A lo mejor la calima había llegado para llamar nuestra atención sobre algo que se nos estaba olvidando. El día que la península amaneció teñida de naranja, mi amigo F, que trabaja en un ministerio, me escribió para contarme que la arena se colaba por las puertas oficiales, formaba dunitas junto a los goznes. “Parece que por alguna razón no nos sorprende tanto que baje el frío del polo como que suba la arena del sur”, comentábamos. Hacía ya unas semanas que una de las cosas que nos daba que pensar lo que está ocurriendo en Ucrania era inevitablemente el agravio comparativo con otras guerras, con otros refugiados. Ese camino de la arena volando Magreb arriba para atravesar el Estrecho y llegar a nuestras ventanas parecía querer volvérnoslo a recordar.
Y es que una vez abierto ese camino de pensar en otras guerras y en otros refugiados, los y las saharauis deberían ser los primeros que se nos viniesen a la cabeza, y no solo porque la arena venga de su tierra. También por lo flagrante de su caso –46 años ya de espera por una descolonización que no llega, y una guerra vuelta a abrir hace 16 meses a la que tampoco demasiada gente está prestando mucha atención–; y también porque son la parte que nos toca, a este país.
No se trata de hacer comparativas del daño, ni de la brutalidad, ni mucho menos de poner en cuestión las medidas que por una vez sí se están tomando para paliar los desastres. Pero sí que se trata de pensar qué estamos descuidando, qué dobles raseros estamos aplicando. Y, más allá de eso, recordar también que siempre hay un espejo de la geopolítica que en cada momento inunda las tertulias, y es el modo en el que las alas de la mariposa hacen su efecto en el sur. A ese efecto casi nunca se le presta atención hasta que revienta. Y el sur en el que tiene sus raíces lo que ocurre aquí es un eje que pasa por Rabat y coge salida al mar muy cerquita de El Aaiún.
Siempre que se intenta pensar sobre el Sáhara Occidental, alguien argumenta con una variante del “así son las cosas”. Es una de esas causas que a menudo se entiende como pequeña, como ilusa, como una batalla perdida que solo la gente romántica insiste en defender. De ahí esa retórica de “lo serio”, “lo realista” y “lo creíble” en la que se basa el comunicado con el que Moncloa presentó el pasado viernes su nueva actitud ante el conflicto –a saber, abandonar la defensa de un referéndum de autodeterminación para comerse con patatas la propuesta marroquí de autonomía–. Pero cualquiera que se haya opuesto alguna vez a algo sabe bien que la verosimilitud es profundamente política, que no viene dada por quién sabe qué realidad inmutable, sino que se construye y se refuerza con cada paso que se da.
Frente al “así son las cosas”, la estrategia política de los y las saharauis pasa por hacer verosímil, imaginable, otro escenario. Cuando se deja suficiente tiempo y espacio a sus propuestas, se puede escuchar, por ejemplo, que hay un mapa posible en el que la frontera con el Sahel no está en el Estrecho, sino en el borde del desierto, y se gestiona desde allí. Un mapa posible en el que los pesqueros con los que hay que negociar para la explotación del Atlántico un poquito al sur de Canarias no tienen bandera marroquí, sino saharaui. O, ahora, por ejemplo, un mapa posible en que si España quiere –como parece defender el propio PSOE– convertirse en un nodo de paso del gas entre mares y entre continentes, el vínculo directo con Argelia, gasoducto mediante, podría dejar a Marruecos orillado en un nuevo equilibrio del Magreb.
Los defensores de la realpolitik más apisonadora siempre colonizan la imaginación, diciendo que la realidad verosímil es solo una, y que todo otro planteamiento es el fruto de mentes medio bobas que no saben lo que dicen. Por eso, cuando hay momentos como este, en los que la posibilidad de otra configuración de piezas para el puzle parece particularmente a mano, entran en acción con toda su artillería.
Pese a su aspecto de causa pequeña, los últimos meses han mostrado con claridad hasta qué punto el asunto del Sáhara Occidental es uno de los candados de muchos equilibrios en este país. Que lo sea tiene que ver con elementos evidentes como el juego geopolítico de frontera sur que blinda el papel de España en la UE; pero también con otros menos obvios, como la importancia que tiene para el sostenimiento de la Casa Real española su buena relación con la vecina alauita. Y esto, desde el comienzo mismo de la transición a la democracia.
El primero de los chantajes de Marruecos fue la Marcha Verde, que tuvo lugar en otoño de 1975 y dio comienzo a la ocupación del Sáhara Occidental, a una guerra de 16 años y al exilio de 300.000 personas en los campamentos de refugiados de Tinduf; pero también a la relación entre Madrid y Rabat de la que vienen estos lodos. Aceptando lo inaceptable en aquel momento, España compró a un precio alto su entrada en un tiempo nuevo. Pero de entre los muchos silencios de la cultura de la transición, este fue uno de los más fáciles de dejar caer en el olvido. Y, como en una extraña maldición, cada generación repite el abandono.
De Felipe González a Pedro Sánchez
El más recordado por los propios saharauis es el de Felipe González, que antes de ser elegido presidente había viajado a los campamentos de Tinduf y asegurado su apoyo a la independencia, y que tardó en claudicar lo que tardó en llegar a la Moncloa. Tras aquella traición fundante hubo muchas otras: a la RASD todo el mundo la niega antes de que cante el gallo todas las veces que haga falta en cuanto Marruecos da un toque de atención. Pero la que acaba de llevar a cabo Pedro Sánchez ha pasado automáticamente al punto dos de la lista de la infamia por varias razones.
En primer lugar, porque hay cosas que simplemente no se pueden hacer. El que acaba de darse no es un paso más, es un salto por encima de los mandatos internacionales. El referéndum de autodeterminación no solo responde a un derecho, sino a varias sentencias de la justicia europea e internacional. Se suele mencionar como primera resolución especialmente relevante la de la ONU en 1991, que expresa su compromiso con un referéndum de libre determinación. Pero hay un precedente anterior. En mayo de 1975, meses antes de la muerte de Franco, una representación de las Naciones Unidas ya había viajado al Sáhara y dictaminado que una consulta de esas características era necesaria para cumplir con la legalidad internacional en términos de descolonización.
La decisión ya era anacrónica entonces: la mayoría de los países africanos se habían independizado veinte años antes, pero España había conservado esta colonia mediante el truco de convertirla –como también a Guinea Ecuatorial– en una provincia más. Como esa descolonización nunca se produjo, y la ocupación marroquí se alargó en el tiempo, las resoluciones y sentencias se han ido sucediendo en este casi medio siglo, articulando distintas formulaciones para una misma idea: que el Sáhara Occidental está pendiente de descolonización, y que su pueblo tiene derecho a decidir qué va a pasar con eso.
Frente a este mandato internacional que no deja mucho margen a interpretaciones, la autonomía –es decir, la integración del Sáhara en Marruecos con determinadas condiciones diferenciales respecto a otros territorios del país– es la postura propuesta por Rabat sobre el papel, y reforzada en la práctica por una política de colonización que se apoya en la sistemática violación de derechos humanos contra la población saharaui de la zona. Si en España el asunto del Sáhara es un candado de régimen, en Marruecos lo es aún más, en tanto fantasma permanente que sirve para acallar otros problemas, mantener bajo control a otras zonas y hacer demostraciones de fuerza y de relato.
Apoyar la autonomía a priori es legitimar ese modo de actuar y obviar a la justicia internacional, y ese es el primer punto muy grave de lo que está pasando. No nos podemos creer las trampas de quienes no quieren que sea verosímil más que una de las realidades posibles: incluso quienes crean que la opción de la autonomía es la más razonable, si creen también en la democracia, pueden apostar por ella sin vulnerar el derecho a un referéndum avalado por la comunidad internacional.
