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Los cambios culturales desatados por la mayor crisis sanitaria del último siglo alcanzan su máxima expresión en la palabra “digitalización”. Especialmente en torno a la educación, las empresas se han servido de los desarrollos recientes de las tecnologías digitales para avanzar en el proyecto neoliberal de mercantilización de los bienes comunes del conocimiento y privatización de los servicios públicos.
Mitad asombrados por la potencialidad que tienen técnicas como el machine learning para introducir el mercado laboral en la psique del alumnado, mitad abrumados por la incapacidad de incrementar el gasto público, los tecnócratas que ocupan puestos relevantes en la jerarquía del Estado se han abandonado a la ideología de los profetas de Silicon Valley a la hora de diseñar políticas públicas.
El ejemplo más reciente puede encontrarse en la decisión del Ejecutivo de prestar a los centros más vulnerables de distintas comunidades hasta 500.000 dispositivos electrónicos con conexión a Internet a lo largo del primer trimestre del curso 20-21. De acuerdo a lo establecido en el convenio firmado entre los ministerios de Educación y Asuntos Económicos y Red.es para el desarrollo del programa Educa en Digital, la cuantía que se destinará a las escuelas para ‘digitalizar’ la educación será de 260 millones de euros.
Asimismo, junto a estos convenios, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, señaló que se pondrá en marcha una Mesa para la Digitalización de la Educación con el fin de coordinar la colaboración entre el sector público y privado: «Conocemos el gran interés de las empresas por implementar toda la digitalización en el ámbito educativo”.
Durante las últimas décadas, e impulsadas mayoritariamente por el sector financiero, las asociaciones público-privadas (PPP, por sus siglas en inglés) se han presentado como métodos de adquisición eficientes con el objetivo de lograr una mejor relación calidad-precio de los servicios para los contribuyentes. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones como la de Alessandra Cepparulo, la complejidad de este mecanismo, su falta de transparencia y las responsabilidades implícitas (no explícitas) de las empresas hacen que a menudo sea imposible percibir la cantidad de gasto público involucrado y el impacto positivo a largo plazo sobre los contribuyentes, lo cual termina paradójicamente convirtiendo a las PPP en medios más costosos que la financiación pública.
Al final, todo ello ha llevado a que la infraestructura digital básica gracias a la cual las instituciones educativas se conectan a Internet sea de propiedad privada. A mayor cantidad de usuarios conectados, más datos extraídos e información más precisa para ofrecer servicios privados de todo tipo a los centros públicos.
Las tecnológicas en el sector educativo
La actividad de las firmas de telecomunicación en el sector educativo español podrá servir como referencia del estado de la privatización de la educación en su era digital. La mitad de la facturación de la división de Huawei Empresas, que representa el 10% de la facturación total de la firma china en España, procede en buena medida de proyectos de la administración como el de Escuelas Conectadas de Red.es. Es el mismo que ha permitido a Telefónica liderar, con cinco comunidades autónomas (La Rioja, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha e Islas Baleares) y un importe acumulado de unos 100 millones de euros, el proyecto con el que el Gobierno pretende llevar la banda ancha de alta velocidad a más de 525 millones de estudiantes. Durante el confinamiento, esta empresa firmó un acuerdo con Google Cloud para, entre otras cosas, acelerar la transformación digital de la educación en España.
Por su lado, la empresa francesa Orange ha llevado su negocio a Galicia y Asturias. Como estas zonas carecían de una infraestructura de telecomunicaciones adecuada, solicitó ayuda a Nokia para implementar la red de microondas a través de drones. Al mismo tiempo, el despliegue de la infraestructura en la Comunidad de Madrid convirtió a Orange en el proveedor de 1.227 sedes de centros educativos a cambio de una adjudicación que ascendió a más de 14 millones de euros. Gracias a esta banda, ahora otras empresas pueden comercializar la educación. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió hace apenas unas semanas con el presidente de Microsoft Europa, Ralph Haupter, y con la presidenta de Microsoft España, Pilar López, para analizar el proyecto piloto que ha llevado a cabo el Gobierno regional con la compañía durante la pandemia y que ambos caminos (público y privado) continúen unidos.
Por otro lado, Microsoft y la Xunta de Galicia firmaron un acuerdo hace algunos años para mejorar la dotación informática de la comunidad que contempla medidas como el acceso de todos los centros educativos públicos a la plataforma Office 365 de esta compañía. La empresa extraerá información de 280.000 estudiantes y más de 28.000 docentes, quienes tendrán acceso a dicha tecnología de manera gratuita a cambio de su información personal.
