Pedro Sánchez ha anunciado que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) avalará el 20% de la hipoteca para que los menores de 35 puedan comprar su primera vivienda. Esto, que es lo que el Banco Santander lleva años pidiendo, ha fracasado ahí donde se ha probado. Ayuda a que una pequeña parte de la población pueda comprar casa a costa de hinchar los precios y hacer la vivienda más inaccesible para todos. ¿Por qué se insiste en el error?
Vayamos por partes. Como decía, la idea no es nueva, ni del Gobierno. Es de la banca. Hace tres años, en mayo de 2020, Ana Botín ya la detalló en una larga entrevista: “Una de las iniciativas en las que estamos trabajando con expertos del sector inmobiliario y de construcción es un plan de colaboración público-privada, concretamente con el ICO, para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda. En ese programa, el comprador pagaría tan solo un 5% del valor de la casa y el banco le daría la hipoteca por el 95% con una garantía del ICO del 20%. Si gracias a este esquema de colaboración público-privada pudiéramos construir 150.000 viviendas, estaríamos creando unos 500.000 puestos de trabajo y ayudando a miles de jóvenes a independizarse.”
Suena muy bonito. El Estado interviene el mercado avalando con dinero público a los jóvenes, que se emancipan de la jungla del alquiler para convertirse en propietarios. El chorro de hipotecas permite construir nuevas viviendas, y generar muchos lugares de trabajo en la construcción. Podría llegar a parecer que los bancos se han convertido en adalides de un nuevo contrato social, cuyo objetivo es garantizar que todo el mundo tenga pan, techo y trabajo. La realidad es que la banca y las constructoras necesitan que un mayor número de personas compren para poder sostener sus elevados beneficios. La concesión masiva de hipotecas, la construcción de vivienda en propiedad y el aumento sostenido de precios es su único plan, desde hace décadas. Y sin una intervención muy fuerte del Estado, no funciona.
Lo curioso es ver a Sánchez recuperando una propuesta que hasta ahora solo defendía el PP. A pocas semanas de las elecciones -y con la legislatura casi finiquitada- resulta obvio que este tipo de anuncios buscan captar votos entre la generación inquilina: toda esa gente que en otra época ya sería propietaria y hoy no puede. El problema es que ni siquiera en el diagnóstico se acierta. La idea de centrar la medida en los menores de 35 es porque algunos siguen obstinados en creer que el alquiler es “un problema de los jóvenes”, pero la realidad es que esto no es así desde hace tiempo. La encuesta a fondo sobre Barcelona que hemos realizado en el IDRA (Institut de Recerca Urbana de Barcelona)muestra que seis de cada diez inquilinos superan los 35 años. El 41% tienen entre 35 y 50, y el 23,8% entre 51 y 64. Probablemente ya no hablamos de una sino de dos generaciones inquilinas sin futuro, porque la mayoría no heredará ninguna vivienda. A esos votantes, me temo que el anuncio de Sánchez no les hará ni pizca de gracia.
Aun así, es muy posible que esta propuesta conecte con aquellas personas que recuerdan cómo un día pudieron comprarse una vivienda sin ahorros, subiéndose al tren de la sociedad de propietarios, y ven con buenos ojos cualquier nueva propuesta en este sentido. El gran plan del franquismo, el de “un país de propietarios y no de proletarios” mediante la intervención del Estado, aún tiene cierto agarre. Pero, de nuevo, la apuesta electoral es arriesgada, porque también hay quien siente escalofríos ante la mera sugerencia de que la gente vuelva a contraer deudas por el 100% del precio de la casa. Todavía está muy vivo el recuerdo de lo que pasó la última vez que el Gobierno propuso que la gente se hipotecase hasta las cejas. Miles de familias desahuciadas, un país al borde del colapso y una crisis bancaria que aún hoy estamos pagando. Más de 110.000 millones de euros entre lo que le dimos directamente al sector financiero (60.000) y al llamado banco malo (50.000).
De todos modos, hoy no hay posibilidad de que se repita aquella historia de acceso generalizado a la propiedad, que duró varias décadas hasta el crash de 2008. Desde la última crisis financiera, los bancos y los Estados están sometidos a controles muy estrictos, que les impiden dar hipotecas a todo el mundo. De nuevo, esto no se hace para salvar a la gente, sino al sistema financiero, que estuvo muy cerca de colapsar.
No, lo que se propone ahora es otra cosa, muy parecida a lo que se lleva años haciendo en varios países. En Reino Unido, las ayudas a la compra o el “Help to Buy” no podría tener un resultado más negativo. Los estudios muestran que es un aval que llega sobre todo a la gente que igualmente habría podido comprar un piso sin él, y que encarece la vivienda en propiedad, alejándola aún más de la clase trabajadora -que por lo general no cuenta con ese 5 o ese 10% de ahorros adicional que el ICO no cubrirá, y que el banco va a seguir pidiendo. Conclusión: el principal resultado es que permite a la banca y al sector inmobiliario construir muchas más viviendas, cada vez más caras, y aumentar beneficios. El sueño húmedo del Banco Santander y compañía.
La cuestión es que claro que hay que actuar y tomar medidas, pero en un sentido muy diferente al que se propone. En lugar de intervenir el mercado subiendo precios, hay que intervenir para promover la vivienda asequible y protegida. De nada sirve hormonar a la demanda con ayudas sino se actúa sobre la oferta directamente. Esto pasa, de entrada, por revertir todos los mecanismos públicos que fomentan dinámicas especulativas en el mercado de compraventa. En España, cada vez que un fondo buitre o un banco compra una vivienda a través de una SOCIMI, casi no paga Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Mientras que la gente que necesita casa tiene que pagar un impuesto de hasta el 10% del valor de la propiedad, los fondos tienen una bonificación del 95%. Goliath juega con las cartas marcadas.
En España, aún existe una cosa que se llama visado de oro, que permite a cualquier millonario extranjero comprarse la ciudadanía si adquiere una vivienda por medio millón de euros. Se trata de acabar con este tipo de políticas, que benefician a una minoría privilegiada, y ayudar a la gente común. En Holanda, por ejemplo, se ha aprobado una ley que obliga a quien compra una vivienda a vivir en ella una serie de años. De esta manera, se le pone las cosas difíciles a quien adquiere viviendas para “invertir” y se ayuda a quien busca una casa para vivir.
Otra vía para facilitar el acceso a la vivienda e impedir las dinámicas especulativas pasa por intervenir el mercado del suelo, donde se halla la raíz del problema. Porque es a partir de la valoración que se hace del metro cuadrado, en origen, que se forman los precios. De nuevo, no hablamos de una utopía lejana, sino de algo que el Estado de Viena ya ha hecho: regular el precio del suelo para que no se pueda especular con él. Se trata de ayudar a los entes locales y a las promotoras de lucro limitado a adquirir terrenos a precio bajo para poder desarrollar vivienda asequible y crear un sistema público digno de ese nombre, paras las generaciones de hoy y las que vendrán. Aquí sí cobran sentido los avales.
El Estado puede hacer todo esto y mucho más. Lo otro, la política al compás de la banca y las grandes constructoras, es pan para hoy y hambre para mañana.
Jaime Palomera es doctor en Antropología Económica y forma parte del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA)
