Un juez investiga al exministro Cristóbal Montoro por favorecer a gasistas a cambio de pagos

Un juez de Tarragona investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) y a su equipo por supuestamente crear una «red de influencias» que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de «importantes pagos» a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que fue socio fundador y presidente.

En un auto, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona atribuye a Montoro –que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy– y a una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Según el auto, la investigación, que comenzó en 2018, ha revelado que, hasta en dos ocasiones, empresas gasistas contrataron a Equipo Económico para que hiciese uso de su «red de influencias» con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones, como por ejemplo para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

El juez apunta a la existencia de una organización «en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico». 

«Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización», remarca el auto.

Cobrar por reformas legislativas ‘a demanda’

El juez considera que Montoro, que fue consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008 y ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas, hizo supuestamente «uso de las potestades» que le correspondían en la iniciativa legislativa de su ministerio, «lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE».

«El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público», apunta el juez.

El auto detalla además que Montoro nombró entre sus altos cargos «a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos se redactasen ‘a demanda’ de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello». 

El pago de «importantes desembolsos»

En la causa, que el juez había mantenido en secreto hasta ahora, permanecen investigados varios altos cargos del ministerio encabezado por Montoro, como el entonces secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré, la subsecretaria de estado de presupuestos Pilar Platero, el subsecretario de Hacienda Felipe Martínez, y el director general de Tributos Diego Martín-Abril, entre otros.

También están investigadas las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) –Air Liquide, Abello, Messer, Praxair (Nipon Gases), Sociedad Española de Carburos Metálicos–, que, según el juez, «habrían aceptado abonar» a Equipo Económico «el precio solicitado por la organización investigada» para obtener las reformas en los impuestos.

El juez detalla que AFGIM y las empresas que lo conforman acudieron sin éxito a varias consultarías para conseguir una legislación favorable, ya que se encontraron con la negativa de la administración a introducir las reformas que pretendían.

Ante ello, acudieron a Equipo Económico, que «sin causa aparente», logró que las reformas legislativas se desarrollaran «atendiendo a las peticiones de AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos».

El juez detalla que desde 2013 algunas empresas del sector gasista intentaron sin éxito conseguir una modificación legislativa para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, optando por vías como una enmienda presentada por el grupo parlamentario del PP o dirigiendo una carta al secretario de Estado de Hacienda

«La vía más directa»

Tras no obtener las reformas pretendidas, la AFGIM decidió cambiar de estrategia y decidió contratar a EE, como se acredita en uno de los e-mails intervenidos en la causa: «La vía más directa, como siempre, es pagar a este EE que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro«.

«Todo cambia tras la intervención de EE, que en un escaso periodo de tiempo y mediante precio, logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que estas pretendían», subraya el juez.

Con estas reformas, remarca el auto, se modificó el criterio que hasta entonces había mantenido el secretario de Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasísticas.

El «llamativo cambio de criterio» en poco tiempo

«Es llamativo dicho cambio de criterio en tan breve periodo de tiempo, periodo en el que no se produce una modificación sustancial del marco económico presupuestario que justificase dicho cambio», señala el juez, que apunta a que el «único elemento diferenciador que propició tan notable cambio de criterio» fue la «entrada en escena de EE previo acuerdo sobre el precio que deberían satisfacer al despacho».

Según el juez, las investigaciones han puesto de manifiesto que los pagos que AFGIM realizó supuestamente a EE tenían como objetivo «permitir el acceso al ministro de Hacienda y al Sscretario de Estado de Hacienda» para aprobar una «modificación ad hoc» que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera otros sectores.

AGIM también logró a través de Equipo Económico una modificación legislativa en 2018 para obtener una rebaja fiscal a las gasísticas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que el sector había intentado sin éxito y que culminó favorablemente «solo con la intervención de EE, mediando pago».