De los recortes a la digitalización
Todas estas iniciativas se enmarcan en el programa Escuelas Conectadas, firmado por la triada neoliberal Wert-Guindos-Soria (PP), y “se alinea con el resto de políticas y reformas estructurales dirigidas a promover la recuperación económica”, como explicaba Mariano Rajoy en 2015. Si entonces el discurso conservador tuvo como objetivo justificar la austeridad y el debilitamiento del sector público tras el rescate financiero, algunos años después las soflamas sobre la digitalización refuerzan el peso del sector privado. Y más en un momento en el que las medidas de contención del gasto deben introducirse de manera más ingeniosa por parte de los Estados.
Si bien la opinión pública no tolera más recortes de manera directa, los planes para introducir tecnologías aparecen como derivados del progreso de la humanidad. Aunque, ciertamente, ello tiene las mismas consecuencias: la sustitución de profesores por softwares o, mismamente, la intensificación de su jornada laboral y el agravamiento en el estado de su salud mental debido a la conexión perpetua al espacio de trabajo, o la desaparición de espacios físicos como los colegios (y sus costes) debido al aprendizaje a distancia. Estos fenómenos deben colocarse en el contexto de la aparición de los servicios de educación digital, pues nadie más que las empresas tienen acceso a los datos y la capacidad para tomar decisiones (antaño públicas, ahora privadas) en relación con los programas educativos.
Por ejemplo, adicionalmente a la red que están implantando Telefónica y otras empresas, las distintas administraciones también emplean la infraestructura pública de RedIRIS, un sistema informático de apoyo a la investigación que con los años ha ido sumando más y más servicios. Las universidades fueron pioneras en crear plataformas propias educativas, sistemas de emisión de vídeo, repositorios de documentos científicos, etc. En definitiva, las patas en tecnología de la información para dar soporte a la enseñanza y la investigación.
Javier Sánchez, investigador que ha colaborado en esta suerte de innovación docente no encabezada por empresas privadas durante sus inicios, señala a La Marea que “ha generado muchos efectos positivos, como el apoyo a la economía local, tanto a través de puestos de trabajo en las universidades como de empresas locales que daban distintos servicios, o la provisión de hardware a la consultoría para montar entornos de computación de alto rendimiento”.
No obstante, RedIRIS inició una colaboración con Microsoft para facilitar entornos cloud adaptados para la comunidad académica y científica. El doctor Sánchez recuerda que la privatización de los servicios públicos nunca había ocurrido de manera tan sutil: “[Este modelo], que consiste en situar nuestras infraestructuras en salas de servidores alojadas y gestionadas a miles de kilómetros de nuestro país, difícilmente puede contribuir a la generación de conocimiento propio a la soberanía tecnológica, pues se espera que seamos meros usuarios y clientes de la infraestructura de Microsoft”.
Ninguna de estas consideraciones han sido planteaadas por el ministro de Universidades, Manuel Castells, al señalar lo siguiente: “Deberíamos iniciar la evolución hacia un sistema híbrido de presencial y virtual. Un sistema diseñado e implementado por las propias universidades con la ayuda que sea necesaria por parte del ministerio”. No se tiene en cuenta en esta afirmanción que cuando los servicios informáticos que necesita una organización basándose exclusivamente en software libre desaparecen para encontrarse sujetos a tecnologías privadas, de manera automática el resto de la educación comienza a caer cual ficha de dominó en manos de estas empresas.
Primero, como es el caso de distintas universidades españolas, los servidores de correo electrónico comienzan a ser gestionados gracias a Google o Microsoft. Más tarde, las empresas privadas influyen en la agenda educativa solapándose esta con con sus necesidades de mano de obra. Por ejemplo, como informaba ABC, el grupo educativo CEU, con sedes en Valencia, Barcelona y Madrid, ha creado el primer programa de formación en conjunto con Amazon Web Services. Por otro lado, Microsoft y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU han firmado un acuerdo de colaboración para el impulso de la formación en competencias digitales y han anunciado la incorporación del primer Grado de IA powered by Microsoft a la oferta educativa de las tres universidades.
