La mayor catástrofe ambiental en la historia de España se salda sin culpables. Once años después del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas, la Audiencia Provincial de La Coruña ha dado a conocer este miércoles la sentencia, que absuelve a todos los acusados de los delitos contra el medio ambiente y exime al Gobierno de responsabilidad en el suceso.
El juicio sólo sentó en el banquillo al capitán del barco, Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; y al exdirector general de la Marina Mercante del gabinete de Aznar, José Luis López Sors. El primer oficial del barco, Ireneo Maloto, también fue imputado pero nunca fue localizado. A los tres primeros, se les imputaron presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia-resistencia; y a López Sors, el único cargo político encausado, un supuesto delito contra el medio ambiente y daños.
La sentencia absuelve a los dos tripulantes acusados, al concluir que el fallo estructural del barco fue por culpa de un mantenimiento deficiente que fue ocultado por la empresa propietaria a la tripulación. “La debilidad estructural tiene su origen en una revisión deficiente de unos astilleros chinos, y no puede tener relevancia en este juicio a no ser que fueran conocidas por los acusados, un hecho del que no hay ninguna constancia”, señala en referencia a los miembros de la tripulación imputados. “Resulta difícil que el capitán no avisara del Estado del buque si podía correr peligro su propia vida y la de su tripulación”, indica.
El tribunal asegura que las inspecciones de control sobre el estado de la embarcación resultaron insuficientes, y atribuye esa responsabilidad a la sociedad estadounidense American Bureau of Shipping (ABS) -una «empresa privada que desarrolla una lucrativa actividad», afirma-, que expidió el certificado de navegabilidad del Prestige.
Sin embargo, si que declara culpable al capitán del barco, de 78 años de edad, del delito de desobediencia grave, pues en un primer momento desobedeció la orden de las autoridades españolas de remolcar el barco, argumenta la sentencia, con una motivación económica derivada de que si aceptaba el remolque, el armador debía de pagarlo. Por ello, el tribunal le condena a nueve meses de prisión, de los que se deberá descontar los tres meses que ya cumplió de prisión preventiva.
Varias partes de la acusación, como la Plataforma Nunca Máis, culpaban al exdirector general de la Marina Mercante de la decisión de alejar el buque de las costas, con el consecuente incremento de la extensión de costa afectada por el fuel. El presidente del tribunal, José Luis Pía, ha recordado, durante la lectura de la sentencia, que la primera orden del Gobierno fue alejar el barco de la costa, y que las autoridades ordenaron que el petrolero no se remolcara a tierra. Sin embargo, avala la decisión alegando que los informes presentados en el juicio señalaban la imposibilidad de entrar el barco a los puertos, y porque las condiciones del temporal marítimo que acaecía esos días no permitía remolcar el barco a las proximidades de la costa.
Así, el tribunal indica que “un profesional cualificado, asesorado por profesionales cualificados que le dicen que lo mejor es el alejamiento, teniendo que tomar la decisión de forma inmediata, no se puede calificar de imprudente, al menos desde la perspectiva del derecho penal”. “Todas las decisiones estaban orientadas a salvar vidas humanas, y no hubo ningún herido”, añade.
La aseguradora London P&I Club ha sido condenada a pagar 22 millones de euros en indemnizaciones. Los Fondos internacionales de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (Fidac) ya pagó 115 millones de euros, un dinero que el Gobierno no deberá reponer al haberse esgrimido de responsabilidad a López Sors.
2.900 kilómetros de costa afectados
El fallo constata que el hundimiento del Prestige provocó graves afectaciones medioambientales desde “la desembocadura del río Miño hasta el canal de la Mancha, siendo la costa gallega la más afectada, especialmente a Costa da Morte. Los gastos ocasionados al Estado ascienden 368 millones de euros, 145 millones para la comunidad gallega, y 67 millones para el Estado francés”.
Justo este 13 de noviembre se cumplen 11 años del día en que el Prestige dio la voz de alarma con una vía abierta en su casco, escorado en medio de un temporal. Una vez hundido, vertió a las aguas casi toda su carga, unas 63.000 toneladas de petróleo, mientras el entonces ministro de Interior, Mariano Rajoy, definía la catastrófica fuga como “pequeños hilillos de plastilina”, y el titular de Fomento y responsable de seguridad marítima, Francisco Álvarez Cascos, se iba de cacería. El desastre, recoge la sentencia, provocó la llegada a las playas de 170.000 residuos, afectando a 2.900 kilómetros de costa y 1.177 playas.