Un hombre se manifiesta contra los desahucios frente al Congreso, en una imagen de archivo. FERNANDO SÁNCHEZ
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU vuelve a condenar a España por vulnerar el derecho a la vivienda. Los afectados, ahora, son Josefina Hernández y Richard Rodríguez, una pareja con tres hijas que ha esquivado el desahucio hasta en nueve ocasiones. El dictamen de la ONU obliga a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital a pagar una indemnización a esta familia y a darle acceso a una vivienda social.
Es la octava ocasión en que la ONU condena a España por vulnerar este derecho básico. Todos los casos afectaban a familias que vivían en Madrid. Los gobiernos local y regional de esta comunidad nunca han cumplido las sentencias impuestas.
Richard y Josefina contaron hoy su caso en la sede del Consejo General de la Abogacía Española. Ambos perdieron su trabajo tras la crisis de 2008. Entonces, según su relato, tuvieron que elegir entre alimentar a sus hijas o pagar el alquiler. Abandonaron ese piso y ocuparon otro que llevaba cuatro años vacío. «Lo hicimos por instinto de supervivencia», ha declarado Richard. El inmueble era propiedad del BBVA, y esta entidad bancaria lo vendió después al fondo de inversión Cerberus.
Esa ocupación es, según los organismos madrileños, la que les inhabilita para acceder a una vivienda social. El comité de la ONU, conocedor de la situación, no opina igual. La familia afectada ha solicitado esa ayuda durante 15 años. Madrid la denegó sistemáticamente.
Dictamen vinculante
Comunidad y/o Ayuntamiento no han cumplido con ninguna de las ocho condenas impuestas por la ONU a pesar de que éstas tienen carácter vinculante. Las familias afectadas deben, por tanto, acudir a los juzgados para reclamar el cumplimiento de estos dictámenes. Estos procesos se alargan durante años y, mientras duran, se siguen ejecutando desahucios.
El derecho a la vivienda está recogido en la Constitución Española en su artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».