Opinión
La trampa de la concordia
Arantxa Tirado explica cómo la derecha y la ultraderecha españolas "relativizan la gravedad de la defensa del fascismo" con sus "leyes de concordia"
Como parte de sus acuerdos de gobierno en distintas Comunidades Autónomas, Vox y el Partido Popular (PP) están promoviendo en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares y la Comunitat Valenciana la derogación de las leyes de memoria autonómica existentes para sustituirlas por nuevas leyes, autodenominadas de “concordia” que reinterpretan las causas y consecuencias del golpe de Estado de los fascistas contra la Segunda República y los cuarenta años de dictadura franquista que se instauró en España después de la Guerra Civil. Estas “leyes de concordia”, en palabras de los portavoces del PP y Vox en Castilla y León, son “textos sin ideologías, que no dividen” a diferencia de las “imposiciones ideológicas” y la “visión sesgada y sectaria” de la izquierda, según su criterio.
Estamos ante un caso más de revisionismo histórico pero ahora ejercido desde las instituciones, que afecta a un período poco conocido por las jóvenes generaciones por culpa de una amnesia labrada en décadas de democracia, que pretende equiparar con estas leyes a las víctimas de la dictadura franquista con otras presuntas víctimas de la Segunda República bajo el argumento de “ensanchar la condición de víctimas” a personas que antes no la tenían. Además, al menos en la más reciente proposición de ley presentada por Vox y PP en Castilla y León, se mezcla periodos históricos, que ahora son homologados, bajo el argumento de que “las víctimas son todas víctimas y la violación de derechos humanos es una violación de derechos humanos con independencia de dónde y cuándo se produzca”. Se instaura así un totum revolutum cuya pretensión no es más que confundir con las causas y consecuencias de la Guerra Civil española, eludiendo las responsabilidades de quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad que continúan en la impunidad décadas después, a pesar de su no prescripción.
Por otra parte, es muy sintomático comprobar cómo para el PP y Vox es lo mismo una víctima que fallece en combate en el marco de una guerra que una víctima, ejecutada sin pruebas, juicio o derecho a la defensa, durante la represión postbélica de un régimen dictatorial. De hecho, de su proposición de ley se desprende, además, que para estas fuerzas políticas tiene el mismo valor moral alguien que combatió en contra de un régimen democrático que alguien que lo defendió. Una equidistancia que ayuda a entender la persistente impunidad de los crímenes de la dictadura.
La ultraderecha y la derecha españolas -tanto monta, monta tanto- relativizan, así, la gravedad de la defensa del fascismo y demuestran que España sigue siendo una anomalía democrática donde simpatizantes o justificadores de facto del franquismo se autoproclaman demócratas y dan lecciones políticas y morales en lugar de asumir las responsabilidades históricas de sus antecedentes políticos. Para que se entienda qué implica establecer posiciones equidistantes en asuntos de esta magnitud, podemos hacer un ejercicio de política comparada y pensar qué sucedería si alguien en la Alemania de hoy pusiera en el mismo plano de víctima a los nazis del Tercer Reich y a los judíos, gitanos o comunistas que los combatieron o fueron exterminados por ellos. Seguramente el escándalo sería mayúsculo y, quien eso hiciera, sería colocado en el lado de la defensa del nazismo y padecería cierto ostracismo político. En España, en cambio, llevamos décadas con un Estado supuestamente democrático pero controlado por multitud de herederos ideológicos del franquismo, lo cual no debería sorprendernos habida cuenta de que nuestro régimen actual se asentó sobre los cimientos del régimen franquista.
Para la derecha y ultraderecha española no es suficiente con haber impuesto en estos cincuenta años de democracia hecha a su medida un relato hegemónico que ha justificado la dictadura franquista y sus crímenes por la vía de la relativización o de la manipulación basada en ocultar los orígenes de la guerra y mezclar en el balance las víctimas de una contienda con las de la represión dictatorial posterior. Para ello ha contado con la inestimable ayuda de sectores dirigentes del PSOE, muy pacatos a la hora de exigir justicia para quienes les antecedieron como miembros de su partido y acabaron en cunetas, cárceles o en el exilio. Las filiaciones familiares de algunos de estos miembros del PSOE, hijos de personas del bando franquista, además de los pactos de silencio de la Transición, quizás expliquen por qué España tuvo que esperar a 2007 para tener una primera Ley de Memoria Histórica, promulgada bajo un gobierno presidido por un nieto de fusilado en el bando republicano, José Luis Rodríguez Zapatero. Un detalle quizás no menor.
