El nuevo Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 13 de mayo permitirá que los ERTE por fuerza mayor se puedan prorrogar hasta el 30 de junio. Sin embargo, no podrán acogerse a esta prórroga ninguna empresa que tenga su domicilio en paraíso fiscal. La medida –muy celebrada por determinados sectores que vienen pidiendo mayor justicia fiscal–, sin embargo, tiene ‘trampa’. Según ha explicado el Ministerio de Trabajo a este medio, el Real Decreto se refiere a «empresas y entidades» cuyo domicilio fiscal esté radicado en este tipo de lugares, pero no dice nada de sus filiales.
«Ninguna de las grandes empresas que operan en el país tienen su sede en un paraíso fiscal, entonces no se van a ver afectadas por esto«, explica Ricardo García, miembro de la junta directiva de Attac España. Lo que sí tienen son compañías filiales en estos territorios. Según Oxfam Intermón, 30 de las 35 multinacionales que conforman el IBEX suman más de 800 filiales paraísos o nichos fiscales.