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Querella contra Florentino Pérez y cinco exministros por el almacén de gas Castor

Varias organizaciones civiles acusan al presidente de ACS y los cinco políticos de un posible delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública.

Florentino Pérez, presidente de ACS. Foto: Fernando Sánchez.

Carlos Frías

27 febrero 2018 Una lectura de 5 minutos

Una serie de plataformas ciudadanas han presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional por el caso del almacén de gas Castor, el proyecto de ACS, el grupo de construcción y servicios dirigido por Florentino Pérez, para guardar este combustible a 22 kilómetros de la costa. Además del presidente y máximo accionista de ACS, el escrito va contra cinco exministros, un exsecretario de Estado y el presidente de la concesionaria Escal, Recaredo del Potro, por presunta prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos. La querella se registró el pasado jueves 23 de febrero y está a la espera de ser aceptada a trámite.

En concreto, las asociaciones querellantes como acusación popular son el Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el proyecto activista Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC). Aunque la ‘doctrina Botín’ (en la cual la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a alguien) pueda dejar su iniciativa en un mero hecho simbólico, las tres organizaciones se ven «claramente legitimadas» en su acción ya que «los hechos denunciados han supuesto la asunción de una importante deuda por parte de los consumidores españoles».

Su escrito afecta a los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, Magdalena Álvarez, José Manuel Soria y Elena Espinosa. También al ex secretario general de Energía, Ignasi Nieto, y a Juan Cotino, exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

La querella llega después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara nulo el procedimiento por el cual el Estado indemnizó a Escal, de la que ACS es propietaria de dos tercios del capital desde 2007, con 1.350 millones de euros por el fracaso del proyecto. Esta decisión del TC sólo anula el artículo 4 del real decreto por el que el Gobierno de Mariano Rajoy compensó a la empresa en 35 días, ya que no considera que hubiese “urgente necesidad”.

En concreto, la denuncia considera que hubo malversación en la compensación por el Castor dado que se repercutió en los costes regulados del sistema (puesto que se incluyó en el recibo del gas), que se considera como caudal público.

Por otra parte, Magdalena Álvarez está incluida en la querella porque desde el Ministerio de Fomento modificó una serie de límites marítimos entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el fin de que la concesión sólo afectara a este último territorio. Este último presunto delito prescribiría el próximo 5 de marzo, lo que explica la «urgencia a la hora de presentar la querella», según explicaron representantes de las organizaciones en la rueda de prensa.

Por todos estos motivos, los querellantes entienden que el fallido proyecto Castor es uno de los «fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético español».

El proyecto Castor se concibió para reconvertir un antiguo almacén de petróleo a 22 kilómetros de la costa en uno de gas. La planta contaba con tres elementos: una plataforma marítima con 12 pozos, una planta de operaciones en tierra y un gasoducto de más de 30 kilómetros para transportar el gas.

Un informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT), relacionó las inyecciones de gas con una serie de seísmos producidos en 2013, por lo que se decidió que no se reabriese la planta. Sin embargo el documento exculpaba a la constructora —y a las Administraciones— al asegurar que no se podía prever ese fenómeno con los “estándares” de la industria de entonces, aunque pide que se cambien dichos baremos.

Actualizado el 28/02/2018 a las 19:15. La primera versión de este artículo situaba por error a la organización ACDDH como parte querellante, en lugar de a IDHC.

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Comentarios

Rodrigo Rata dice:

03/06/2018 a las 13:24

Me parece muy bién, pero como el fiscal séa del PP o del PSOE (A los datos me remíto), ¡Carpetazo al canto!

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María R. dice:

05/03/2018 a las 19:22

Mi sincero agradecimiento a las Asociaciones querellantes como acusación popular: Observatori del Deute en la Globalització, a XNET, y al Institut de Drets Humans de Catalunya.
Hay muchas resistencias y resistentes a quienes debemos agradecimiento y apoyo.

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P. González dice:

28/02/2018 a las 18:56

Me parece oportuna y muy necesaria la presentación de esta querella.
Es más, pienso que sería bueno dejarnos participar en ella a aquellos ciudadanos que lo deseemos mediante la apertura de una suscripción popular (y voluntaria) para aportar los fondos necesarios para sufragar los gastos de letrados y procuradores.
Eso nos implicaría a muchos y podría servir de barómetro de la indignación de los ciudadanos y acicate para interesarnos por la marcha del asunto.
Por lo que deduzco, se trata de una querella criminal y, al menos de momento, se elude la presentación de una demanda civil que resultaría a todas luces inasumible, tanto por la astronómica cuantía de las fianzas que se podrían exigir, como de las indemnizaciones que hubieran de afrontar los demandantes si los tribunales así lo decidieran.
Estaré atento por si se inicia esa «suscripción popular» y prometo aportar lo que buenamente pueda, que no será mucho, pero me dará una gran satisfacción.
Debiéramos de algún modo intentar frenar este tipo de saqueos y meter el miedo en el cuerpo a los saqueadores, los cómplices y los consentidores que con sus informes u omisiones permiten estas tropelías.
Saludos.

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