Con este salto cualitativo, Moncloa perfecciona la complacencia hacia el vecino. Esta vez la traición se consuma antes incluso de que nadie –en términos de opinión pública en general– estuviera pensando en ese elefante. Quizá el PSOE haya considerado que resolver el asunto antes de que ardiese otra vez alguna frontera evitaría un gran escándalo; pero más bien ha mostrado que el engranaje entre las dos orillas del Estrecho está tan bien engrasado que no hace falta ni pedir para que se dé.
Y es que si algo enseñan todas las películas es que el chantaje nunca se afloja al verse cumplido. Desde aquella extorsión primigenia de la Marcha Verde, siempre ha habido margen para estirar más la cuerda, y Marruecos casi siempre ha ganado el pulso. En los últimos meses todo se ha acelerado, dejándolo más claro que nunca: el reinicio de la guerra, Trump entrando en juego para intercambiar su apoyo a Marruecos por el que este país ha pasado a darle a Israel, el presidente saharaui Brahim Gali hospitalizado en Logroño por COVID y dando lugar a una crisis internacional. Y, por último, el episodio final de la apertura de puertas en Ceuta, dejando cruzar la frontera a 10.000 personas en unos días y agudizando así dicha crisis hasta puntos insospechados. Conviene no olvidar tampoco que el ministro de Exteriores actual, José Manuel Albares, que es quien lleva el timón de este cambio de rumbo, llegó a su puesto cuando Arancha González Laya cayó precisamente a causa de aquella crisis. Cuando se juega en términos de toma y daca, todo se cobra, todo se acaba pagando.
En cualquier caso, quizá lo primero que haya que poner en cuestión es que lo que se ha puesto negro sobre blanco en estos días exprese en realidad ningún cambio en la postura sobre el Sáhara Occidental de la dirigencia del PSOE –que no de sus bases, probablemente no muy contentas con toda esta historia–. Esta lleva siendo la misma desde Felipe González: el doble juego de decir a medias que, por querer, querrían obrar de otra manera, pero que “así son las cosas”. Pero esa no es la postura de España, y España bien se puede revolver un poco con que ahora aparezca como tal en los papeles. España, que es su sociedad civil, lleva todas estas décadas diciendo que siente una profunda responsabilidad, y hasta una culpa histórica, en lo que respecta al Sáhara Occidental, y defendiendo, por ello, su derecho a la independencia.
Esto ocurre, además, en todo el espectro ideológico. La derecha –desde Ayuso y Feijóo hasta Abascal– aprovecha la cuestión para atacar al Gobierno, pero al hacerlo recuerda también que la postura a este respecto tiene una transversalidad pasmosa, aunque sea por motivos opuestos –el suyo es que se trata de un territorio que nunca debió dejar de ser defendido militarmente por una cuestión de honor patrio–. En el caso de los partidos a la izquierda del PSOE o de corte nacionalista –Unidas Podemos, pero también ERC, Bildu y otras formaciones con menor representación parlamentaria–, apostar por la autodeterminación no es solo una cuestión de solidaridad. Apostar por una solución justa del conflicto del Sáhara Occidental es lo único coherente con posiciones políticas que defienden que los consensos que nos trajeron hasta aquí fueron necesarios en muchos sentidos, pero tienen también muchas cajas negras. La del Sáhara es una. Y lo que pasa con la democracia, con la memoria justa, con la legalidad, con la decencia, es que no se puede dejar quebrar por ninguna parte, porque entonces, se quiebra entera.
Cualquiera que haya intentado limpiar sus balcones tras estos días de calima lo sabe. La arena del desierto se mete por todas partes. Parece poca cosa, pero tiñe más de lo que podíamos esperar: hasta el cielo mismo. Recordemos su viaje cuando encontremos granitos estos días en un lugar o en otro de la casa. Es arena que viene de allá, de la tierra que le fue robada a una gente a la que dejamos en el abandono. Y tal vez ha hecho todo este viaje para decirnos que no olvidemos, que no olvidemos otra vez.
