A bordo de embarcaciones precarias como pateras y cayucos, en 2020 llegaron a las islas Canarias más de 23.000 personas, cifra a la que hay que sumar a las fallecidas o desaparecidas en el intento de lograr otra oportunidad en la vida. El año covid ha sido el segundo con más migrantes de este siglo tras una última década con actividad mínima en la llamada ruta canaria. No obstante, este repunte empezó a notarse el año anterior, como confirma Teseida García García (Las Palmas de Gran Canaria, 1974), fiscal de Extranjería de Las Palmas: «Ya veníamos notando una presión migratoria más importante a partir del mes de octubre-noviembre de 2019», apunta.
Teseida García, nombrada hace menos de un año Fiscal Decana de la Sección de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, ha podido visitar los dos campamentos policiales que retienen a los migrantes en su primeras horas en Gran Canaria. Uno de ellos es el ya desmantelado muelle de Arguineguín, del que asegura que si bien «la dignidad de las personas podía estar comprometida», no cree que se «hubiera dado ningún tipo de elemento delictivo». En cuanto al Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, considera que, aunque mejora al anterior, las personas «tampoco están en las mejores condiciones».
La función del Ministerio Fiscal en materia de extranjería se centra en dos ámbitos de actuación. El primero, explica García, es estrictamente penal: «Llevamos toda la investigación de posibles delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, es decir, lo que se conoce popularmente como la inmigración irregular». A esto se le suman la trata de seres humanos y las expulsiones de personas que cometen un delito, detalla.
Luego está la parte de carácter administrativo. Aquí entran los internamientos, las inspecciones de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), las expulsiones de carácter administrativo, la protección de la víctima de trata de seres humanos, y la determinación de la edad de los menores extranjeros, cuya responsabilidad recae únicamente en Teseida García, que avisa: «He tenido chicos que ni por nada del mundo quieren salir de la Cruz Roja porque se encuentran presionados por sus familias para seguir su proyecto migratorio».
Con el levantamiento del campamento del muelle de Arguineguín, la situación migratoria en Canarias entró en el foco mediático. Usted tuvo la oportunidad de visitarlo por dentro y ver las condiciones. ¿Qué recuerdo tiene?
Fui el día 30 de septiembre, mucho antes de que saliera la presión mediática sobre el muelle. Es verdad que ya había habido algún tipo de denuncia de la situación en la que se encontraba el muelle. Pero este lugar siempre ha existido como centro de recepción de llegadas, y mi función realmente no es ir a visitar un muelle de un sitio de llegadas. Es como si fuese a visitar el aeropuerto.
Yo lo que sí tengo que hacer es ver el lugar donde se encuentran personas que están pasando tiempo y que, además, están privadas de libertad. Concretamente los CIE. Pero decidí ir a Arguineguín porque me llamaba la atención que había denuncias que se estaban presentado de cómo se encontraba en determinados picos de llegadas aquel muelle. Fui porque entendía que también tenía competencias para ir a ver en qué situación se encontraban esas personas, porque había gente que llevaba más de 72 horas.
La situación se debía, por un lado, a que había una situación de pandemia. Se tenían que hacer pruebas de PCR que estaban tardando en obtener los resultados. Y por otro lado, que es verdad que uno puede tener una previsión, pero nadie puede saber la cantidad de gente que te puede llegar en un momento y eso se desborda.
De aquella visita me llamó la atención, en primer lugar, que era un muelle, un muelle de carga y descarga, con lo que significa eso, y que las personas se encontraban en unas tiendas de campaña a ras del suelo. Eso me llamó poderosamente la atención. Es decir, no había ni una tela que separara el suelo de la tienda.
También me llamó la atención que carecían de baños. Cada tienda de campaña, donde podía haber treinta o más personas, tenía un baño. Toda esa gente con un baño químico como los que tienen en las fiestas.
Sin agua. Sin posibilidad de ducha porque era una zona contaminada y únicamente se duchaban los que llegaban al muelle desde la patera. Se cambiaban de ropa, se duchaban, les daban ropa limpia y se acabó.
Pregunté por la comida. Y era bocadillo, bocadillo, bocadillo y bocadillo. Así todo el tiempo.
También se planteó y se dijo que estaban privados de libertad. Pregunté por esa circunstancia. Yo sabía que no estaban privados de libertad, en el sentido de que pasadas las 72 horas, a todos –porque es por ley, es mecánico– se les notifica la libertad. El tema es que, lógicamente, ¿a dónde van? Estaban esperando un centro, que los llevaran a algún sitio. ¿Que podían salir de ahí? A lo mejor ni siquiera tenían conocimiento. Pero, desde luego, lo que yo sí sé es que cualquiera que fuera a buscarlos podían salir y podían irse.
