Crónicas | Política
La justicia es (casi) igual para todos, menos para el rey
La inviolabilidad del rey, recogida en la Constitución, impide que Juan Carlos I haya sido juzgado por presuntos delitos fiscales.
“La Corona debe (…) velar por la dignidad de la Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social. Porque, solo de esa manera, se hará acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos”.
Es un extracto del discurso pronunciado por Felipe VI ante las Cortes Generales en junio de 2014, durante su proclamación como jefe del Estado. Y es el mismo extracto que la Casa del Rey incluyó en el comunicado emitido el 15 de marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia, tras las publicaciones de los escándalos financieros en los que supuestamente estaba envuelto su padre.
Del padre, del rey emérito Juan Carlos, se recuerdan aún las palabras pronunciadas durante su discurso de Navidad en 2011, referidas esta vez a Iñaki Urdangarín, que fue condenado posteriormente por el caso Noos: «Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”.
Los últimos acontecimientos judiciales desmienten por enésima vez esa afirmación, corroborada por la propia Constitución, que recoge la inviolabilidad del monarca, es decir, el rey no puede ser juzgado por los supuestos delitos que pueda cometer durante su reinado. Dicho de otra manera: la justicia es (casi) igual para todos menos para el rey.
El archivo de todas las investigaciones en torno a la fortuna de Juan Carlos de Borbón por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo se debe a tres motivos: algunos de los supuestos delitos que se pretendían juzgar se cometieron presuntamente en los años de su reinado y, por tanto, están protegidos por esa inmunidad constitucional anacrónica; los supuestos delitos cometidos a partir de 2014, cuando dejó de ser rey, han prescrito; y se salva también de otros supuestos delitos como donaciones de dinero no declaradas a Hacienda al haber realizado su regularización fiscal.
Si la justicia fuera igual para todos, incluido el rey, Juan Carlos I habría sido juzgado por presuntos delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de cohecho. De ese modo, se habría sentado en el banquillo por el caso del AVE a la Meca. La Fiscalía es clara en ese sentido y sostiene que no puede acreditar ni siquiera de modo indiciario que el ingreso de 64.884.405 euros en la cuenta de la fundación Lucum en 2008 sea en concepto de comisión. «Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado que Juan Carlos de Borbón desempeñaba en 2008 y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal”. La justicia suiza ya había archivado en diciembre de 2021 la causa abierta por los mismos hechos.
La Fiscalía del Supremo sí afirma, no obstante, que el rey emérito era entonces “el verdadero titular” de la cuenta, aunque la ocultó a Hacienda. «Se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito«, dice el decreto. Blindado por su inviolabilidad, el rey tampoco será juzgado por un posible delito de blanqueo por las supuestas operaciones llevadas a cabo en esos años.
Por el dinero y los regalos que recibió por parte del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause –516.606,32 euros– y de los que se beneficiaron algunos familiares –sin identificar por la Fiscalía– tampoco rendirá cuentas ante la justicia. Aunque el ministerio público confirma que los ocultó a Hacienda, luego procedió a su regularización: en diciembre de 2020 y en febrero de 2021. Incluso, sostiene el decreto, ingresó 16.748,14 euros más. La Fiscalía niega que avisara de la investigación al rey y, por tanto, argumenta que la decisión de regularizar esos ingresos fue voluntaria y espontánea.
Y sobre la tercera pata de la investigación abierta, el Ministerio Público también exonera a Juan Carlos I del trust creado en 2004 por Joaquín Romero Maura: “Entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”. Sí constata la existencia de dos trust creados en la década de los 90 en los que el rey emérito aparecía como «único beneficiario”.
Según la encuesta realizada por el instituto demoscópico 40dB. para la Plataforma de Medios Independientes, entre ellos La Marea, el 77,9% de las personas consultadas está muy de acuerdo o bastante de acuerdo con que el rey, durante su reinado, pueda ser juzgado por sus actos. No hay división en esto. Los partidos de derechas y la ultraderecha respaldan igualmente esta modificación. De acuerdo al artículo 56.3 de la Constitución, el rey Felipe VI tampoco podría ser juzgado en estos momentos si hubiera cometido algún delito durante su reinado. Es decir, la justicia seguiría siendo igual para (casi) todos, menos para él.
