Para la Semana Santa de 2022, las cofradías lograron que el Gobierno les concediera siete indultos. Es una información publicada por CIVIO que puede pasar sin pena ni gloria entre la opinión pública. Sin embargo, conseguirla ha supuesto a este proyecto periodístico un litigio con el Ejecutivo. [Imaginen el calvario que hubiera supuesto intentarlo con el patrimonio del rey, que lo ha hecho público por “decisión personal”].
En abril de 2019, CIVIO pidió conocer qué cofradías y hermandades habían solicitado indultos en 2017, 2018 y 2019. El Ministerio de Justicia no admitió esta petición de información, CIVIO recurrió la decisión y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le dio la razón. El Ejecutivo, sin embargo, no acató la resolución del CTBG y llevó el caso a juicio a pesar de que incluso el gobierno de Mariano Rajoy había hecho pública esta información.
Finalmente, dos sentencias de la Audiencia Nacional acabaron por obligar al Ministerio de Justicia a entregar los datos. “No parece que sea un secreto de Estado”, bromeaban desde CIVIO.
El de los indultos de la Semana Santa es solo un ejemplo de la opacidad que se extiende a todos los niveles en la Administración pública. Según la periodista Eva Belmonte, codirectora de CIVIO, “es muy habitual” que se lleven a juicio las resoluciones del consejo: “Da la sensación de que lo recurren todo por defecto, y eso es bastante desolador. Esto era una chorrada y hemos tenido que pelear un montón, pero hay cosas más sangrantes”, se queja.
Belmonte sostiene que esta forma de actuar se produce en la mayoría de administraciones públicas, aunque explica que hay comunidades autónomas “más abiertas” como Aragón, Castilla-La Mancha o Catalunya: “Tiene que ver con que tienen organismos de transparencia más fuertes, con más competencias”. Casos como el de los comisionistas de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid o el del hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso recuerdan nuevamente la necesidad de una mayor transparencia. En ambos casos, la opacidad ha impedido o torpedeado la acción fiscalizadora de los medios de comunicación.
Así, el contrato otorgado a un amigo de Ayuso y por el cual su propio hermano cobró una comisión de al menos 55.000 euros, estuvo oculto en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid hasta que elDiario.es llamó a la Consejería de Sanidad para preguntar por él, según ha denunciado este medio.
Al cierre de esta edición, los contratos con los que Luis Medina y Alberto Luceño se llevaron comisiones millonarias tampoco habían sido publicados ni aparecían en los documentos de contratos formalizados que el Ayuntamiento de Madrid registra en su página web. “Nos hemos enterado porque se ha investigado por la Justicia”, afirma Eva Belmonte, quien asegura que ese documento no estaba disponible cuando desde CIVIO investigaron la contratación pública de ese año.
La emergencia como excusa
El propio Ayuntamiento reconoce en su Memoria del Registro de Contratos del año 2020 que aquellos expedientes tramitados por procedimiento de emergencia por la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios no han sido inscritos en el Registro de Contratos debido a la falta de formalización de los mismos. Se trata de 164 contratos por un valor cercano a los 42 millones de euros y entre los cuales se encuentran los tres servicios por los que Luceño y Medina cobraron las millonarias comisiones.
Según el concejal madrileño Miguel Montejo, de Más Madrid, “nadie entiende esta opacidad”: “La contratación de emergencia permite saltarse la publicidad y la libre concurrencia, pero no la eficacia de la contratación y, muchísimo menos, la transparencia”, denuncia. Unas quejas que comparte también la periodista Belmonte: “Lo que permite la emergencia es contratar directamente, pero eso no significa que no tengas que rendir cuentas. Luego tienes que publicar lo que has hecho. Se han aprovechado muchísimo de esto, y la gente ha entendido que no había que cumplir las reglas”.
Jaime Gómez-Obregón es ingeniero y, en los últimos años, su trabajo se ha centrado en temáticas relacionadas con la transparencia política en la contratación del sector público. Según explica a La Marea, la transparencia “es el mejor desinfectante de la vida pública”. Por ello, defiende que la publicidad de las actuaciones de los gestores públicos “es un mecanismo preventivo en un sistema que es eminentemente reactivo ante los casos de corrupción y fraude”. Sin embargo, critica los arcaísmos “que parece que están ensartados en la cultura de las administraciones públicas”.
Para este ingeniero, el Registro Mercantil y su Registro de Titularidades Reales son “el buque insignia de la opacidad en lo público”, si bien considera que “la flota es numerosa”: el Registro de Licitadores del Sector Público, sentencias de los tribunales, subvenciones públicas… La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula el acceso a la información pública y permite a cualquier ciudadano pedir información a cualquier administración pública: estatal, autonómica y local. En su preámbulo se hace hincapié en el triple alcance de la norma: “Incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública […], reconoce y garantiza el acceso a la información […] y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.
Las excepciones
Si bien esta regulación ha supuesto un importante incremento en la transparencia de las administraciones públicas, son numerosas las excepciones que existen a la misma. Comenzando por que los organismos públicos no tienen la obligación de responder a una petición de información pública. En estos casos, si no han contestado a la misma en el periodo establecido, la solicitud se da por desestimada. Asimismo, las resoluciones del Consejo de Transparencia no tienen carácter vinculante y la única forma de salvar la opacidad en última instancia es recurriendo a la Justicia.
Para Belmonte, esta norma “es el último mono” y se ve superada por cualquier otra, como la de Protección de Datos: “Para empezar, porque no es una Ley Orgánica, y por eso muchas veces no tiene influencia. Cuando nosotros pedimos una reforma, la pedimos para la Ley de Contratos, que a esa sí le hacen caso”, sostiene la responsable de proyectos de CIVIO.
Entre las normas que se encuentran por encima de la Ley de Transparencia destaca la ley franquista de Secretos Oficiales, aprobada en 1968. En septiembre de 2021, el Ministerio de Defensa se escudó en esta regulación para no facilitar a La Marea los expedientes a soldados de extrema derecha. En el escrito, este medio solicitaba conocer las medidas disciplinarias aplicadas tras acontecimientos ocurridos dentro de las Fuerzas Armadas en los que se coreaban himnos fascistas y se realizaba el saludo nazi.
En la respuesta de Defensa se incluía el resultado de dichas investigaciones, pero no los expedientes de investigación, por lo que la resolución fue recurrida ante el Consejo de Transparencia: “Las sanciones disciplinarias que recaen en los expedientes disciplinarios se encuentran clasificadas sobre la base de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales”, argumentó el Ejército de Tierra en sus alegaciones. Y añadía que “las materias clasificadas se encontrarían amparadas por un régimen especial y específico”, lo que constituye una excepción al derecho de acceso a la información pública y queda fuera, por tanto, del ámbito de la Ley de Transparencia.
La Ley 9/1968 es la misma norma que impide desclasificar documentos relativos al golpe de Estado del 23-F y de los GAL. O la ley tras la que se escuda el Ministerio de Defensa para evitar dar información sobre el supuesto espionaje del CNI a políticos independentistas catalanes a través del sistema Pegasus. Una ley preconstitucional cuya modificación es una reivindicación histórica del PNV que cuenta con el apoyo, entre otros partidos, de Unidas Podemos. La modificación, por ahora, no parece estar entre las prioridades del Gobierno de coalición.
