HERNÁN ÁLVAREZ Y DIEGO VICENTE * // La oposición del estudiantado al anteproyecto de la LOSU –Ley Orgánica del Sistema Universitario– es total, y así se lo comunicamos al ministro de Universidades, Manuel Castells, el pasado jueves en el Pleno del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE). Lo que estaba llamado a ser una negociación entre el ministro y los representantes estudiantiles, se convirtió, excepto en contadas ocasiones, en una conversación en la que el ministro, ante los puntos más polémicos de gobernanza, contestaba con un seco «anotado», dando paso al siguiente turno de palabra sin entrar en debates.
Uno de los objetivos primordiales de la LOSU es, sobre el papel, el de “asegurar una Universidad autónoma, democrática y participativa, que constituya un espacio de libertad”, según podemos leer en las primeras páginas del preámbulo. Junto a esta, se podrán encontrar numerosas declaraciones plagadas de buenas intenciones, pero que entran en contradicción directa con el modelo de Universidad que plantea el anteproyecto.
La falacia de la «democratización universitaria» del ministerio resulta evidente con tan solo echarle un vistazo al título relativo a la gobernanza, que es el más grave. Justificando sus decisiones de acuerdo a una supuesta ampliación de libertades, abre la posibilidad a que los claustros universitarios, de por sí controlados por el equipo de rectorado, puedan decidir «democráticamente» acabar con las vías existentes de elección al rector o rectora de la universidad. Es decir, que en lugar de ser toda la comunidad universitaria quien elija a su máximo representante, pueda ser un órgano reducido de no más de 30 personas «notables» de la sociedad –perfectamente, un obispo o el jefe de la patronal–, al mismo tiempo que los estudiantes verían reducida su representación a un ridículo 10%.
Asimismo, las elecciones de los decanos pasarían a estar directamente controladas por el rector. De nuevo, el ministro Castells utiliza un argumento falaz: con el objeto de «acabar con las rivalidades internas en las facultades», se propone un modelo de ternas según el cual el rector elegiría a una de las tres personas más votadas por la Junta de Facultad. Es falaz en tanto que lo que se busca con ello no es acabar con dichas rivalidades internas, sino aumentar el control de los rectores sobre la Universidad, pues es sumamente improbable que entre las tres candidaturas más votadas no se encuentre alguna afín al rectorado. Por ilustrarlo: es como si de entre los tres partidos más votados en unas elecciones autonómicas, el jefe del Estado de España eligiese al que él quiere que gobierne.
Estas medidas son, según Castells, planteadas para «ampliar libertades». Pero la libertad que posibilita una reducción drástica en los derechos y las garantías de los estudiantes no es compatible con una Universidad democrática. En el preámbulo del anteproyecto se indicaba que la “Universidad del siglo XXI no puede replegarse en una torre de marfil”, pero precisamente esa puede ser la consecuencia del modelo de gobernanza que propone: una Universidad elitista, alejada por completo de sus partes, en la que los cargos más relevantes sean ostentados por individuos elegidos por sectores extremadamente reducidos y no representativos del conjunto de la comunidad universitaria.
En enero de 2021, afirmaba Castells que el modelo de la LOSU «prioriza a los estudiantes» (EL PAÍS), pero pocas concordancias se pueden encontrar entre esa declaración y lo que el anteproyecto de ley propone. Ni siquiera sus negociaciones están priorizando al estudiantado, pues la falta de transparencia nos aleja de conocer el porqué real detrás de sus decisiones. El ministro de Universidades se niega en rotundo a establecer una mesa mixta de negociación en la que estén representados todos los sectores universitarios implicados, y en defensa de las voluntades de otros sectores disuade el debate fundamental sobre el modelo de gobernanza afirmando que «no va a ser una LOSU solo para los estudiantes».
Queremos avanzar, no retroceder. Los estudiantes queremos pasar nuestros años de estudio aprendiendo a la vez que hacemos vida universitaria plena: socializar, ir a actividades culturales, de formación, deportivas y lúdicas. Todo esto siendo parte activa de las decisiones que nos afectan. Un engranaje, el más importante, del motor que mueve la educación universitaria en España.Es una pena que un reputado sociólogo, supuestamente crítico, elegido por En Comú Podem para un gobierno formado por PSOE y Podemos, pretenda traer a las universidades españolas una reforma que ningún ministro del PP se había atrevido nunca a plantear. Cometería un grave error el gobierno de coalición, especialmente Podemos, siguiendo adelante con esta propuesta. Los estudiantes no vamos a ceder por mucho ministro de Universidades «del gobierno más progresista de la historia» que sea. Castells, reflexione. Dé un giro de 180º a su proyecto o márchese. Los estudiantes no vamos a permitir esta involución en nuestras universidades.
*Hernán Álvarez es el delegado del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura (UEx) / Diego Vicente es el secretario del Consejo de Estudiantes de la UEx