Esto es increíble, que se permita que no se juzguen a ciertas personas por intereses políticos y que no rindan cuentas con la ley y con hacienda que somos todos. Que querido don juan carlos, que usted por ser quien es no le rinden cuentas de nada y no se responsabiliza de sus actos. Que a mí sí debo algo a hacienda o a otras responsabilidades mías, no se preocupe que me embargaran los 30 euros que me queden para comer. Pero a usted se ve que durante 20años nadie quiso pedirle cuentas por ser quien es. Así va este país, que por intereses políticos no se ejecute justicia y ley a todos por igual,que a mi siendo una trabajadora, tengo que rendir cuentas por mis deudas y mis actos. Que triste es ver que por desgracia hay una ley diferente según donde hayas nacido y encima esos vayan predicando un modelo a seguir. En fin, espero que haya igualdad de leyes independientemente del dinero que tengas( que por desgracia no es asi).
España apesta a putrefacción .
Putin ha despertado a Occidente del letargo en el que lo sumió la ofensiva conservadora de los ochenta y sus tres principales protagonistas. Ahora- demasiado tarde- nos hemos dado cuenta de que, en un mundo con armas nucleares, no se puede hablar de potencias ni de superpotencias. En un mundo con armas nucleares sólo se puede hablar de poderes y de contrapoderes. King Jong Un.
Pero Felipin nº 6 es otra cosa distinta al anterior nº 1 ( sic……) ; al igual que la esperanza PPra del Núñez Feijoo paseando montado por las rías gallegas en el yate de su ( no ) amigo el narco gallego Marcial Dorado.
Salud.
A ver si por lo menos nos cuenta el menda del emérito algo del robo a patrimonio nacional perpetrado por la familia/casa real de corruptxs junto con el tal Sabino Fernández Campos ( jefe de la misma casa real de corruptxs) allá por 1976 , robo de una colección de arte en España más importante después de la Thyssen.
Dejo el enlace de la información :
https://scandallos.wordpress.com/2018/11/05/el-robo-de-la-coleccion-duque-de-hernani-por-la-familia-real-espanola/
Dios los cría y ellos se juntan.
Que devuelvan al común lo que es del común (MHUEL)
Cualquiera que haya acudido a un Registro de la Propiedad a inscribir un inmueble sabe que si no va provisto de las escrituras que acrediten su propiedad (por compraventa, herencia, etc.), el registrador lo mandará, con buenos modales, a escaparrar.
Toda regla tiene su excepción: si eres obispo y has ido antes de 2015, tu palabra va a misa. Con decirle al registrador que la finca pertenece a la diócesis desde tiempo inmemorial, el funcionario, sin dudar de tu palabra, lo registrará a nombre de la diócesis, que dispondrá de ella como su legítimo propietario. Ni el Ayuntamiento, ni otros posibles afectados se habrán enterado de nada.
Ese privilegio, conferido por Franco en 1946, excluía los templos pero en 1998 Aznar eliminó dicha restricción. Todos los gobiernos de España posteriores al 78 han mirado para otro lado a sabiendas de que el artículo 16.3 de la Constitución impide que los prelados tengan atribuciones de notarios y permite, si algún gobierno se atreviera, invalidar esa forma de apropiación. Rajoy, en 2015, eliminó la prerrogativa y, de paso, el riesgo de que alguien promoviera su inconstitucionalidad.
Con tales poderes, los obispos hicieron lo esperable de humanos tentados por la avaricia: arramblar con todo lo que pudieron: fincas rústicas y urbanas, cementerios, plazas, murallas o templos. Gran parte (hasta el 85% se estima) del patrimonio histórico artístico español construido y mantenido con nuestros impuestos ha pasado a ser propiedad de las diócesis. Es decir, del Estado Vaticano.
Pero la codicia rompe el saco. Una alcaldía navarra descubrió que una propiedad que consideraba propia había sido registrada por el obispo que, en el colmo de la desfachatez, pretendía vendérsela. La voz corrió como la pólvora y las Cortes de Navarra obtuvieron una lista de bienes apropiados por sus diócesis que suscitó un escándalo monumental.
En Aragón seguimos la senda abierta por Navarra, pero el gobierno del PP se convirtió en guardés de los secretos y no hubo forma. Coordinados con gentes de todo el país, reclamamos el listado de inmuebles y recibimos el apoyo del PSOE, entonces en la oposición. Nuestras aspiraciones hallaron hueco en el acuerdo programático del gobierno de coalición que decía: “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro […] bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.
Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Tras muchas dilaciones, salió a la luz un listado. Incompleto, por omitir lo anterior a 1998 (que en Zaragoza es casi todo) e insuficiente, puesto que no permite identificar los inmuebles.
