Archivada la causa contra el exmilitar que disparaba contra fotos de miembros del Gobierno

La Audiencia Nacional ha dado carpetazo a la causa que investigaba al exmilitar malagueño que disparó contra fotografías de miembros de Gobierno como los ministros Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, Irene Montero o el presidente Pedro Sánchez. El juez Santiago Pedraz considera que lo hizo para “matar el tiempo” y que no se trataba de algo premeditado.

Sin embargo, aunque el hecho fue grabado a sabiendas y las fotografías tuvieron que ser impresas con anterioridad, el magistrado defiende que las fotografías ya estaban en la armería y que no consta que se planificara la grabación de la actuación. “Según parece, no había más fin que pasar un rato y matar el tiempo con la ocurrencia improvisada de hacer unas prácticas de tiro en la armería”, añade. Además, considera que ni el investigado grabó el vídeo ni lo difundió, ni tampoco que todo ello se hiciera “con vistas a intimidar a la autoridades”.

Asimismo, Pedraz argumenta que el artículo 504 del Código Penal se centra en la protección de la dignidad institucional de determinados organismos del Estado, pero no en personas concretas. Por tanto, considera que la acción no iba dirigida al Gobierno, ni siquiera “que hubiera amenaza seria, real y perseverante de un mal futuro, injusto, determinado, posible, causante de una intimidación natural y dependiente de la voluntad exclusiva del sujeto activo”. 

Entre los hechos resaltados se destaca que el exmilitar ha mostrado arrepentimiento y ha solicitado perdón a las personas ofendidas.

El vídeo fue publicado en exclusiva por lamarea.com en junio de 2020 tras una filtración por parte de varios agentes de policía preocupados por este tipo de acciones y su difusión entre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Posteriormente, el tirador fue identificado por este medio como Francisco de Borja J.B., un hombre de 44 años vinculado años atrás con ambientes neonazis. Así, en 2009 se le pudo ver en la manifestación de la organización neonazi Movimiento Patriota Socialista (MPS) en el barrio madrileño de Vallecas en la que se pedía, entre otras cosas, la libertad de Josué Hernández, asesino confeso del joven antifascista Carlos Palomino dos años antes.