La justicia es (casi) igual para todos, menos para el rey

España apesta a putrefacción .

Pero Felipin nº 6 es otra cosa distinta al anterior nº 1 ( sic……) ; al igual que la esperanza PPra del Núñez Feijoo paseando montado por las rías gallegas en el yate de su ( no ) amigo el narco gallego Marcial Dorado.
Salud.

Dios los cría y ellos se juntan.

Que devuelvan al común lo que es del común (MHUEL)
Cualquiera que haya acudido a un Registro de la Propiedad a inscribir un inmueble sabe que si no va provisto de las escrituras que acrediten su propiedad (por compraventa, herencia, etc.), el registrador lo mandará, con buenos modales, a escaparrar.
Toda regla tiene su excepción: si eres obispo y has ido antes de 2015, tu palabra va a misa. Con decirle al registrador que la finca pertenece a la diócesis desde tiempo inmemorial, el funcionario, sin dudar de tu palabra, lo registrará a nombre de la diócesis, que dispondrá de ella como su legítimo propietario. Ni el Ayuntamiento, ni otros posibles afectados se habrán enterado de nada.
Ese privilegio, conferido por Franco en 1946, excluía los templos pero en 1998 Aznar eliminó dicha restricción. Todos los gobiernos de España posteriores al 78 han mirado para otro lado a sabiendas de que el artículo 16.3 de la Constitución impide que los prelados tengan atribuciones de notarios y permite, si algún gobierno se atreviera, invalidar esa forma de apropiación. Rajoy, en 2015, eliminó la prerrogativa y, de paso, el riesgo de que alguien promoviera su inconstitucionalidad.
Con tales poderes, los obispos hicieron lo esperable de humanos tentados por la avaricia: arramblar con todo lo que pudieron: fincas rústicas y urbanas, cementerios, plazas, murallas o templos. Gran parte (hasta el 85% se estima) del patrimonio histórico artístico español construido y mantenido con nuestros impuestos ha pasado a ser propiedad de las diócesis. Es decir, del Estado Vaticano.
Pero la codicia rompe el saco. Una alcaldía navarra descubrió que una propiedad que consideraba propia había sido registrada por el obispo que, en el colmo de la desfachatez, pretendía vendérsela. La voz corrió como la pólvora y las Cortes de Navarra obtuvieron una lista de bienes apropiados por sus diócesis que suscitó un escándalo monumental.
En Aragón seguimos la senda abierta por Navarra, pero el gobierno del PP se convirtió en guardés de los secretos y no hubo forma. Coordinados con gentes de todo el país, reclamamos el listado de inmuebles y recibimos el apoyo del PSOE, entonces en la oposición. Nuestras aspiraciones hallaron hueco en el acuerdo programático del gobierno de coalición que decía: “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro […] bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.
Pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Tras muchas dilaciones, salió a la luz un listado. Incompleto, por omitir lo anterior a 1998 (que en Zaragoza es casi todo) e insuficiente, puesto que no permite identificar los inmuebles.
El gobierno tiene una patata caliente, sí. Abordar un expolio resultado de años de vista gorda requiere transparencia y coraje. Información para conocer qué han registrado, cuándo, con qué título y por quién. Esa es nuestra primera reivindicación: hacer público el listado desde 1978 con los bienes claramente identificados. Valentía para asumir el segundo objetivo: hacer que los bienes apropiados con la mera declaración del prelado vuelvan a su situación anterior, declarando la nulidad de pleno derecho de su registro. A partir de ella, los obispos que hagan lo mismo que cualquiera.
Pero con la Iglesia hemos topado. Reuniones secretas con la Conferencia Episcopal sustituyen a la transparencia, y un gobierno amilanado acepta los hechos consumados y deja que sean ciudadanos e instituciones quienes pleiteen por sus derechos en condiciones de desventaja. Al cabildeo con la curia le opondremos la soberanía y la movilización popular.
Que nadie se confunda. El respeto del uso religioso de los templos no está reñido con la reivindicación del carácter público del patrimonio histórico acumulado con los recursos y el esfuerzo, presente y pasado, de toda la comunidad. Ese es nuestro tercer propósito: que se elabore una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural como dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro.
Todos sabemos del poder de la Iglesia y de su influencia en todos los ámbitos. Sólo con organización y movilización lograremos hacer que el Gobierno cumpla con sus compromisos

En el continente africano a resultados como esta pseudo democracia española lo denominan como » estados fallidos » ; pero como España se encuentra Europa y en ese proyecto también fallido llamado UE…………. , pues eso .
Evidentemente lxs españolxs somos responsables directos de este desastre llamado España ; pero la UE es el cómplice necesario que autoriza o consiente las cosas que siguen sucediendo en España , en Polonia , en Bulgaria o en Turquía aunque esta última solamente sea un aspirante a integrarse en esa fallida UE .
SPECIAL THANKS :
» » GRACIASSSSSSSSSSS………….. P$$$$$$$$$$$$$ ( — ) €€€€€€€€€€€€€€€€€€, » ya sabéis…… » .
Salud.