Bueno, yo he estado en el muelle de Arguineguín, y hubo gente que vino a por sus familiares y amigos, y la policía no les dejaba llevárselos. Había orden de no dejarlos salir.
Si eso es así, desde luego, a mí por escrito nunca me llegó. Yo incluso esperaba que alguien me presentara una denuncia. La verdad es que ahí no te puedo decir. Yo lo que sé es que yo hice la inspección y tenía claro, porque veía los papeles, que estaban en libertad. Y otra cosa que yo sí sé es que muchos de ellos se encontraban en un limbo, porque nadie les decía realmente lo que podían hacer o no. Pero en cualquier caso estaban allí, es decir, estaban esperando un centro de acogida, no tenían nada ni a nadie.
¿De quién es la responsabilidad de que esas detenciones superasen las 72 horas?
No, yo no estoy diciendo que hay detenciones. No hay de eso. Que quede claro que no hay detenciones superiores a los 72 horas. Se encontraban allí esperando un recurso. ¿Que de quién es responsabilidad? Pues no sé, quien tenga la competencia para conseguir recursos alojativos.
Creo que debería existir un sistema de acogida inmediato porque la ruta canaria nunca se ha cerrado. No digo que tenga que haber un sistema previsto para 20.000 personas porque nadie puede suponer que vayan a llegar tantas personas de golpe. Pero hombre, que haya un recurso de acogida para un número determinado de personas más o menos amplio, teniendo en cuenta que Canarias es una ruta que nunca se ha cerrado, eso sí considero que debería existir y que debía haber. Por lo menos, eso hubiera aliviado un poco la presión sobre el muelle. No digo que no se hubiese desbordado después a los tres días si siguiesen llegando esa cantidad de gente diaria, pero por lo menos esos primeros momentos en los que el muelle estaba siendo afeado, pues eso no hubiera tenido que existir si hubiera habido un sistema de acogida.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo en una sentencia de 2011 que tener a personas confinadas durmiendo en el suelo sin techo, sin poder ducharse o cambiarse de ropa, sin posibilidad de telefonear, en un lugar masificado, es trato degradante del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Se ha dado trato degradante a las personas migrantes en el muelle de Arguineguín?
Yo entiendo que cuando se habla de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solamente hay que hablar de lo que dice en los fundamentos jurídicos. Hay que ver cuáles son los hechos concretos. Toda sentencia, y más ahí, hace referencia a unos hechos. Entonces, si se hubiera dado los hechos que la sentencia dice respecto a determinadas personas, pues igual se puede aplicar. Pero yo no sé cuáles son los hechos a los que hace referencia la sentencia de 2011. Está claro, y eso lo pongo en mi informe, en el muelle de Arguineguín estaba comprometida la dignidad de la persona.
Ese informe que menciona lo envió al Delegado del Gobierno y al Fiscal General del Estado. ¿Qué ha pasado con él? ¿Se sabe algo?
No sé lo que pasó. Sé que lo envié, porque hasta ahí llega mi competencia. Sé que cuando el campamento se cerró, más o menos por esas fechas, la Fiscalía de Sala de Extranjería comunica conmigo por esa razón. O sea, que tenían conocimiento, pero comunican conmigo a finales de noviembre, antes no sé lo que ha pasado. Yo hice lo que tenía que hacer, que era ir, informar y hacerlo por escrito.
¿Podría haber enviado ese informe al juzgado para que interviniese?
No, no. Nosotros no enviamos los informes al juzgado. Nosotros enviamos los informes que yo tengo que hacer, y luego la Fiscalía decide qué se hace. Por eso se lo envié a la Delegación del Gobierno también. Es decir, yo no hago los informes y los envío al juzgado. Enviamos denuncias.
Entonces, ¿podría haber presentado una denuncia conforme al informe que usted elaboró?
No consideré que era necesario presentar ninguna denuncia. ¿Contra quién?
Denunciando las condiciones de los migrantes que estaban ahí.
El fiscal no denuncia las condiciones, el fiscal denuncia unos hechos del que presuntamente es culpable alguien.
El Ministerio de Interior, que es el que tenía autoridad sobre el campamento.
No, nosotros consideramos que no era el caso. Yo no vi, más allá de que la dignidad de las personas podía estar comprometida, que se hubiera dado ningún tipo de elemento delictivo. Ahora, si los jueces al final deciden otra cosa, pues ahí está.
