estos datos, podemos empezar a hacernos una composición de lugar.
Pero si la sentencia del Juzgado de lo penal es ciertamente sorprendente, la Audiencia Provincial de Gijón reincide en el despropósito: aunque libra a dos de los encausados (entre ellos, la persona que colgó el vídeo), ratifica la sentencia para otras seis, cinco mujeres y un hombre.
Parafraseando a Brecht, malos tiempos para la lírica estos en los que se hace necesario volver a denunciar lo evidente: si nada lo remedia, seis sindicalistas pueden dar con sus huesos en la cárcel por algo tan básico como ejercer su derecho a la libre actividad sindical. Y ello, pese a haber quedado probado que en las acciones no hubo disturbios, ni destrozos de material urbano o agresiones y que los clientes, pese a la lógica molestia de tener que atravesar un piquete informativo, pudieron seguir accediendo a la pastelería. Es más, cuando la policía acudió a llamada del empresario, se limitó a identificar de manera rutinaria a los participantes en la protesta.
Habiendo crecido en el País Vasco de principios de los 80, en un entorno de conflictividad laboral contra una reconversión industrial salvaje, y donde no eran infrecuentes los enfrentamientos con la policía o los neumáticos quemados en la calle, no recuerdo que ninguno de aquellos hechos acabase con sentencias tan sumamente desproporcionadas como esta.
Mucho me temo que lo que está ocurriendo con el caso La Suiza confirma la progresiva regresión en derechos y libertades básicas que creíamos consolidadas hace tiempo. La sentencia viene a sumarse al reguero constante de ataques a la libertad de expresión, de información o de manifestación que nos están lloviendo en los últimos tiempos, y que confirman el agujero negro que tiene la democracia en este país con una judicatura fuertemente escorada a la derecha y con una interpretación no solo conservadora, sino incluso reaccionaria, de la realidad social en la que está inmersa. Los datos son contundentes.
No solo se trata de una desproporción entre lo ocurrido y la sentencia final sino que la interpretación reduccionista de las acciones solidarias supone un ataque frontal al sindicalismo en sí, pues se está condenando el ejercicio de la propia acción sindical, la legítima protesta social y la libertad de expresión.
De momento el proceso sigue adelante por medio de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Veremos el resultado. En todo caso, no es CNT una organización que se amilane ante las dificultades y los reveses legales, y si la sentencia busca amordazar y paralizar al sindicalismo combativo por medio del miedo, esta ya ha engrasado una de sus herramientas fundamentales, la de la extensión de la solidaridad al grito de “Nos tocan a una, nos tocan a todas”. Así se vio en la multitudinaria manifestación de Gijón el pasado julio, con personas venidas de todo el Estado y que contó con el apoyo de una parte fundamental del tejido político y asociativo de la ciudad. Y así será en la próxima parada de esta campaña ante el Ministerio de Justicia en Madrid que está convocada para el 24 de septiembre.
Nos volveremos a ver en la calle peleando por lo evidente y demostrando que las compañeras no están solas.
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