No obstante, tanto la Ley de Memoria Histórica de 2007 como la Ley de Memoria Democrática de 2022 han sido criticadas por asociaciones como la referente Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por su insuficiencia a la hora de resarcir a las víctimas y por la equidistancia que se plantea cuando no se distingue entre víctimas y verdugos. Un problema que estas leyes de “concordia” vienen a agravar. Además, como apunta la ARMH, la ley de 2022 habla de verdad, justicia y reparación en la teoría pero, como el caso flagrante de la Querella argentina demuestra, España, pese a ese marco legal, en la práctica no va a investigar a los verdugos, ni va a permitir que ningún responsable franquista sea juzgado ni va a indemnizar a las víctimas. He aquí la realidad de la memoria de cartón piedra del Estado español.
El ejercicio de memoria, justicia y reparación sigue siendo una tarea pendiente en España, para oprobio de un país que se presenta ante el mundo como ejemplo de una modélica Transición desde la dictadura y presume de ser una democracia consolidada. Si queremos ser “plenamente conscientes de [nuestra] historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en [nuestro] seno”, como reza el preámbulo de la Ley de Memoria Democrática de 2022, debemos empezar por afirmar con rotundidad que en la guerra murió gente de ambos bandos, sí, pero que nunca será lo mismo luchar del lado del fascismo a luchar para combatirlo, ni en un contexto de guerra ni en una democracia. Por eso, la concordia es una trampa que genera la equidistancia que siembra el camino al resurgimiento de la extrema derecha.
Cuando se olvida la Historia, cuando se ocultan los motivos por los que se alzaron las clases dominantes contra un proyecto de democratización del Estado, como fue la Segunda República; cuando se pone en un mismo plano a personas que construían un presente y un futuro con justicia, igualdad y libertad frente a minorías que querían seguir detentando privilegios e imponiendo el sometimiento económico, político y moral al conjunto de la población, no hay ejercicio de memoria, por mucho que se hagan leyes de lavado de cara en su nombre, sino perpetuación del relato de los vencedores. Y eso es lo que sigue sucediendo en España, rehén todavía de la “política de memoria franquista” que la propia Ley de Memoria Democrática estatal denuncia, pero con la cual no se atreve a romper completamente. Hacerlo supondría cuestionar los propios pilares del régimen del 78, fundado, como sabemos, sobre la impunidad de los crímenes de la dictadura gracias a la Ley de Amnistía de 1977 y al pacto de no agresión entre las élites políticas a derecha e izquierda. Un pacto erigido sobre “el silencio de otros”, que PP y Vox quieren seguir perpetuando, en una vuelta de tuerca de humillación a unas víctimas que hace tiempo se cansaron de estar calladas.
Manifiesto de asociaciones de Brigadistas Internacionales contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón.
Las asociaciones abajo firmantes muestran su preocupación por la derogación de la Ley 1/2018, de 8 de noviembre, o Ley de Memoria Democrática de Aragón, aprobada por mayoría absoluta de las Cortes de Aragón.
A continuación de la derogación de esta ley, se ha propuesto a las cortes de la comunidad un nuevo proyecto, pretendido como de “Concordia”.
Como resultado de estos hechos, queremos manifestar nuestro desacuerdo y resaltar aquellos aspectos que consideramos quedan mal recogidos, cuando no directamente desamparados, en la actual propuesta.
En primer lugar, no se puede crear una conciencia ética y moral desligándola de su vinculación con la democracia. Estas actitudes dan pie a la legitimación de conductas y actuaciones que potencian los discursos de exclusión e intolerancia.
No es posible reescribir el pasado ignorando que un golpe de estado, apoyado por las potencias fascistas europeas del momento, fue el que desencadenó lo que conocemos como Guerra Civil Española, ni que el régimen al que dio lugar la victoria de esos sublevados fue una dictadura. Son hechos irrefutables que no están de ninguna manera en debate en el momento actual, pero que son ignorados de forma tendenciosa en los documentos presentados para su aprobación. La realidad de los hechos es la verdadera base de la convivencia y fundamento de nuestra actual democracia.
