El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha denunciado que el Gobierno pretende “retorcer la democracia” con su intención de establecer la elección directa de alcaldes, de manera que gobierne la lista más votada. Por ello, IU ya ha anunciado que impulsarán mociones contra esta propuesta en los ayuntamientos.
Desde la organización señalan que, si se tomaran en cuenta los datos de las pasadas elecciones municipales, la mayoría de los ciudadanos de las capitales de provincia no habrían elegido a su alcalde. “El objetivo es mantener alcaldías aunque no se tenga la mayoría de votos”, ha resumido.
Lara alerta de que con esta medida el PP pretende “mantenerse en el poder a costa de lo que sea”, en lugar de avanzar en transparencia y democracia. También ha defendido el sistema electoral de los municipios, que considera “representativo de la voluntad popular”. “Las coaliciones se producen en función de programas y de este modo se elige a un alcalde que representa a las mayorías”, ha enfatizado.
Además, IU está elaborando un documento sobre “regeneración democrática” que se discutirá “socialmente en todos los niveles”, con el objetivo de presentarlo en el Congreso como iniciativa parlamentaria. Entre las medidas, destacan los principios de rendición de cuentas, de exigibilidad de cumplimiento del programa o de revocabilidad de cargos del Gobierno.
«Las siglas tienen un valor muy importante»
Por otro lado, Lara ha denunciado también la aprobación el pasado viernes, en Consejo de Ministros, de un Real Decreto de 172 páginas mediante el que el Gobierno ha aprobado decenas de medidas sin pasar por el Congreso. Para la federación, Rajoy busca con esto “limitar el debate parlamentario”.
Preguntado por las palabras del diputado Alberto Garzón, quien en una entrevista publicada en El Mundo ha afirmado que estaría dispuesto a cambiar el nombre de su organización para converger con el resto de la izquierda, Lara ha afirmado que IU “en este momento no está cuestionada por nadie”.
El coordinador federal ha asegurado que “las siglas tienen un valor muy importante”, pero que, en cualquier caso, el debate está girando en torno a los proyectos. “Lo que hablamos es de construir una convergencia política y social contra políticas neoliberales”, ha zanjado.
Documento base sobre regeneración democrática y Democracia Avanzada
IU ha esbozado algunas de las líneas generales de este texto, que está previsto que se discuta a nivel de base para acabar llevándolo al Congreso en forma de iniciativa parlamentaria. Las propuestas son:
1- Elaboración de un Estatuto del Cargo Público, con los siguientes contenidos:
a) Principio de rendición de cuentas periódica
b) Principio de exigibilidad de cumplimiento del programa
c) Principio de revocabilidad de los cargos de Gobierno
d) Principio de suficiencia de recursos, que garantice a los grupos municipales o parlamentarios la subvención necesaria para cumplir su papel
e) Principio de incompatibilidad tanto durante su mandato como con posterioridad
f) Rewforma del régimen de aforamiento, de modo que el privilegio no cubra delitos relacionados con la actividad pública o privada
2- La reforma del funcionamiento y el reglamento del Congreso:
a) Que en cada periodo de sesiones cada grupo parlamentario pueda invitar al pleno a una organización social o sindical
b) Que las comisiones del Congreso estén abiertas a la participación de organizaciones sociales, ciudadanas y sindicales
c) Que se retiren las vallas del Congreso de los Diputados y se permitan las manifestaciones
d) Que se reduzca el número de firmas para presentar una ILP y sea posible la defensa de la misma por sus promotores
3- Reforma de algunas leyes:
a) Ley de Contratación con las Administraciones públicas.
b) Ley Electoral para garantizar el mismo peso para cada voto.
c) Ley de Financiación de Partidos Políticos para regular estrictamente las ayudas privadas de personas físicas o jurídicas
d) El Código Penal para tipificar y ampliar las penas a corruptos y corruptores.
e) Ley General Tributaria para que la Administración se dote de los recursos legales y humanos para combatir el fraude y la economía sumergida