Alquilar una vivienda en España es cada vez más caro. Paralelamente, desciende el número de desahucios. A primera vista, podría parecer algo contradictorio. Inquiriendo en el asunto, y de la mano de dos expertos, se encuentra una ligazón: caen los lanzamientos porque, directamente, la gente no llega ni a entrar en la casa. No se lo pueden permitir. Es el efecto expulsión.
Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2023 se produjeron 26.659 desahucios, un 30,3% menos que el año anterior. El 74,1% (19.676) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.260 –el 19,7%– se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.723 restantes obedecieron a otras causas, señalan.
Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 28,5% respecto a 2022, y los derivados de ejecuciones hipotecarias del 38,2%.
A la vez, el precio del alquiler de vivienda en febrero de 2024, con datos de Idealista, fue un 11,9% más caro que el de un año antes. El precio medio en España es de 12,6 euros/m2, que es el máximo histórico (hito que se produce en 14 comunidades autónomas).
El acceso a la vivienda
Alejandro Inurrieta, economista y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, señala que, “con estos precios, muchas personas no pueden acceder a una vivienda”. No son desahuciados, porque ni siquiera llegan a vivir en las casas.
Y eso denota que “hay un problema muy serio de acceso a la vivienda en este país. En las grandes ciudades se está expulsando a un segmento de la población por la renta. En Madrid, si ganas menos de 40.000 euros, y quieres vivir solo, lo tienes muy difícil”.
La abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto también resalta ese problema de acceso. “Los precios están por las nubes, hay mucha gente que no se mete en el alquiler porque no puede, no tiene capacidad económica para hacerlo”.
Las leyes antidesahucios
Jacinto también se refiere a las medidas que impiden que se realicen desahucios en determinados casos como una de las razones que han empujado hacia abajo las cifras de lanzamientos. “No son requisitos estrictos, no se han parado los desahucios, pero entre ese escudo social y la entrada en vigor de la Ley de Vivienda se ha conseguido algo”, sostiene.
Además, está la moratoria hipotecaria que se aprobó en 2012 y se ha ido prorrogando. “Pero son tiritas temporales. En cualquier momento, si la normativa cae, habrá desahucios en cascada”.
Coincide con ella Inurrieta: “Aparentemente, la moratoria está funcionando, pero cuando se levante, muchas personas serán desahuciadas”.
Y Jacinto se refiere a un motivo más. Cada vez más personas “conocen sus derechos. Hay organizaciones, como el sindicato de inquilinas, que están creciendo, y cuando hay, por ejemplo, un procedimiento masivo de desahucios en Madrid, los vecinos se organizan y consiguen pararlo”.
Crece la especulación
Diferentes estadísticas (como la del INE, que muestra que únicamente el 39,1% de las compraventas de viviendas entre enero y noviembre de 2023 se hicieron con hipoteca) reflejan que la compra de vivienda para inversión está aumentando.
En opinión de Jacinto, son datos muy alarmantes. La poca vivienda que se compra, detalla, “la están adquiriendo grandes fortunas extranjeras que se dedican a la inversión”.
Madrid y Barcelona, ironiza Inurrieta, “ya son centros temáticos». «La ciudad expulsa a los habitantes. Los precios del alquiler de vivienda están subiendo, pero no sólo en los barrios prime, sino en zonas como Puente de Vallecas, Usera o Carabanchel. Allí, los inversores compran, le lavan la cara al piso, lo ponen de Ikea y cobran 800 euros”, añade.
¿Cómo se soluciona el problema de la vivienda en España?
El expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler es pesimista. La Ley de Vivienda, afirma, no se va a aplicar y no va a solucionar nada. “Hay que hacer vivienda pública, pero hasta que eso se note en el mercado, pueden pasar 10, 20 o 30 años. Por lo tanto, a corto plazo, lo único que puedes hacer es intervenir el mercado, o, en lugar de dejar que compren los pisos los fondos de inversión, lo compras tú como ayuntamiento y vas haciendo un parque de viviendas”.
La abogada indica que “habría que restringir la compra a no residentes, como ya han hecho gobiernos de otros países”. Hay que “reformar la Ley de Vivienda para hacerla más eficaz en su cumplimiento y para incluir un régimen de sanción e inspección. Se pueden articular mecanismos (siempre teniendo en cuenta el interés general) para que, desde los municipios o el Estado, sea posible sortear la rebeldía de las comunidades del PP”.
Y se debería regular el alquiler de temporada, destaca, “darle una vuelta a la regulación del alquiler turístico y acabar con la permisividad de las Administraciones Públicas con las viviendas turísticas ilegales”.