Yo hubiera actuado a lo mejor de otra manera si hubiera recibido una denuncia de alguien. Eso lo hace el fiscal. Normalmente nosotros recibimos la denuncia, estudiamos y presentamos una denuncia o una querella, y si no la presentamos, todavía queda expedita la vía del particular de presentar una denuncia en los juzgados.
Cuando Arguineguín se desmanteló, se dio paso a otro campamento policial temporal que también ha podido visitar. Aquí también se han visto condiciones precarias y vulneraciones de derechos. ¿Cómo fue su visita a este lugar y qué pudo comprobar?
Fui en diciembre. Sigue siendo un campamento totalmente provisional. Con mejores condiciones que el muelle, obviamente. Ya por lo menos había camas –colchonetas–, duchas. Ya la comida no consistía solamente en bocadillos. Vi abundante presencia médica, y estaban ahí todo el tiempo.
Es verdad que como es un lugar provisional, tampoco están las mejores condiciones. Es decir, aquello es un terreno cedido de manera de urgencia por parte del Ministerio de Defensa, y lógicamente no está pavimentado. No reúne unas condiciones de un CATE como el que puede tener, por ejemplo, Tenerife o Málaga. ¿Que en un futuro lo van a hacer?, pues me parece perfecto, muy bien, pero lógicamente vuelve a ser otro gesto de improvisación.
¿Hasta qué punto son estos lugares necesarios? ¿No hay alternativas mejores?
Yo llevo en esto desde la primera crisis de los cayucos. ¿Cómo es posible que después de aquello, que también tuvimos desbordamientos y además los estándares de exigencia no estaban tan altos como ahora, no hayamos aprendido que se necesitan centros de acogida para realizar las mínimas labores policiales iniciales? Ya no hablo de las acogidas posteriores de recursos y de cosas que se me escapan porque no es mi materia, pero sí de un acogimiento inicial. ¿Cómo es posible que no exista ninguno en la isla de Gran Canaria?
Ahora parece ser que el CATE de Barranco Seco va tener visión de futuro, de permanencia, y que lo van a hacer mejor. Pero vamos a ver si eso es verdad, porque igual nos viene otro pico dentro de cinco años y estamos en la misma. Yo espero que se haga un sitio decente para que las personas pasen sus primeras 72 horas.
En el CATE de Barranco Seco ha habido presencia de menores. ¿Por qué ocurre? ¿De quién es la responsabilidad?
Yo, personalmente, no tengo conocimiento de que haya presencia de menores. Pero eso no quiere decir que no haya existido menores en el CATE. Igual que en el muelle de Arguineguín, en el CIE y en un centro de mayores.
¿Por qué ocurre? Ante una situación de desbordamiento, la duda inicial sobre la determinación de la edad la traslada la policía al Ministerio Fiscal. Una de las funciones de la policía inmediatamente llega la patera es localizar menores para separarlos del grupo porque, al igual que las mujeres, tienen otro circuito.
¿Qué es lo que pasa? Si tenemos una llegada masiva de personas con una patera y otra patera, hay un desbordamiento generalizado del muelle de Arguineguín. Pero después también tenemos otra circunstancia, y es que la duda sobre la determinación de la edad de una persona es muy muy complicada.
Hasta el día de hoy venía siendo que cualquier persona que dijera que era menor de edad se le creyera. Es decir, su palabra era la que valía, más nada. De hecho, eso ha dado lugar a que haya gente de 30 años en un centro de menores. Y a la inversa igual. Una persona que no quiere decir que es menor de edad porque está asustada, o viene en shock o lo que sea, si no dice que es menor de edad –salvo que sea aparente que es un niño– sigue el circuito de los mayores de edad.
¿Qué pasa? Que luego va al CATE, donde hay más médicos, más policías… y a lo mejor habla y dice que es menor de edad. Entonces, desde que pudiera existir un menor de edad, la duda se traslada al Ministerio Fiscal. ¿Puede ocurrir, como he leído, que haya un menor de edad porque tenga un pasaporte? Es que a las personas que llegan no se les hace un cacheo para saber si tiene pasaporte o tiene DNI.
Lo suyo es que inmediatamente se comunique al Ministerio Fiscal que hay un presunto menor con un pasaporte. Porque yo, que soy la que determino la edad de las personas de las cuales se duda, sí puedo decir que con mi conocimiento no se hace ninguna prueba de determinación de edad a todas las personas que vienen con un documento, tanto con un pasaporte, que es el documento básico para que cualquier extranjero pueda documentarse en el exterior, como una carta de identidad. Las cartas de identidad no son documentos válidos para viajar, tú no puedes ir con tu DNI a China. Pero yo sí las considero si tienen garantías de autenticidad, como son todas las marroquíes y las de los países del golfo, que han llegado a un acuerdo para que sean iguales.
