El problema del PSOE con la vivienda

Este artículo forma parte del dossier de #LaMarea104, dedicado a la vivienda social. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para recibirla y apoyar el periodismo independiente.

“De Barcelona telegrafía que se prepara una huelga general de inquilinos, que se negarán a pagar los alquileres si los propietarios de las casas no rebajan el precio de estas”. Sustituyan la palabra [telegrafía] por cualquier otra herramienta comunicativa más contemporánea, y la frase en cuestión bien podría hacer referencia a alguna de las manifestaciones que este año inundaron las calles de Barcelona, de Las Palmas, de Madrid o de Valencia. El titular, sin embargo, fue publicado hace más de un siglo atrás, un cinco de junio de 1903 en El Adelanto de Salamanca.

Un año más tarde, en Barakaldo, las tropas de Alfonso XIII tuvieron que intervenir cruelmente para apaciguar otra manifestación de inquilinos, ahogados por la escasez y los altos precios. Ante la creciente preocupación por parte de las autoridades –pues no hay nada que un gobernante tema tanto como la revuelta de las masas–, el gobierno de Godoy encontró una solución temporal a la cuestión, por aquel entonces ya convertida en un problema de orden público: “Estudiarlo”. O, mejor dicho: cubrirlo en papeles llenos de datos embrollados, de hipótesis obtusas, de conclusiones indeterminadas. Ganar tiempo.

Precisamente con tal intención se había fundado en 1903 el Instituto de Reformas Sociales bajo la dirección del político y catedrático krausista Gumersindo de Azcárate. Este Instituto sería el encargado de promover la llamada Ley de Casas Baratas de 1911, la primera legislación explícitamente dedicada para abordar el problema que no solamente se daba en España, sino también en las principales urbes europeas.

Las soluciones contempladas en la ley se focalizaron principalmente en dar incentivos fiscales y ayudas económicas a las empresas constructoras, así como subvenciones y créditos a bajo interés para facilitar la financiación de estas viviendas. Así que igual lo relevante sería preguntarse: ¿En qué grado tales medidas contribuyeron a facilitar el acceso a la vivienda a las clases trabajadoras y más desfavorecidas? Respuesta rápida: entre poco y nada.

Diez años después, en el anteproyecto de reforma de la Ley de Casas Baratas, se afirmaría lo siguiente:

“La Ley de 12 de junio de 1911 es nuestra primera iniciativa oficial en pro de la construcción de casas baratas. Tanto más digna de elogio cuanto que representa el primer paso de la intervención del Estado en lo que se relaciona con el problema de la vivienda de las personas de posición modesta; y no puede extrañar que normas tan bien orientadas no hayan producido los resultados presupuestos si se tienen en cuenta las circunstancias que han influido en su aplicación […]”.

Más de un siglo después, y ante la desesperación del Sindicato de Inquilinas, la ministra de Vivienda socialista Isabel Rodríguez García prescribiría unas recetas muy similares a la población con la intención de frenar la hemorragia habitacional. Una de ellas, el llamado Bono Alquiler Joven –aprobado en el año 2022–, da hasta 250 euros para jóvenes de entre 18 y 35 años para pagar el alquiler, siempre y cuando tengan unos ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.800 euros al mes.

Dejando a un lado el hecho de que el acceso a la vivienda no es para nada un problema exclusivo de los más jóvenes, esta medida de poco o nada ha servido para satisfacer una de las más básicas necesidades que los humanos tenemos desde que bajamos de los árboles y nos aventuramos en la sabana.

En una línea similar, dentro del mismo paquete de medidas destinadas a paliar “el problema de la vivienda”, se incluyen los 2.500 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinados a que jóvenes de menores de 35 años puedan acceder a la compra de su primera vivienda. Otra vez, huelga decir que, considerando que los jóvenes ya no pueden ni pagarse un alquiler, resulta difícil de imaginar que de pronto podrán permitirse comprar un piso entero.

El problema del PSOE con la vivienda es que, a diferencia del PP y de VOX, los socialistas no pueden dejarlo todo en la mitológica mano invisible del mercado. Su electorado todavía no ha caído del todo en la trampa neoliberal. Es más: como partido de tradición obrera –nada menos que el segundo más antiguo de Europa después del SPD alemán–, el PSOE está moralmente obligado a dar una respuesta que aborde desde la raíz el problema de la vivienda, pues la gente que dicen representar es aquella que lo sufre como nadie.

Sin embargo, el temor a perder apoyos entre los poderosos lobbies inmobiliarios (a veces incluso presididos por socialistas como Joan Clos, ex alcalde de Barcelona), así como de ser tachados como “radicales” por algunas tertulias televisivas, los lleva a adoptar posiciones gatopardistas que, como le diría Tancredi a su tío el príncipe Salina, pretenden dar la impresión de cambio mientras todo permanece más o menos igual.

Atrapados en este triángulo de querer-parecer-ser, quedan descartadas algunas de las medidas que sí que podrían dar algo de oxígeno inmediato, como, por ejemplo, poner un precio tope a los alquileres, prohibir temporalmente la compra de pisos por inversores extranjeros que consideran la vivienda un mero bien comercial, establecer por ley que los contratos de alquiler sean indefinidos, o contemplar las expropiaciones de pisos y edificios desocupados, especialmente si están en manos de grandes bancos u otros agentes financieros.

Este sea, quizás, el mayor problema que tiene el PSOE. Uno que puede llegar a tensar mucho sus costuras, más si cabe que las usuales cuestiones monárquicas y/o territorial. Pero sobre todo es el principal problema que tiene la gente trabajadora del país. La de ayer, la de hoy, y probablemente la de mañana también.