Recientemente ha sido noticia la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales y nulos algunos artículos del Real Decreto-ley (RDL) 13/2014, el cual establecía el rescate financiero del almacenamiento de gas Castor. Las reacciones no se hicieron hecho esperar: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha paralizado los pagos del rescate y los grupos parlamentarios de la oposición han exigido responsabilidades, además de soluciones que no pasen por el bolsillo del ciudadano.
La respuesta del Gobierno, en boca del secretario de Estado de Energía, ha sido que “[el TC] no cuestiona ni la necesidad ni el hecho de que hubiera que extinguir la concesión e hibernar la infraestructura [aunque] sí cuestiona el mecanismo de pago”. Según el ministro de Energía, el TC «critica la forma pero no […] el fondo”. Ocurre que, en este caso, la forma permite intuir cuál es el fondo.
Comencemos por resumir brevemente los hechos1: el almacén subterráneo Castor, situado en el Mediterráneo entre Castellón y Tarragona, fue noticia a finales de 2013 por los seísmos causados por su puesta en marcha, lo cual hizo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ordenase el cese temporal de su actividad. Un año después, el Gobierno español, mediante el RDL 13/2014, aceptó la renuncia de la concesión del almacén de gas Castor y fijó una indemnización de 1.351 millones de euros (M€) para la compañía concesionaria Escal U.G.S, perteneciente en un 67 % al Grupo ACS. La administración de las instalaciones quedó asignada a Enagás, que debía asumir el pago de los 1.351 millones de euros de indemnización a Escal U.G.S. en un plazo de 35 días desde la aprobación del RDL. Para hacer frente a ese pago, Enagás obtuvo el dinero de varias bancos (Santander, Bankia y CaixaBank), que a cambio recibieron el derecho de cobro de la deuda a cargo del sistema gasista. Así, todos los años, en el cálculo de las retribuciones del sistema gasista, una partida de casi 100 millones de euros está destinada a este concepto. Y esos 100 millones, por supuesto, se trasladan a la factura del consumidor final.
De esta sucesión de actuaciones, el TC se centra efectivamente en la forma, en el RDL. Así, mientras que considera que hibernar el Castor con el objetivo declarado de “la necesidad de garantizar la seguridad de personas, bienes y el medio ambiente en el entorno de la instalación” podría justificar usar un RDL, no hay justificación para aprovechar el mismo RDL para establecer el rescate financiero:
“Menos, si cabe, se justifica la necesidad de que la compensación reconocida en aquel precepto legal haya de ser abonada “en un solo pago […] en el plazo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley” (art. 4.2). Ni en el preámbulo del Decreto-ley ni en el debate de convalidación de esta norma celebrado por el Pleno del Congreso de los Diputados, se ofrece explicación alguna de este término perentorio. Nada se dice sobre la necesidad de abonar la suma de 1.350.729 miles de euros en ese plazo de 35 días hábiles a contar desde la entrada en vigor del Decreto-ley. En particular, no se explica qué función cumplee ese plazo en relación con el presupuesto habilitante de la norma de urgencia».
Pero entonces, si el rescate en sí parece que no es inconstitucional, y solo lo es realizarlo mediante RDL, el resultado de haber seguido los trámites constitucionales habría sido básicamente el mismo, ¿no? ¿Tiene entonces razón el Ministerio? Analicemos esto.
Castor fue el primer proyecto financiado bajo la ‘Iniciativa de Bonos de Proyectos’ del Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinada a favorecer la financiación de infraestructuras de gran escala en los sectores de transporte, energía y telecomunicaciones. Y, de acuerdo con las condiciones de emisión de los bonos, si la planta de almacenamiento no comenzaba a funcionar a fecha 30 de noviembre de 2014, se ejecutarían los avales, siendo ACS el principal avalista. Gracias al RDL, ACS tuvo disponibles esos 1.400 millones de euros, pagados por el sistema gasista, para devolver lo prestado. ¿Qué hubiera pasado sin RDL? Que ACS habría tenido que adelantar ese dinero de su bolsillo, pidiéndolo a su vez prestado y pagando unas decenas de millones de intereses, y (posiblemente) habría recibido los 1.400 millones de euros unos meses o años más tarde. Es decir, ACS se ha ahorrado al menos unas decenas de millones de euros a costa de los consumidores de gas natural2.
Comparado con el total que nos va a costar el proyecto Castor, hablar de un detalle de decenas de millones de euros regalados parece ocioso. Sin embargo, este detalle viene a demostrar prácticamente, negro sobre blanco y refrendado por el TC, un patrón que se intuía ya en otros aspectos del proyecto Castor: que los ministerios de energía del momento han legislado poniendo en todo momento el beneficio del empresario muy por delante del de los ciudadanos. Al fin y al cabo, si no es así, ¿cómo se explica que se construyan nuevas infraestructuras gasistas cuando la lucha contra el cambio climático exige que reduzcamos el consumo de combustibles contaminantes como el gas natural? ¿Cómo se entiende que se concediera alta prioridad en la planificación a una infraestructura que, el tiempo lo ha demostrado, no era necesaria? ¿Y que se concediera sin que hubiera competición entre varias empresas? ¿Y que se aceptaran los enormes sobrecostes con respecto al presupuesto inicial de 500 millones de euros? ¿Y, finalmente, que se previeran indemnizaciones a la empresa incluso en presencia de dolo o negligencia por su parte3?
Nada de eso se entiende sin la enorme connivencia de los gobiernos con grandes empresas, que hacen beneficios a través de operaciones como esta, que son perjudiciales para el bienestar de la población. Es por esto que es tan relevante la reciente iniciativa promovida por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya: se trata de una querella criminal contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, y contra varios exministros de la época de Zapatero y de la primera legislatura de Rajoy, por sus responsabilidades en el proyecto Castor. Entre los delitos a juzgar están los de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. Es deseable que esta acción ciudadana coordinada prospere. Primero, por el ahorro económico que supondrá para los ciudadanos; segundo y más importante, porque puede ser un paso más hacia un nuevo modelo energético libre de grandes infraestructuras, de oligopolios y de fuentes de energía emisoras de CO2.
José Luis Velasco es doctor en física, investigador y miembro del Observatorio Crítico de la Energía
Notas:
