Legislación en Georgia: una regulación informal
La legislación de Georgia es muy transigente con la maternidad subrogada comercial. Esta permisividad se basa en una insuficiencia regulatoria manifiesta. No desarrolla las especificidades del procedimiento ni tiene en cuenta los imprevistos que pueden surgir en el embarazo, lo que abre las puertas a la libre interpretación y la informalidad.
Un procedimiento de gestación subrogada en Georgia puede costar entre 70.000 y 80.000 dólares, de los cuales unos 20.000 son para la madre gestante, a pesar de que algunas clínicas aseguran que ahora, al haber aumentado la demanda tras la invasión rusa en Ucrania, las gestantes están pidiendo más. El salario anual de un ciudadano medio en el país caucásico está en unos 4.500 dólares.
Los procedimientos de reproducción asistida, incluida la gestación subrogada, se rigen por la Ley de Protección de la Salud y Planificación Familiar de 1997. La gestación subrogada, tanto altruista como comercial, está permitida en este país, aunque restringida a personas heterosexuales. El 90% de las parejas que llevan a cabo este procedimiento son extranjeras.
La ley, sin embargo, no desarrolla las especificidades del procedimiento, lo que abre las puertas a la libre interpretación y la informalidad. Tal y como destacan las académicas Mariam Darchiashvili y Elene Gavashelishvili, «la legislación establece un marco dentro del cual las agencias y las clínicas crean sus propias regulaciones, permitiendo a los actores gestionar las negociaciones y los procesos». Esto se suele traducir en una vulneración de los derechos de las gestantes.
La abogada georgiana Nino Boveragdze, experta en este tipo de procesos, se muestra crítica con la falta de especificidades en la ley: «Ni siquiera aparece la palabra ‘subrogación’; se le llama fertilización extracorpórea». Boveragdze añade que tampoco hay una legislación clara en materia de ovodonación y de criopreservación de material genético.
En Georgia, los contratos de gestación subrogada se firman bajo acta notarial pública, lo que significa que el notario verifica si el acuerdo cumple con las leyes. «La ley estipula los términos principales que deben ser cubiertos en los acuerdos, pero no se especifican las condiciones que tiene que cumplir la gestante o la donante. La ley también determina que los futuros padres tienen que estar casados o haber convivido durante al menos un año», explica la abogada. En este contexto, el papel de los abogados es fundamental, ya que será su trabajo el que determine el grado de protección que recibirán las gestantes.
Respecto a los imprevistos en el embarazo, el parto o el puerperio, no hay nada previsto en la ley; tampoco está regulado el límite de edad, ni para contratantes ni para gestantes; ni el número de transferencias embrionarias a la gestante o la cantidad de veces que se puede someter al procedimiento.
Desde el Ministerio de Salud de Georgia, además, no dan datos sobre estos procedimientos; pero sí se sabe que no están registrados con precisión y que las estadísticas sobre este procedimiento son escasas.
En 2023, en plena negociación de adhesión a la Unión Europea, el Gobierno georgiano empezó a trabajar en un proyecto de ley para prohibir la gestación subrogada comercial y permitir solo la altruista. En junio de ese mismo año y de manera inesperada, el Gobierno anunció que prohibiría la subrogación a las parejas extranjeras. Sin embargo, la presión de los lobbies hizo que ninguna de las dos reformas llegara nunca a implementarse.
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