Yo he llegado a un acuerdo de buena práctica con Cruz Roja, que es quien administra la mayor parte de los centros alojativos. Ellos me mandan un informe bastante fundamentado, con fotos y con todo, diciéndome qué personas creen que son menores de edad. Yo lo examino, le abro el correspondiente expediente, e inmediatamente lo sacamos de la Cruz Roja y lo mandamos a un centro de menores. También he tenido chicos que ni por nada del mundo quieren salir de la Cruz Roja porque se encuentran presionados por sus familias para seguir su proyecto migratorio.
Entonces, por cerrar este tema, ¿desde el Ministerio Fiscal no tienen constancia de que hayan dormido menores ni el muelle ni en el CATE?
A mí no me llega ninguna denuncia en ese sentido. ¿Que han dormido menores en el CATE y en el muelle? Seguro que sí. Pero te digo que sí porque luego Cruz Roja me comunica que hay posibles menores de edad en sus centros. Pero es que a mí nadie me ha comunicado de forma fundamentada desde el CATE que hay un menor de edad. Si nadie lo dice de inmediato ante la policía, la policía no me va a mandar la duda a mí.
El Consejo General de la Abogacía señaló que, hasta mediados de noviembre, la mayoría de los extranjeros que llegaban no estaban pudiendo tener una entrevista con sus abogados. Eso son miles de personas. Teniendo en cuenta esta falta de asistencia jurídica, ¿es legal todo el procedimiento posterior, como su devolución?
Hay que diferenciar. La asistencia jurídica no es tener un abogado presente allí. La asistencia jurídica tiene que ser una asistencia jurídica de calidad. Es verdad que formalmente se cumple el expediente diciendo »llamamos al Colegio de Abogados que vengan y tal». Eso se hacía. Iban o no iban, pero se llamaba, y estaban los telefonemas [registro de llamadas] de la policía.
¿Qué pasa? Que después de que se hubiera denunciado la falta de asistencia, ya parece ser que los abogados iban y estaban allí presentes y firmaban con ellos la devolución. Punto. ¿Había algún otro tipo de actividad que el abogado podía hacer por esa persona? Seguro que sí, seguro que sí, pero nadie lo hace. Nadie. Hay abogados con muy buena voluntad que sí que lo hacen, y gente que sabe también.
De lo que hablo es que falta un turno de extranjería en el sentido de que haya abogados que realmente sepan de lo que estamos hablando, porque el derecho a extranjería es un derecho muy complicado: el reglamento de extranjería, la ley de asilo, la normativa europea… Entonces, muy bien, hay un abogado notificando el decreto de devolución, se cumple el expediente, pero eso no es asistencia letrada de calidad.
Obviamente, si existe una notificación de un decreto de devolución hecho, con un abogado delante, el procedimiento es legal.
No siempre se ha cumplido que haya un abogado delante.
Porque no iban. Lo que me muestran a mí, porque yo no estoy ahí todos los días, es que hay telefonemas llamando al colegio de abogados para notificar y ya está. Entonces, ¿tú no vas a notificar porque no va el abogado?
Hay casos de migrantes que han intentado salir de Canarias en avión, pero se les ha denegado la posibilidad. ¿Es legal que se les impida viajar?
Aquí no te puedo decir porque son cuestiones que se escapan a mi conocimiento. No sé. Entran directrices, seguramente de carácter administrativo, y yo ahí no puedo entrar.
Pero en condiciones normales una persona puede viajar si tiene el pasaporte. ¿Hace falta algo más?
No lo sé… Ahí se me escapa. Lo normal es que una persona pueda viajar, lógicamente, pero también es verdad que muchas veces uno se encuentra retenido en el aeropuerto y no sabe por qué, porque son cuestiones internas que yo no sé.
Una cosa son los viajes que hacen por su cuenta las personas migrantes, y otra cosa los traslados que hace el Gobierno a la península. En torno a esto existe una enorme opacidad, además de estar muy limitados. ¿Se deberían incrementar las derivaciones, y que estas sean de forma transparente y periódica?
Yo lo que creo es que hay que dar una salida a la situación migratoria que se vive en Canarias. Pero no sé si son opacos o no porque no estoy en ello y no me llega nada. Son cuestiones de carácter administrativo en las que no puedo entrar.
Muchas familias pasan días, semanas y meses sin saber nada de sus seres queridos una vez toman la ruta canaria, y no tienen dónde preguntar. ¿No debería contar España con un punto de información para las familias de personas desaparecidas?