La paralización de los protocolos de reparación de las víctimas y de recuperación de los cuerpos para su entrega a las familias es especialmente grave en este contexto. Los nuevos protocolos no contemplan ni el mantenimiento del mapa de fosas de represaliados, con lo que se ignoraría intencionadamente a una gran parte de las víctimas, ni la participación de las asociaciones, que en la actualidad son las principales entidades implicadas en la recuperación de la memoria de esas víctimas. Por supuesto, la desaparición de los fondos para todas estas actuaciones supone la paralización de facto de las mismas.
La construcción de un relato colectivo lo más fiable y próximo posible a los hechos, pasa también por el estudio de las historias personales de las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. En este aspecto hay que prestar especial importancia al recuerdo de aquellos cuyo sufrimiento fue condenado al olvido y que sufren ahora la persecución de las tesis negacionistas, a las que se concede valor en las iniciativas recogidas por las Cortes de Aragón. Es fundamental para este cometido la presencia y participación de los colectivos de víctimas o asociaciones de familiares, último resguardo en muchas ocasiones de unos hechos ocultos para la gran historia y para la generalidad de la población, y a los que no se puede acceder por otras vías.
La Ley de Memoria Democrática de Aragón se enmarcaba en los principios redactados por Naciones Unidas (ONU) para la protección y promoción de los derechos humanos…
Por todo ello solicitamos la recuperación de la denominada la Ley de Memoria Democrática de Aragón, como forma de buscar la manera de cerrar las heridas del pasado a través del fundamentado en el método histórico, y no mediante su negación. Coincidimos con cuantos consideran que los poderes públicos deben garantizar el reconocimiento a todas las víctimas, independientemente de su significación política, dejando de lado cualquier posicionamiento o perspectiva ideológica…
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), España
Kämpfer und Freunde der spanischen Republik (KFSR), Alemania
Udruzenje Spanski Borci, Serbia
Les Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), Francia
International Brigade Memorial Trust (IBMT), Gran Bretaña
Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna (AICVAS), Italia
Stowarzyszenie Ochotnicy Wolnosci, Polonia
Abraham Lincoln Brigade Archive (ALBA), Estados Unidos
https://www.armharagon.com/manifiesto-de-asociaciones-de-brigadistas-internacionales-contra-la-derogacion-de-la-ley-de-memoria-democratica-de-aragon/
Debemos prohibir por ley el adoctrinamiento nacionalcatólico y neofascista en la escuela.
Financiamos con dinero público el adoctrinamiento ideológico en los colegios privados que reciben subvenciones de los impuestos de todos y todas. Es decir, financiamos con dinero público el adoctrinamiento. Y la actual legislación educativa lo ampara.
El desfile militar de menores vestidos de legionarios (una fuerza paramilitar fundada por un conocido golpista y genocida) mientras cantaban el himno paramilitar «El novio de la muerte» lleva haciéndose 31 años con completa impunidad, este es el «pan nuestro» de cada día en muchos centros privados financiados públicamente e, incluso, en algunos públicos.
Y muestra el progresivo deterioro de un sistema educativo que debería ser público, laico e inclusivo y que, con total impunidad y connivencia del gobierno central y autonómicos, se mantiene privado (insisto una vez más, por si no quedara claro, financiado públicamente), nacionalcatólico y segregador.
La «religión católica» se ha mantenido como una forma de adoctrinamiento sistemático y en todos los niveles en la educación española, hasta en la universidad, impuesta por un estado extranjero (si se considera un estado al vaticano)?.
La nueva ministra le asegura a la patronal de la concertada que «los conciertos no se tocan», y menos la religión, que se mantiene en la LOMLOE como una asignatura en los centros educativos, impartida por catequistas nombrados por la jerarquía religiosa y con unos contenidos establecidos por esa jerarquía.
La denominada «Semana Santa», en lenguaje neocatólico, se ha convertido en una excusa más para adoctrinar en los colegios. No teníamos bastante con el adoctrinamiento en emprendimiento (aprender las reglas del capitalismo) o la educación financiera (aprender a especular en bolsa), que se inicia a los menores en el paramilitarismo y la obediencia debida, en el neocatolicismo más rancio o el patrioterismo más pueril. Si la escuela ha sido tradicionalmente un nicho de reproducción del sistema económico e ideológico del capitalismo neoliberal, ahora, con la llegada de la «ultraderecha sin complejos», algunos centros, sintiéndose apoyados e impunes, despliegan toda su artillería con más ahínco y viralizan una panoplia de estrategias, «competencias» y «aprendizajes» para insertar al alumnado en una revisión casposa y neofascista de los «valores» más rancios, ultras y contrarios a los derechos humanos y la democracia.
