‘Operación Cataluña’: una operación de Estado que pone en peligro al Estado

Este artículo se ha publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo aquí en catalán.

Todo el mundo sabía que el Rey era un comisionista, aunque no podía decirse en voz alta. Todo el mundo sabía que los GAL practicaban el terrorismo de Estado, aunque no quisiera admitirse. Y si M. Rajoy fuese Mariano Rajoy tampoco sorprendería a nadie. Pero el expresidente Rajoy es también campechano y, lo más importante, es una figura demasiado importante para caer.

Tres cuartas partes del mismo había pasado hasta ahora con la llamada ‘Operación Cataluña’, el nombre por el que se conoce el entramado policial, judicial y político que, presuntamente, habría fabricado pruebas falsas para incriminar a diferentes líderes del movimiento independentista. Como decía Jordi Pujol –quien, por cierto, nunca ha terminado de entrar en prisión–, «si vas desbrozando la rama de un árbol, al final cae toda la rama». En esta perturbadora metáfora naturalista del expresidente, la rama son aquellas personas que velan por la protección del Estado. El Estado, por supuesto, es el árbol.

Los «enemigos» del Estado siempre han sido los mismos desde la constitución del Estado liberal que nace durante la invasión napoleónica: comunistas, anarquistas, republicanos e independentistas. Pero de comunistas quedan pocos, y de anarquistas menos. En las últimas décadas han sido los herederos políticos de la tradición de izquierdas –hoy reconvertidos en socialdemócratas – y, sobre todo, los independentistas catalanes y vascos, quienes más han sufrido las represalias antidemocráticas del deep state.

Ahora, una carambola del destino –y la voluntad de un juez de instrucción de hacer su trabajo–, han abierto un resquicio para investigar y, con muchísima suerte, exigir responsabilidades, a una de estas acciones de las cloacas del Estado que, si bien ya son habituales, deberían hacer saltar todas las alarmas.

Qué sabemos de la Operación Cataluña, y qué se investiga ahora

El inicio de esta nueva empresa estatal vio la luz a raíz de unos audios publicados en El Món donde se podía escuchar a Alicia Sánchez-Camacho –la exlíder del Partido Popular en Cataluña– sugiriéndole a José Manuel Villarejo que se debería «actuar» sobre un listado de personas vinculadas al independentismo con dos objetivos en mente: debilitar el movimiento independentista, y evitar la mayoría absoluta de CiU en las elecciones autonómicas del 2012. Algunas de estas personas son el exlíder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida; Carles Sumarroca, el entonces presidente de la patronal FEMCAT, supuestamente cercano a Oriol Pujol; Jaume Giró, entonces director general adjunto de CaixaBank y posteriormente consejero de Economía y Hacienda con el gobierno de Aragonès antes de que Junts per Catalunya saliera del gobierno; Enric Lacalle, exdiputado y exconcejal del Partido Popular, al que Camacho vinculaba con CiU, entre otros.

Resulta que uno de esos otros es el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, quien, después de pasar dos años en prisión preventiva y de ser absuelto por falta de pruebas, ha decidido emprender la guerra por su parte y denunciar la Operación Cataluña en la justicia. Después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo rechazaran estudiarlo, finalmente fue el juzgado de instrucción número 13 de Madrid quien se tomó el asunto con la seriedad que le corresponde. Recordemos que Villarejo, en una entrevista en TV3 en mayo de 2022, aseguró que el Estado premió a Carmen Lamela (la juez que primero envió a los líderes independentistas a la cárcel) con un ascenso laboral al Tribunal Supremo por haber conseguido encarcelar a Sandro Rosell.

Ahora bien, que nadie espere que este caso desvelará toda la verdad del entramado de la Operación Cataluña. Es poco probable. La investigación deberá centrarse exclusivamente en los hechos que afectan directamente al denunciante. Sin embargo, eso no quita que se haya abierto una rendija esperanzadora. En el hipotético caso de que se avance en la investigación, el propio juez –o la Fiscalía–, podrían abrir nuevas piezas que ampliaran la investigación. Material hay sobra, pero también se requiere de valentía. Mucha valentía.

Las cloacas son el verdadero enemigo del Estado

Los Estados son estructuras antidemocráticas. Lo son principalmente por la evolución histórica de los Estados, que preceden en mucho al desarrollo de las democracias representativas. Al Estado le desagrada la luz porque expone su funcionamiento, pero el Estado no será plenamente democrático hasta que cada uno de estos rincones de oscuridad sea desmantelado. Los enemigos del Estado –argumentan desde las cloacas–, dan sentido a la existencia de los «protectores» del Estado: «Porque hay enemigos del Estado, las cloacas son necesarias» es el razonamiento que planea de fondo. Parecen no darse cuenta de que son ellos quienes precisamente ponen en peligro al Estado. Sin ir más lejos, son estas actitudes y comportamientos ilegales los que alientan gran parte del movimiento independentista y refuerzan el sentimiento nacionalista catalán. Creen que están quemando los pastos cuando en realidad los están abonando.

A menudo se trivializa sobre el aspecto e imagen de estos personajes, que, como Villarejo, se vinculan con el imaginario anacrónico de esa España «de charanga y pandereta» a la que aludía Machado. El problema, aquí, es que en ese silencio cómplice no participan sólo los integrantes de la rama que Jordi Pujol quería proteger. No es una cuestión exclusiva de un grupo de policías fascistas con complejo de Torrente. Forman parte los grandes medios de comunicación y los principales partidos políticos del país. Pero también mucha gente normal y corriente que, presa del temor al que ha estado expuesto desde cadenas sensacionalistas y de políticos alarmistas, prefiere mirar a otro lado.