MADRID // El paro en España ya supera el 25% de la población activa, la tasa más alta desde la reinstauración de la democracia. La sangría no cesa. En los últimos cinco años, España pierde puestos de trabajo un mes tras otro. Entre julio y septiembre, el paro volvió a aumentar en 85.000 personas, a pesar de las presuntas bondades del verano como motor de empleo.
Este nuevo crecimiento, publicado hoy por el INE en la Encuesta de Población Activa (EPA), eleva hasta 5.778.100 el número de desempleados y sitúa la tasa de paro en el 25,02%. Es decir, uno de cada cuatro españoles no tiene trabajo.
Sin embargo, el Gobierno rechazó esta tarde la idea de que la reforma laboral, puesta en marcha la pasada primavera, no solo no da los resultados esperados, sino que más bien contribuye a empeorar la situación en el mercado laboral. «La reforma laboral tiene como objetivo frenar la destrucción de empleo en esta crisis», insistió la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este viernes.
Precisamente, el Gobierno ha aprobado hoy unas medidas complementarias a la reforma laboral. Para la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también hay datos esperanzadores en el estudio de la EPA. «Se está invirtiendo la tendencia, ya que disminuye la destrucción de empleo en el sector privado». Efectivamente, en el aumento del paro pesan más los recortes en la administración pública. “En las últimas Encuestas de Población Activa, el empleo público compensaba los datos negativos del sector privado. Ahora, este efecto amortiguador desaparece”, comentó en una nota Àngels Vals, docente de la escuela de negocios ESADE.
Sáenz de Santamaría sufre con los desahuciados
Respecto a los desahucios que han provocado incluso suicidios, Sáenz de Santamaría aseguró que se mete en la piel de las familias que sufren la pérdida de sus casas “y pienso lo que tiene que ser esto”. Dijo que el Gobierno está a la espera de ver un informe sobre la eficacia del código de buenas prácticas para la banca que pretendía evitar los dramas sociales de los desahucios. Si los resultados no son satisfactorios, el Gobierno va a dar “una nueva vuelta” a este código, según la vicepresidenta.
Además de los retoques a la reforma laboral, el Gobierno aprobó una serie de medidas con el fin de atajar las prejubilaciones en las grandes empresas para que no perjudiquen al erario público. Las grandes empresas -con más de 100 empleados y con beneficios- deben reembolsar al Estado el coste de las prejubilaciones de trabajadores de más de 50 años.