La Junta de Extremadura ha estado recabando apoyos de los diferentes grupos políticos en la última semana para elevar una iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados. En ella se propone una modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, de ámbito nacional, para acabar con la “inseguridad jurídica y efectos indeseados” en torno al suelo incluido en la Red Natura 2000.
En el borrador, al que ha tenido acceso lamarea.com, aseguran que la inclusión de determinados núcleos de población en la delimitación de una categoría ambiental de la red “supone cercenar el crecimiento de municipios” al interpretarse que todos los terrenos bajo este amparo medioambiental son suelo no urbanizable especialmente protegido.
La Disposición Transitoria Única, además, incluye la legalización de aquellas transformaciones urbanísticas “que, a la entrada en vigor de esta ley, se hayan aprobado en espacios naturales protegidos, en espacios incluidos en la Red Natura 2000” siempre que la Administración competente acredite que es compatible con la protección de los valores ambientales. Una modificación que parece creada ad hoc para salvar el polémico proyecto Marina Isla de Valdecañas, ordenado demoler en su totalidad por el Tribunal Supremo hace algunas semanas.
Para Nino Trillo Figueroa, abogado de Ecologistas en Acción Extremadura y el encargado del caso de la Isla de Valdecañas, el borrador es una “barbaridad”: “Buscan poder urbanizar en zonas protegidas, que es algo gravísimo”, denuncia. “La Junta ya ha demostrado que no respeta la ley, porque la evaluación ambiental de Valdecañas fue un desastre. Y ahora, con esta modificación, pretenden arrogarse la potestad de decidir en qué espacios protegidos se puede construir y en cuáles no”, explica Trillo Figueroa.
Isla de Valdecañas es un complejo de lujo de 135 hectáreas situado en el embalse del mismo nombre y que cuenta con 185 villas –estaban previstas 565–, un campo de golf y un hotel de cuatro estrellas, además de lugares de recreo como un embarcadero o playa artificial. Ya en 2011 fue declarado ilegal al haberse construido en un terreno protegido y no urbanizable. A pesar de la protección de la zona, el Ejecutivo socialista regional de Juan Carlos Rodríguez Ibarra aprobó el proyecto cuatro años antes, en 2007, llegando a declararlo “de interés regional”.
No es la primera vez que la Junta se muestra crítica con el ecologismo y con los espacios protegidos. Cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que avala el derribo del macrocomplejo, el presidente Guillermo Fernández Vara aseguró que “el exceso de protección ambiental impide acabar con la despoblación”. En esos momentos ya mostró su predisposición a “revisar todo el suelo protegido de la comunidad y del resto de España” para “permitir el uso de determinadas zonas protegidas que no tienen tanta relevancia”. Unas intenciones que ahora se materializan en esta iniciativa legislativa.
Ya en 2011, la Junta trató de modificar la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX) para poder homologar el proyecto urbanístico, el cual ya había sido declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El nuevo texto se exponía que “la mera inclusión de unos terrenos en la Red Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable”. El cambio fue declarado inconstitucional en 2019.
Para el abogado Nino Trillo Figueroa, no es verdad que la inclusión de un municipio al completo en la Red Natura 2000 suponga que todo su suelo es no urbanizable: “La propia sentencia última del Supremo dice que cualquier municipio tiene diferentes tipos de suelo. Los que se encuentran en ZEPA también tienen suelo urbanizable que es transformable en urbano, por lo que no es verdad que no pueda haber desarrollo”.
Desde Unidas por Extremadura se muestran muy críticos con la iniciativa: “La Asamblea de Extremadura ya prevaricó en su momento aprobando este proyecto que era ilegal y ahora lo que plantean es que el Congreso haga legal lo que no lo es, en contra de sentencias del Supremo”, explica su secretaria general Irene de Miguel, que considera que el PSOE “trata de ganar tiempo” para alargar el derribo del proyecto. Asimismo, critican que se escuden en que las zonas protegidas son un freno al desarrollo: “Esto no es cierto. Solo el 30% de nuestra superficie está protegida y, en el resto, en el 70%, no hay precisamente un desarrollo económico bestial. Las excusas que ponen están vacías”.
José María Casares, diputado de Ciudadanos en la región, reconoce que la propuesta es del agrado de su partido, si bien afirma que están estudiando “la letra pequeña”: “Tenemos que ver si la modificación legal tiene cabida tanto en el ámbito nacional como en el europeo”. Casares sostiene que determinadas actividades industriales y agrícolas deben tener cabida en zonas protegidas siempre que no afecten al medioambiente “o incluso puedan mejorarlo, como ha pasado en el caso de Valdecañas”.
El PP, por su parte, prefiere no desvelar el sentido del voto de su grupo parlamentario y ha declinado realizar una valoración sobre la propuesta. A preguntas de lamarea.com, la Junta de Extremadura insiste en que la modificación de la citada norma tiene como objetivo «reforzar la seguridad jurídica y conciliar la legislación urbanística con la preservación de los espacios protegidos». Asimismo, aseguran que la última jurisprudencia de 13 de noviembre 2019 del Tribunal Constitucional «establece que no se puede hacer ninguna actuación urbanizadora» en los territorios de la Red Natura 2000, lo que, a juicio de la Junta, «es incompatible con la propia realidad de los términos municipales». Sin embargo, el Gobierno extremeño no ha respondido a las cuestiones concretas sobre la Isla de Valdecañas enviadas por este medio. Fuentes del Gobierno autonómico consultadas por elDiario.es aseguran que el Ejecutivo todavía no ha tomado la decisión de presentar de manera formal la iniciativa.
Paca Blanco, la ecologista que inició la pelea contra el resort ilegal de lujo, se mostró muy contenta con la sentencia del Tribunal Supremo durante un acto de la Asociación 25 de Marzo: “Valdecañas se va a demoler aunque tengamos que ir con un pico y una pala”. Tras nombrar algunos de los apellidos de propietarios de algunas de las casas de la isla –”Aznar, Gómez-Acebo, López-Ibor…”–, aseguró que “esta pelea no es solo una lucha ecologista, sino que también es anticapitalista”.
*Actualización 15:50h