El gobierno tiene una patata caliente, sí. Abordar un expolio resultado de años de vista gorda requiere transparencia y coraje. Información para conocer qué han registrado, cuándo, con qué título y por quién. Esa es nuestra primera reivindicación: hacer público el listado desde 1978 con los bienes claramente identificados. Valentía para asumir el segundo objetivo: hacer que los bienes apropiados con la mera declaración del prelado vuelvan a su situación anterior, declarando la nulidad de pleno derecho de su registro. A partir de ella, los obispos que hagan lo mismo que cualquiera.
Pero con la Iglesia hemos topado. Reuniones secretas con la Conferencia Episcopal sustituyen a la transparencia, y un gobierno amilanado acepta los hechos consumados y deja que sean ciudadanos e instituciones quienes pleiteen por sus derechos en condiciones de desventaja. Al cabildeo con la curia le opondremos la soberanía y la movilización popular.
Que nadie se confunda. El respeto del uso religioso de los templos no está reñido con la reivindicación del carácter público del patrimonio histórico acumulado con los recursos y el esfuerzo, presente y pasado, de toda la comunidad. Ese es nuestro tercer propósito: que se elabore una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural como dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.
Todos sabemos del poder de la Iglesia y de su influencia en todos los ámbitos. Sólo con organización y movilización lograremos hacer que el Gobierno cumpla con sus compromisos
Pues fíjate Olivia, partiendo de que soy una persona sin estudios y según he podido leer en los medios «que los delitos están prescritos», me atrevo a pensar que los delitos no son presuntos, sino que han existido y por tanto es un delincuente.
En el continente africano a resultados como esta pseudo democracia española lo denominan como » estados fallidos » ; pero como España se encuentra Europa y en ese proyecto también fallido llamado UE…………. , pues eso .
Evidentemente lxs españolxs somos responsables directos de este desastre llamado España ; pero la UE es el cómplice necesario que autoriza o consiente las cosas que siguen sucediendo en España , en Polonia , en Bulgaria o en Turquía aunque esta última solamente sea un aspirante a integrarse en esa fallida UE .
SPECIAL THANKS :
» » GRACIASSSSSSSSSSS………….. P$$$$$$$$$$$$$ ( — ) €€€€€€€€€€€€€€€€€€, » ya sabéis…… » .
Salud.
Mesa redonda que tuvo lugar en el Ateneo Republicano de Vallekas, en Madrid. En el marco de la misma fue presentado el libro de Ekaizer titulado «El rey al desnudo. Historia de un fraude».
Los trabajos de investigación de Rebeca Quintans, autora del libro «Un rey golpe a golpe», del coronel Martínez Inglés, autor, entre otros, de «La historia oculta del 23F», y de Ernesto Ekaiser han sido tres biografías fundamentales para la deconstrucción definitiva de la versión del mito del rey «bonachon», fabricado deliberadamente por los mass media, destinado a un interesado consumo social y político.
En realidad, Juan Carlos Borbón no pasó nunca de ser un monarca impuesto a los españoles por un dictador sanguinario… además de un simple crápula, tal y como han dejado documentalmente acreditado los tres autores citados.
En relación con Felipe VI, Ekaizer precisó que el actual monarca había sido el segundo beneficiario de la Fundación Lucum, donde su padre habia ingresado la friolera de 100 millones de dólares en Suiza. Felipe VI fue, asimismo, el cuarto beneficiario de la Fundación Zagatka, que mueve un aluvión de millones y millones». La tardía renuncia de Felipe VI a la herencia de su padre, según Ekaizer, no puede resultar en absoluto verosímil.
«Toda la versión que ha contado Felipe VI no es en absoluto creíble». Cuando en el 2014 Juan Carlos I se vio obligado a abdicar, y designaron a su hijo rey de España, ¿cómo es posible que Álvaro de Orleans no le dijera «oye, Felipe, tenemos un problema, es que estás en una Fundación en Liechtenstein y tus hermanas también, ¿qué hacemos?».
«El único país donde se ha investigado al rey Juan Carlos es Suiza… En España no sólo no se ha investigado, sino que por el contrario, lo que se ha hecho es abrir una investigación para intentar «controlar el proceso, tratando de poner palos en las ruedas a todo tipo de investigación e intentando de bloquearla»- aseguró Ekaizer.
«la Monarquía ha sido fuente y la base de la corrupción, y la versión que Felipe VI dio en su momento sobre su renuncia a la herencia económica paterna no es en absoluto creíble».