Colegios san José o virgen Lourdes, financiados públicamente, procesionan 500 y 300 niños mientras el director del colegio afirma: este acto va unido a la educación del centro, para «acercar a los niños ‘los misterios’ de Jesús».
Necesitamos una escuela laica, donde se sientan cómodas tanto las personas no creyentes como las creyentes. Por eso debemos negarnos a que con el dinero público se financie ningún tipo de adoctrinamiento, sea religioso o de cualquier otro tipo. La escuela es un lugar para razonar y analizar críticamente, no para creer y obedecer.
[Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León (enrique.diez@unileon.es) y director de la investigación europea «Construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia»
https://mientrastanto.org/233/notas/adoctrinando-que-es-gerundio/
Historiadores e historiadoras alertan de la invisibilización y la tergiversación de la memoria histórica en los libros de texto. Reclaman para el alumnado, que sabe más del nazismo que del franquismo, un currículum estatal que incluya la represión del régimen o la lucha antifranquista.
Enrique Díez Gutiérrez, profesor titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, asegura que se quedó atónito cuando llevó a sus alumnos de primero de carrera a ver el documental El silencio de otros. Y no tanto por lo que en él se cuenta, una pieza que navega por las historias de represaliados y represaliadas del franquismo y la lucha de las familias en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, sino por los comentarios tras el visionado. “Nadie nos había explicado nada de esto”, le comentaron a este profesor, que, movido por esta frase y el déficit palpable sobre memoria histórica con el que el alumnado llega a la universidad, se ha dedicado a hacer un repaso de los libros de texto de Historia….
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/exhumando-historia-clase-memoria-historica-aula?utm_source=Semana%2020/05/2022&utm_medium=email&u
Que buen análisis, Arantxa.
Reconfortan las personas que tienen valores, la mente clara y que sabéis transmitir con tanta claridad.
Lástima que no impartas charlas sobre la Memoria en Colegios e Institutos.
De aquellos polvos (nuestra «modélica» Transición) los lodos que hoy tenemos (la derogación de la incompleta Memoria Histórica que teníamos).
Hay mucha gente que le han hecho creer que vivimos en una plena democracia. Nos han vendido gato por liebre.
Los últimos demócratas que dieron su vida por ella y perdieron aún la están esperando para que rescate sus restos de cunetas y descampados a lo largo y ancho del territorio español y para que la Memoria y la Historia haga Verdad, Justicia y Reparación con su vida y su lucha.
El jefe del Estado que tenemos nos ha sido impuesto por aquella dictadura. Los poderes del Estado, especialmente el judicial y el económico siguen siendo los mismos del franquismo. Ellos se «cocinaron» la «modélica» Transición se «autojuzgaron» y siguieron al mando del cortijo.
Apenas se ha divulgado, ni siquiera en los colegios, la Verdad Histórica. La gente, en general, sigue creyendo el guión que escribieron los vencedores sobre la República, el golpe de estado, la guerra y la dictadura.
De ahí que voten a derecha y ultraderecha.
La mayoría de la gente que vota, lo hace manipulada y desinformada.
Existen leyes, como la ley mordaza, que impiden la protesta, se está acusando, e incluso penalizando, a periodistas, ecologistas, sindicalistas por defender la verdad, la naturaleza y los derechos humanos.
Estamos sometidos por la dictadura del capital y de las guerras del capital, la más genocida, destructora y saqueadora de todas las dictaduras y la gente dice que somos la democracia….
«3 de marzo, la memoria no prescribe», Victor Pardo Lancina, historiador.
Derogar la Ley de memoria democrática aragonesa basándose en que no reconoce a las víctimas del bando franquista en la Guerra de España de 1936-1939 ni tampoco a las causadas por el terrorismo constituye una gran mentira, una falacia sobre la que edificar un discurso político que obedece a una ideología arraigada en la victoria de 1939, hecho fundacional del franquismo, y sostenida durante la larga noche de la Dictadura. Asimismo, apela a un oportunismo ahistórico y tergiversador.