Bajo esta ideología, las tecnologías digitales no se perciben como propiedad de una empresa privada, quien entiende que las instituciones públicas son un lugar para hacer negocios, sino como bondadosas acompañantes del alumnado en su tránsito hacia su (precario) futuro. A falta de datos más recientes, según la consultora FutureSource, el mercado español de educación primaria y secundaria creció en el tercer trimestre de 2017 un 43,87% respecto al anterior ejercicio. Durante este periodo se comercializaron 70.892 dispositivos, de las cuales una gran parte correspondía a notebooks de Acer (51,07%) y también los Chromebooks de Google (34,96% del total).
La cuestión central es que, al introducir sus tecnologías en las aulas de todo el país, estas empresas acumulan conjuntos de datos sobre el alumnado tan grande que pueden diseñar programas a medida para los colegios. Para ello, las firmas de Silicon Valley tejen alianzas con las editoriales tradicionales con el objetivo de concentrar y repartirse el mercado de la educación. Por ejemplo, el grupo Edelvives se ha convertido en el primer partner de Google Educación en innovación y tecnología educativa a nivel mundial. Ambas presumen de haber diseñado una propuesta para “colaborar y acompañar a los centros educativos en el proceso de cambio digital”. Por su lado, Santillana ha firmado un acuerdo con Microsoft para integrar sus herramientas de educación a la plataforma digital. “Nuestro objetivo no es solo agregar valor con tecnología y funcionalidades de Teams, sino adaptarlas al contexto y uso educativo”.
A través de su Fundación, Telefónica se encarga de diseñar conferencias con apoyo institucional del grupo Prisa sobre cómo “aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías en el aprendizaje”. También con la colaboración del periódico El País, el BBVA ha impulsado el proyecto Aprendemos juntos, en el cual recientemente podía verse a Noam Chomsky (autor de un famoso libro sobre cómo las élites construyen consenso en torno a su agenda). Y a través de la sección Retina, este periódico se ha convertido en la punta de lanza para avanzar en la ideología de Silicon Valley. A su vez, los publirreportajes son una constante: La educación según Google podía leerse en La Vanguardia; Google te quiere ayudar. ¿No sabes cómo enseñar a distancia? Google abre todas sus herramientas, afirmaba El Español.
La mayoría de periódicos generalistas rara vez tienen en cuenta la coyuntura económica desde lentes heterodoxas. Debido a las políticas de austeridad, las preocupaciones de los Estados de buena parte de Europa tienen que ver con la responsabilidad financiera, los costes educativos, la rendición de cuentas y, sobre todo, los resultados académicos. Para evaluarlos se han establecido todo tipo de rankings, métricas y análisis de datos. Nadie ha sacado más provecho de esta suerte de gobernanza neoliberal, estilo informe PISA, que las empresas privadas. De hecho, una de las aplicaciones de las tecnologías de la educación con mayor capacidad para introducir el mercado en los centros públicos es aquella que cuantifica mediante Big Data el desarrollo de los programas educativos y crea perfiles de aprendizaje de los alumnos para hacerlos más eficientes.
Esto es lo que los actores privados como la IBM, Microsoft o Rand Corporation han acuñado como “aprendizaje personalizado”. Junto al creciente énfasis en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), ambos suponen los dos pilares fundamentales de la reforma de la educación en la era digital emprendidas por los Estados neoliberales para servir a los imperativos de ganancias de las corporaciones. El argumento que profesan los defensores de este último es sencillamente que el desarrollo de las tecnologías requiere de una nueva fuerza laboral que contribuya a revivir las economías nacionales de todo el mundo. En efecto, que la tasa de estas mujeres en dichas profesiones sea extremadamente baja no es una preocupación.
Ambas ideas han calado en las entrañas de las burocracias gubernamentales encargadas de diseñar las políticas educativas incluso en los países donde el mercado laboral se encuentra claramente orientado hacia los servicios y los buenos trabajos quedan restringidos, o bien a las clases más altas o bien al capital humano extranjero.
En septiembre de 2019, la ministra Isabel Celaá hizo campaña por la educación STEM al presentar el informe El desafío de las vocaciones STEM. Este fue realizado por la patronal del sector tecnológico, la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), y analizaba la acusada caída en las matriculaciones en las carreras. Entonces afirmó que para 2021 todos los centros educativos estarían conectados a las empresas privadas citadas previamente, aquellas que componen esta asociación (IBM, Accenture, Telefónica…). Y añadió: “No hay voces disonantes; podemos hacer un pacto de Estado por la educación STEM”. Imaginen a la ministra de Economía presentando las conclusiones de los informes de la CEOE (DigitalES es miembro de su junta directiva) y proponiendo un pacto de Estado por la reducción de los derechos laborales. Hay quien pensará que es demagógico o una exageración.