No existe, que yo sepa, obligación de ello.
Eso dijo el Gobierno recientemente en una respuesta parlamentaria: «No existe normativa nacional ni internacional que fije obligación de disponer de punto de información a las familias de los inmigrantes irregulares llegados a España».
Sé que existe un protocolo para actuaciones de temas múltiples que se ha alegado mucho por parte de determinadas oenegés, pero desde mi punto de vista, ese protocolo, que tuve la oportunidad de leerlo en su día, no es aplicable a estos casos. Otra cosa es que se decida que sí, que se debe aplicar. Pues muy bien, pero en principio yo te hablo de lo que hay.
Hablamos del Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. El Gobierno podría aplicarlo para estos casos si quisiera.
Ahí no puedo entrar. Yo me limito a aplicar la ley. Si se cree que se debe hacer pues muy bien, pero tampoco se puede exigir la aplicación de ese protocolo porque no es ley, ni reglamento, ni fuente del derecho. Es lo que se llama soft low. Por eso también el protocolo de MENAS es muy criticado, porque tampoco es ley. Es una manera de actuar que vincula a las personas que lo han firmado.
Pero usted, a título personal, ¿cree que debe existir un punto de información?
Personalmente no te puedo decir, pero creo que esta es una situación muy muy compleja, y no sé las consecuencias que eso conllevaría. A priori parece ser una buena idea, no digo que no, pero no sé las consecuencias que eso lleva, el gasto que supone… No sé, no te puedo decir.
En las últimas semanas han aumentado los mensajes xenófobos y racistas instando a la violencia. ¿A qué achaca estos episodios?
Es normal que ante la situación que se está viviendo ahora mismo en Canarias –entre la crisis económica, la pandemia, la llegada de personas…– todo eso genere episodios xenófobos.
¿Ha habido expulsiones de personas migrantes a raíz de algún incidente?
A mí no me ha llegado ningún informe solicitando la expulsión de nadie, por ahora.
¿Cómo se puede superar esta crisis?
La migración es necesaria y buena, y debe ser ordenada. Ahora vivimos un descontrol total. Las migraciones van a seguir llegando y existiendo porque es consustancial al ser humano. El salir de un lugar donde vives en miseria y con presión es lo más normal del mundo, que tú quieras buscar una vida mejor.
Mientras siga la situación mundial de cómo están redistribuidas las rentas y la riqueza, pues lógicamente migración vamos a seguir teniendo. Eso para empezar.
¿Que esto lo quieren convertir en un lugar como el ya tan mencionado Grecia o Italia?, pues son cuestiones de política de la Unión Europa. Yo no creo que esa sea la solución, pero podría salir alguna forma de redistribuir las personas que se encuentran aquí o proceder a sus devoluciones. Son cuestiones muy complejas de políticas en las que yo no me meto.
¿Cómo están siendo las devoluciones actualmente?
Las devoluciones entiendo que se hacen como siempre, siguiendo los mismos protocolos que la policía tiene. Es decir, se procede normalmente al internamiento de la persona, porque lógicamente en 72 horas es muy complicado realizar una devolución: hay que documentar a esa persona, buscar un billete de avión… Cuando está todo eso preparado se ejecuta la devolución para dejarla en su país de origen.
Ahora mismo se están realizando devoluciones.
Sí, sí. A los países con los que hay acuerdo. Principalmente están siendo a Marruecos, que son las personas que más se están internando.
El Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco lleva un año en segundo plano por el muelle de Arguineguín y todas las llegadas, pero continúa operativo. ¿Qué opinión tiene de estos espacios?
El CIE sé que es muy criticado, pero para proceder a devoluciones y expulsiones es un centro actualmente necesario. Pero no debe ser un lugar para mantener a una persona 60 días sin poderla expulsar. No vale decir »me la quito de la circulación durante 60 días y ya veré qué hago». Porque si tú sabes de antemano que no vas a poder expulsar o devolver, nadie tiene por qué estar dentro del CIE.
También hay que diferenciar la gente que entra en el CIE. Hay gente que entra porque va a ser expulsada o devuelta administrativa, que no ha cometido ningún delito. Y luego también hay gente que va al CIE que ha cometido delito y que desde allí ha cometido delitos. Yo considero que esas personas no deben estar mezcladas.
Durante muchos años no había distinción de unas de otras. Ahora en el CIE de Las Palmas, por ejemplo, solo estaba para gente que llegaba en patera o cayuco. Es verdad que en los últimos años no estaba dándose el caso porque había llegado a un acuerdo con las propias prisiones para expulsar desde allí, pero se ha dado el caso.
