Dos años de criminalización de la protesta

MADRID// “Listas negras. Multas por protestar. Cárcel por resistencia pacífica. Cuando haya desaparecidos será tarde para moverse. #CazaDeBrujas“. Este tuit, publicado por el Bufete Almeida este jueves, resume la sensación que una parte de la población tiene respecto a las reformas del Código Penal  y al anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el Ministerio del Interior.

Desde que se conoció la intención de introducir modificaciones en la legislación española, la opinión pública ha comenzado a debatir acerca del retroceso en materia penal que podría suponer la aprobación de ambas reformas. Cuestiones como la prohibición de grabar o fotografiar a los policías en espacios públicos mientras desempeñan su trabajo o considerar un delito protestas como Rodea el Congreso han sido objeto de polémica durante estos últimos días. Pero, aunque haya surgido ahora la intención de legalizar la criminalización de algunas conductas de protesta popular, lo cierto es que las multas, denuncias o encarcelamientos de sus participantes ha sido habitual desde que Mariano Rajoy accedió a la presidencia del Gobierno.

Este jueves la delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha informado a través de su cuenta de Twitter que la Policía Nacional había a 14 personas “de extrema izquierda“ (cifra que, de momento, se ha elevado a 17) que participaron en “el ataque“ a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el pasado 20 de noviembre. Sin embargo, según han publicado en el diario El Diagonal, algunas estas detenciones pueden estar relacionadas con la pancarta que varias activistas desplegaron en defensa del aborto libre el pasado 17 de octubre durante la manifestación de los autodenominados Pro-Vida.

Dos ejemplos de tantos

También en la mañana de este jueves se ha conocido la noticia de la absolución de Feli Velázquez, quien estaba acusada de haber insultado y agredido a un trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid. Después de la vista oral, que tuvo lugar el pasado 27 de noviembre en los juzgados de Plaza Castilla, Velázquez explicó a La Marea que ella, junto con otros activistas, habían acordado una reunión en la EMV “que gestionó la directora del Instituto de la Mujer con el consejero delegado de Vivienda. Cuando quisimos entrar al EMV un señor se puso delante de mí, me agarró de las muñecas, aunque al final pasamos porque se tuvo que apartar“.

El objetivo de esta reunión era tratar de paralizar una orden de desahucio contra dos mujeres maltratadas. Feli Velázquez explicaba el marido de una de ellas estaba en la cárcel, “pero el desahucio suponía garantizarle que podía hacer con su mujer lo que quisiera si lo dejaban en la calle“. El trabajador de la EMVS, en su intento de impedirles el paso, agarró de las muñecas a Velázquez y forcejeó con ella unos instantes hasta que, por fin, dejó pasar a todo el grupo. “Ese señor se tenía que haber limitado a ver el papel en el que se documentaba que teníamos una reunión. Además, nos consta por el Instituto de la Mujer que ese señor sabía que teníamos una reunión con el consejero“, explicaba la demandada.

Durante la vista oral, el abogado de la EMVS pidió que se condenara a Velázquez pagar una multa de 20 euros durante 20 días, que, según aseveró la demandada, no iba a satisfacer en caso de resultar condenada porque no tenía dinero para abonar tal cantidad. Por otro lado, la abogada defensora argumentó que no hubo ni agresiones ni insultos por parte de Feli Velázquez quien, a pesar de ser la acusada, lo que más lamentó fue que el testigo que presentaron los denunciantes fuera un miembro del comité de empresa perteneciente al sindicato CSIF. “¡Vergüenza le debería de dar no ponerse al lado de los que están sufriendo cuando a él lo van a despedir!“, se quejaba. Finalmente, el juicio se ha saldado con la absolución de Feli Velázquez y la obligación dela EMVS de pagar las costas legales, que correrán a cargo de las arcas municipales; es decir, de los habitantes de la ciudad de Madrid.

Entre los que asistieron a la concentración de apoyo que se organizó a las puertas de los juzgados estaba Javier (no quiso dar su apellido), un parado de larga duración cuya presencia en las manifestaciones o actos de protesta es habitual. Javier explicó a este diario que está pendiente de la resolución de un juicio contra él. Se le acusa de atentado de autoridad, de haberse saltado dos cordones policiales y de haber roto el cristal de un autobús de la EMT, por lo que se ha solicitado una multa de 2.000 euros.

Según explicaba Javier, los hechos tuvieron lugar durante la huelga general convocada el 14 de noviembre del pasado año. “Fui con algunos a las cocheras de la EMT a informar sobre la situación. Empezaron a sacar autobuses y les dijimos que hicieran huelga, que había muchas personas sin trabajo y que la huelga se hacía para que se repartiera el trabajo entre todos“. Javier asegura que, mientras discutía con los conductores de autobús, cinco policías se tiraron encima de él y, después de que uno de ellos le clavara la rodilla en las costillas, lo esposaron. “Tuve que ir al hospital para que me dieran un parte de lesiones. Y, encima de que me agreden, me acusan de atentado contra la autoridad“.

Hostigamiento habitual

Estos casos no son aislados. El 27 de octubre de 2012 la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid abrió un expediente administrativo a alrededor de 300 personas por participar en una manifestación no autorizada para protestar contra las medidas económicas del Partido Popular. Otras 25 personas fueron detenidas durante la manifestación Rodea el Congreso que tuvo lugar el 25 de septiembre también del año pasado. Se les imputó un delito contra las altas instituciones del Estado, ya que, según argumentaron, habían intentado invadir con violencia o intimidación la Cámara de los diputados.

Además, han sido varias las plataformas de activistas que han denunciado a diferentes gobiernos regionales por la existencia de “listas negras“. El pasado mes de febrero, alrededor de 50 personas afines al movimiento 15M en Granada solicitaron en la Subdelegación del Gobierno sus expedientes policiales. Después de que haber recibido un total de 147 multas (que, según la portavoz de la plataforma ascendían a casi 50.000 euros) a aquellos que habían participado en manifestaciones o actividades para frenar desahucios. Dado que todas ellas fueron interpuestas por identificación visual, los activistas denunciaron que sospechaban que la policía tenía listas negras mediante las que pretendían criminalizar los actos de protesta.

En Madrid se logró dar un paso más el pasado mes de julio. En septiembre de 2012, varios agentes de la Policía Nacional interrumpieron una asamblea ciudadana en el parque del Retiro e identificaron a los participantes. Este hecho generó cierto malestar entre los presentes que se agudizó cuando Cristina Cifuentes afirmó tener localizado a un grupo de alrededor de mil personas que “son los que provocan todos los incidentes“.

Unos días después, los asamblearios decidieron interponer una denuncia conjunta en un juzgado de instrucción de Madrid que archivó la causa. Sin embargo, la Audiencia Nacional ordenó reabrirla para investigar si hubo una vulneración del derecho fundamental de reunión, por un lado, y qué se hace con los datos de las personas identificadas por otro.

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