Junto a ello, recogía la sección de innovación de La Razón, la ministra se comprometió a que en 2021 se complete el plan de conectividad de los centros educativos, así como al desarrollo de un marco estatal de competencia digital trabajado junto a las CCAA. También planteó la creación de una escuela de inteligencia artificial en el propio ministerio, que ofrezca formación continua, soluciones e investigación sobre los avances tecnológicos. Ello ocurrió en el 33º Congreso de AMETIC, una organización compuesta por asociados como Airbus, Apple o Amazon Web Service. Más tarde, en un evento coorganizado con el BVAA y financiado por Telefónica, Google for Startups, Sabadell Startup y Endesa llamado South Summit, abogó por el “cambio digital, que es transversal, desde los tres años de edad hasta la universidad”.
Este discurso también puede contemplarse en “conferencias inspiradoras”, como la organizada de la mano de la Fundación ”la Caixa”, que promueven una visión emprendedora de la educación (es decir, los individuos armados de tecnologías de Big Data pueden prosperar sin ayuda) bajo palabrería como “STEAMxChange”.
La periodista Ana Pastor, fundadora de la start-up Newtral, destaca como una de las “EduCoaches” de dicho programa, además de colaborar con la fundación en algunas de sus iniciativas. Por otro lado, quien este año fuera encargada del encuentro ¡Grandes Profes! –organizado por la Fundación Atresmedia, junto a Santillana y Samsung-– ha impulsado una nueva área temática llamada Newtral Education de la mano de Smartick, una de las start-ups de EdTech más importantes de Europa. También un aula virtual con Atresmedia para los profesores de ESO y Bachillerato que facilita herramientas con el fin de fomentar “el uso responsable de las nuevas tecnologías”.
“Para nosotros, el lucro es inexistente y los costes de las iniciativas recaen en nosotras. No ganamos dinero, e incluso podemos perderlo”, señala Pastor a La Marea sobre los acuerdos que la start-up ha firmado con la Universidad Complutense de Madrid y la Universitat de Barcelona para impartir cursos sobre la formación de estudiantes en periodismo de verificación. En relación con los motivos que la han llevado a apostar por una rama en educación, añade que “las universidades llegan muy tarde al pensamiento crítico”. Al respecto, Newtral y el CEU han lanzado el Máster en Verificación Digital, Fact-Checking y Periodismo de Datos. El precio es de 12.500 euros.
Desde lentes más críticas, como las de la academia, al acto aparentemente carente de ideología o política de conectar al alumnado con empresas privadas se le denomina de muchas formas, como datificación. Bajo esta perspectiva, el aprendizaje personalizado supone la culminación de la vigilancia sobre los estudiantes (que se remonta hasta 1950) e implica entender la educación como un dominio para la extracción de datos. De este modo, los proveedores comerciales de plataformas educativas reinventan el espacio, el tiempo y la organización de los procesos educativos para ajustarlos a sus intereses de negocio. Los estudiantes son enmarcados como consumidores perfectos de las empresas tecnológicas, quienes aspiran a convertirse en los trabajadores o “empresarios creativos” del futuro.
Según el dogma neoliberal, este es uno de los propósitos centrales de la educación pública: la producción de capital humano para uso industrial que asegure el avance científico y tecnológico de las corporaciones. La educación es el “principal motor económico”, como señalaba la ministra de Educación recientemente. Cuando la enorme cantidad de datos recopilada por las empresas permite crear perfiles individuales de los niños y niñas desde edades tempranas, el proceso educativo se convierte en salvaje carrera hacia el mercado laboral.
Difícilmente serán los centros educativos públicos, azotados por décadas de recortes, quienes logren adaptarse a esta competencia y diseñen sus currículos para la nueva época, por mucho que introduzan las tecnologías de Google o Microsoft. Más bien, estos serán entendidos meramente como espacios para acumular datos y entrenar a las mismas máquinas que prestarán servicios a los colegios privados. Los primeros, que formarán a los trabajadores precarios del sector servicios, dejarán de ser necesarios mientras aumenta la brecha con los colegios que preparan a los futuros gerentes de las empresas del IBEX y les asignan un puesto bien remunerado segúnl análisis de los datos extraídos durante 25 años.
No es otra cosa que camuflar y hacer invisible la jerarquía entre clase desde los tres años. Es lo que se esconde en el discurso –también de este Gobierno– en materia educativa.
