PSOE y Unidas Podemos vuelven a chocar en el ámbito económico. En esta ocasión, los socialistas no parecen dispuestos a dar su apoyo a una propuesta de los morados sobre la participación de los trabajadores en los Consejos de Administración de compañías que cotizan en bolsa y que tengan 50 personas o más en plantilla, según explica infoLibre. Se trata de una enmienda que los de Pablo Iglesias han hecho a la Ley de Sociedades de Capital para que empleados y empleadas puedan controlar un mínimo del 10% del accionariado.
“La implicación de los empleados en los asuntos de una empresa puede adoptar la forma de información, consulta y participación en el consejo” o “formas de participación financiera, en concreto con la posibilidad de que los empleados se conviertan en accionistas”, se explica en el texto de UP que, en principio, será rechazado por el PSOE.
Se debate así en torno a una de las peticiones históricas de determinados sindicatos: la participación de los trabajadores en las decisiones de las corporaciones, es decir, una mayor democracia en el ámbito empresarial: “Otra perspectiva que cobra cada vez más fuerza en el ámbito de la gobernanza corporativa […] sostiene que implicar a las personas trabajadoras en las decisiones que les afectan no solo legitima y hace más justas estas decisiones, sino que las mejora en calidad”, explica Sara Lafuente, investigadora en el Instituto Sindical Europeo.
La reflexión de Lafuente forma parte del capítulo que firma en el libro Repensar la economía desde la democracia, editado por la Fundación 1º de mayo y la editorial Catarata. En los diferentes textos que componen el volumen se reflexiona sobre las formas de participación de los trabajadores en el ámbito empresarial, “una de las mayores aspiraciones desde una perspectiva del interés social de la economía”, en palabras del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
En su artículo, Sordo señala que en la mayor parte de los países de la UE “la participación de los trabajadores en los consejos de administración es una cuestión muy relevante”. De esta forma, 17 de los 28 Estados miembro garantizan algún tipo de poder empresarial a los sindicatos, ya sea mediante la participación en los Consejos de Administración de las compañías o a través de otras formas. Es el caso de Alemania, cuyas leyes fijan desde los años 50 la participación de los representantes de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas, tanto públicas como privadas, que tengan más de 500 trabajadores.
Corrupción en el Consejo
Sindicatos como CGT y CNT, sin embargo, no creen que la cogestión empresarial sea la fórmula ideal para favorecer los intereses de los trabajadores. “Los derechos sindicales se luchan, porque es la única manera de conquistarlos”, defiende Toni Soler, secretario general de CNT Catalunya. Los anarcosindicalistas de la CGT, por su parte, consideran que, en un Consejo de Administración de una empresa, “las cartas están marcadas de antemano”, por lo que por mucho que los trabajadores cuenten con un voto, este va a ser “irrelevante”.
Por el contrario, creen que la participación de los sindicatos en determinados órganos de gobierno empresarial genera “una amenaza grave de corrupción” en lugar de un mayor control. Ponen el ejemplo de la representación que Comisiones Obreras y UGT tenían en el Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia: “¿De qué sirvió? Era una empresa que hacía las cosas igual que el resto, despidiendo a los trabajadores de manera masiva”, señalan.
La realidad es que el paso de CCOO y UGT por el consejo de la caja y el banco tiene más sombras que luces. Así, entre los miembros de ambos sindicatos gastaron más de un 1.150.000 euros con las tarjetas black de ambas entidades —casi 800.000 euros por parte de los de CCOO y más de 365.000 por parte de los de UGT—. El que fuera consejero en representación de Comisiones Obreras, Francisco Baquero, se encuentra entre las cinco personas que más gastaron con la tarjeta opaca: solo él dilapidó más de 266.000 euros.
Gracias a los votos de Baquero y su mujer, María Jesús Paredes, también consejera de CCOO, el Partido Popular pudo colocar a Miguel Blesa al frente de la entidad en 1996. De acuerdo con Vozpópuli, quienes apoyaron esta operación —entre los cuales también se encontraba el diputado de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín— fueron de los más agasajados respecto al cobro de este dinero negro. Cifras que contrastan con lo gastado por el también representante de CCOO Juan José Azcona Olondriz, que solo utilizó 100 euros de su tarjeta.
Baquero acabó siendo condenado a tres años y dos meses de prisión y entró en la cárcel a finales de 2018. A tres años fueron condenados también Rodolfo Benito (CCOO) y Gonzalo Martín Pascual (UGT). Otros como Antonio Rey de Viñas (CCOO), Miguel Ángel Abejón (UGT), Juan José Azcona (CCOO) y José Ricardo Martínez Castro (UGT) recibieron una pena de dos o más años.
La actual responsable de Comunicación y Finanzas de CCOO Catalunya, Montse Ros, defiende que para evitar estas situaciones que se dieron en el pasado, es necesario establecer mejores mecanismos de control: “Las personas somos corruptibles y lo que hay que hacer es mirar hacia los países donde esto lleva muchos años haciéndose para ponerlo difícil”, defiende.
La sindicalista cree que la persona que represente a los trabajadores siempre debe estar “vinculada a su trabajo de siempre, luchando junto al resto de compañeros”: “Si nos convertimos en expertos en representación, nos acabamos desvinculando de lo que somos y naturalizando comportamientos nada éticos, como pasó en Bankia”, critica Ros.