Cuando el partido neofascista Vox y su adherente el PP, aseguran que las víctimas de ETA –nunca señalan a las del GAL– merecen reconocimiento y homenaje, están manoseando su recuerdo y el sufrimiento de sus familiares para obtener réditos electorales. Ninguna víctima de la violencia en la historia de España ha sido tan reconocida, considerada y respetada como las que murieron a manos de ETA. Y no solamente eso, decenas de asociaciones, entidades sociales de variada índole, instituciones públicas y la casi totalidad del arco parlamentario, han contribuido a ello durante decenios, además, recabando un generosísimo auxilio económico del Estado para el cumplimiento de sus fines de carácter reivindicativo y exposición pública.
La violencia terrorista tiene una consideración legal y conceptual bien distinta a la que contextualiza la memoria democrática. Solo desde inconfesables intereses abolicionistas y espurias razones se pueden superponer ambas para, escudándose en la primera, enterrar a la segunda. Derogar la Ley de memoria significa para la ultraderecha y su correlato rehén, el PP, hacer tabla rasa en sentido estricto, de las exigencias de reconocimiento y reparación de las víctimas del golpe de Estado de julio de 1936, tal como ha puesto repetidamente de manifiesto, entre otras autoridades e intelectuales de reconocida trayectoria ética, el Relator Especial de las Naciones Unidas. Ventilar al tiempo un tramposo, por inexistente, «Plan de concordia» que no se somete a la consideración pública y por tanto a la formulación democrática y participativa de la sociedad, retrata a los tahúres fulleros que proponen semejante entelequia. Primero acabamos con la Ley, luego si eso, ya veremos, es la fórmula de la gran y recalcitrante estafa.
Memoria democrática es la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de la violencia desatada desde julio de 1936 hasta, al menos, la aprobación de la Constitución de 1978, incluso cabe incorporar a los centenares de víctimas habidas durante la inmodélica Transición. Memoria es dignificar a decenas de miles de damnificados producto de la represión extrajudicial, los incalificables consejos de guerra, la represión económica a través de las leyes de responsabilidades políticas, las cárceles como morideros, el exilio, la depuración, los campos de trabajo, el robo de niños, las humillaciones cotidianas, la indecente participación de la Iglesia en la persecución y señalamiento de los desafectos, el aparato del Estado al servicio del dictador, los Tribunales de Orden Público… Memoria democrática es actualizar el mapa de fosas para rescatar los restos de miles de ciudadanos asesinados y enterrados en las cunetas de media España, también, si todavía queda alguno por recuperar, del lado de los sublevados. Memoria también son planes de enseñanza donde se conozcan en pie de igualdad crítica y académica los períodos de la historia de un país vapuleado por una guerra y una dictadura que persiguió con saña iracunda los Derechos Humanos y las libertades. Memoria, igualmente, es señalar a los que participaron, enriqueciéndose en muchos casos, y a los herederos, que ahora miran para otro lado mientras votan por la amnesia colectiva y un «pasar página» que aboque a la ciudadanía a una ignorancia interesada que abona la mentira y la ocultación para obtener réditos políticos. La victoria del 1 de abril sembró de exaltación una grande y libre, así como de enardecimiento sin límites, la patria de los vencedores; memoria democrática es rescatar del lodazal franquista los nombres de los que perdieron…..
https://arainfo.org/3-de-marzo-la-memoria-no-prescribe/
Violadores y liberavioladores amenazados.
Muy buen articulo , expresado claramente, para,que los ciudadanos entiendan la,situación real, si es que lo leyesen.
Pero mi pregunta es, ¿ porque existiendo una ley estatal de mayor rango, se puede , o se permite, desde la legislación autonómica, inculcar dicha ley?. Habrá juristas y la propia administración, a través de cauces legales, para paralizar esto, ¿supongo?
Para algo servirá pagar impuestos y sueldos de las administraciones.
Y aunque la ley actual estatal, pueda,mejorarse ampliamente, como dice en su artículo ( yo no soy entendida en el tema, vaya por delante), lo que se me viene a la cabeza, y creo, es que ningun partido que gobierne en una autonomía, pueda modificarla, sin saltarsela, y así, inculcar dicha ley. ¿ Porqué eso es un delito? Y en ese caso, habría que perseguirlo, la instancia pertinente y no mirar para otro lado. Porque la inacción de un funcionario, también es un delito o cuando menos, una infracción. Supongo que en esta materia, nos sobran grandes juristas , en este país, que puedan hacer algo al respecto.