La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró visiblemente nerviosa en la rueda de prensa que ofreció el pasado miércoles tras el Consejo Extraordinario de Gobierno de la región. Al contrario que otras veces, su agresividad habitual quedó opacada por su voz temblorosa y las dudas que se desprendían de su discurso. La mayor parte de las preguntas estuvieron relacionadas con la inspección fiscal y la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid contra su pareja, Alberto González Amador.
La líder del PP madrileño dijo: «Es una inspección de Hacienda sacada de quicio. Ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas ni nada, como se está diciendo». Sin embargo, la realidad no se limita únicamente a la inspección de Hacienda que enfrenta González Amador, sino a la presunta comisión de hasta tres delitos: dos de fraude fiscal por valor de 350.000 euros y uno de falsedad documental por la emisión de facturas falsas para una firma mexicana y otra de Costa de Marfil con el objetivo de ahorrarse el pago de impuestos. De concretarse, esto demostraría que la operación sí constituyó una trama que se valió de terceras sociedades para el presunto fraude.
La propia Ayuso ha tratado de deslegitimar la denuncia recordando a través de sus redes sociales que «la Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero». Siendo verídica esta afirmación, lo cierto es que no se trata de una actuación propia de la Fiscalía, sino del traslado del expediente por parte de la Agencia Tributaria que, al superar la cantidad supuestamente defraudada los 120.000 euros, la legislación exige ponerlo en conocimiento del Ministerio Público.
Este proceso legal es, según Ayuso, «una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio por cómo se inició la inspección«. Según el presidente del sindicato de técnicos de Hacienda, Carlos Cruzado, el procedimiento es el habitual en la Agencia Tributaria: «Con todo lo que hemos conocido sobre facturas falsas, es normal que haya saltado el aviso y que se haya sometido a inspección. Y al demostrarse que hay una intencionalidad, un dolo, y que se supera el límite marcado, pues hay que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía».
Diferentes diarios conservadores, con información del entorno de la presidenta, han llegado a asegurar que la Fiscalía trató de llegar a un acuerdo con González Amador. El Ministerio Público, sin embargo, ha desmentido la supuesta trama político-judicial inventada por Ayuso. En un escrito, la Fiscalía subraya haber iniciado el procedimiento legal tras recibir un informe por parte de la Agencia Tributaria.
Asimismo, asegura que, antes de denunciar, fue el abogado de Alberto González quien propuso un pacto con el Ministerio Fiscal «a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal». «Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de ‘dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021’», sostiene la Fiscalía.
Los correos electrónicos publicados por elDiario.es avalan esta versión: «Soy [nombre del abogado] designado por el administrador Alberto González para su defensa. Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert [sic] González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».
De esta manera, es la propia pareja de Díaz Ayuso quien reconoce unos hechos que ayer fueron negados por la presidenta, la cual aseguró que era «falso» que su compañero debiese 350.000 euros «por fraude» y acusaba a Hacienda de ser quien adeudaba a González Amador «casi 600.000 euros a pagar por intereses». Según publica El Español, la pareja de Ayuso habría hecho frente al pago de la deuda con Hacienda «antes de ser denunciado por la Fiscalía». De acuerdo con el técnico de Hacienda Carlos Cruzado, «este pago no permitiría hablar de regularización, ya que no se produjo antes del inicio de la inspección, y por lo tanto no finaliza el proceso».
En su escrito, la Fiscalía sostiene que el fiscal encargado del asunto interpuso la denuncia el 13 de febrero de este año, la cual le fue comunicada el 12 de marzo a su abogado.
No era un piso, eran dos
El objetivo de la trama presuntamente organizada por González Amador era evitar el pago de impuestos correspondiente a los casi 2 millones de euros cobrados por las comisiones obtenidas como intermediario en la venta de material sanitario durante la pandemia. Unos pagos excepcionales que, sumados a lo ahorrado gracias al presunto fraude, habrían permitido a la pareja de Ayuso aumentar enormemente su patrimonio. Alberto González adquirió un piso valorado en más de 1 millón de euros en un céntrico barrio de Madrid, en el cual convive con Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró durante su intervención que no se trataba de «un piso de 1 millón» e insistió en que todo se había hecho de forma «legal». ElDiario.es demostró horas después que, ciertamente no se trataba de un piso… sino de dos. La pareja, según relata este medio de comunicación, disfruta de dos inmuebles situados en el mismo edificio, si bien uno de ellos no se encuentra a nombre de González Amador, sino de su abogado, y fue pagado al contado.
Tras el supuesto fraude, Alberto González adquirió un coche de lujo para su empresa, un Maserati, el cual acumula varias denuncias y el impago de sus tributos, y, según algunas fuentes, se trata de la misma marca y modelo del coche con el que la propia Díaz Ayuso ha aparecido en al menos un evento público. Asimismo, su pareja dio de alta una sociedad dedicada a la explotación de alojamientos turísticos, para la cual aportó 84.000 de los 210.000 euros de capital social con el que se inició la actividad de la compañía; el resto fue aportado por dos socios, según figura en las cuentas de la empresa a las que ha tenido acceso lamarea.com. Apenas dos semanas después de la constitución de la sociedad, esta se hizo con la propiedad de dos locales comerciales de 42 y 59 metros en el barrio de San Fermín, en el sur de Madrid.
En la actualidad, esos locales han sido convertidos en una casa de huéspedes, tal y como se puede consultar en webs de reserva como Booking. 12 Octubre Rooms cuenta con cuatro habitaciones dobles que van desde los 72 hasta los 290 euros por habitación y noche.
