Juan Cervera Valderrama y los hermanos Francisco y Salvador Moreno Fernández son tres militares que jugaron un papel predominante en la represión posterior al golpe de Estado de julio de 1936. Los tres adquirieron gran protagonismo en el bombardeo desde el mar que sufrieron miles de personas que huían desde Málaga hacia Almería, lo que se conoce como La Desbandá. Y los tres están enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres de la Población militar de San Carlos, en San Fernando, Cádiz. Ahora, la Asociación por la Memoria Militar Democrática (AMMD) exige al Ministerio de Defensa que exhume sus restos para que se cumpla la Ley de Memoria Democrática.
La AMMD surgió hace cinco años como respuesta al manifiesto rubricado por un millar de militares en el que, ante la exhumación de Franco del Valle de Cuelgamuros, pedían respeto para el que calificaban como un militar ejemplar. Desde entonces, esta organización no ha cejado en su empeño por depurar al ejército de un pasado enquistado en el franquismo. Esta nueva denuncia sobre el enterramiento con honores de militares golpistas no es el primer movimiento de la asociación. Hace un tiempo, ya consiguieron que se cambiara el nombre de las calles del arsenal militar ubicado en Ferrol dedicadas a militares relevantes durante la dictadura.
“Hablamos de una institución fundada a mediados del siglo XIX, precisamente con la intención de venerar a las personas que ahí reposan, aquellos militares marinos que hubieran dado gloria y prestigio a las armas, letras o ciencias de nuestro país”, relata el presidente de la asociación, Manuel Pardo, sobre el caso del panteón.
Este capitán de navío de la Armada ya retirado considera una “absoluta incongruencia” que tres militares golpistas sigan enterrados en un lugar compartido con otros integrantes de la marina española de la talla de Jorge Juan, Cayetano Valdés, Santiago de Liniers y Cecilio Pujazón. Este último, por ejemplo, fundó el Observatorio de Marina ubicado en el mismo municipio en el que se encuentra el panteón.
De esta forma, que Cervera Valderrama y los hermanos Moreno Fernández continúen compartiendo un lugar preeminente de enterramiento contraviene la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el año 2022. “No se puede consentir que tres traidores a su juramento de fidelidad a la República sigan en este lugar”, añade Pardo.
Almirantes que bombardearon civiles
No se trata de tres almirantes cualesquiera. Todos ellos tuvieron un papel destacado en La Desbandá. Mientras miles de personas, población civil, huían desde Málaga a Almería ante el avance de las tropas sublevadas en Andalucía comandadas por Quiepo de Llano, tres cruceros las bombardeaban desde el mar. Se trata del crucero Almirante Cervera, el buque Canarias y el Baleares. “El almirante que mandaba a estas fuerzas de bloqueo, Francisco Moreno Fernández, era el líder del arsenal que había en Ferrol, donde consiguió estos cruceros para poner al servicio del bando sublevado”, argumenta el capitán de navío retirado.
Juan Cervera Valderrama llegó a servir como almirante, incluso como Jefe del Estado Mayor de la Armada, durante el periodo republicano. Cuando el Frente Popular llegó al poder en febrero de 1936, el Gobierno lo cesó y lo mantuvo en la reserva. No dejó las armas definitivamente. Según añade el propio Pardo, Cervera Valderrama participó en la sublevación en la ciudad de Puerto Real y más tarde se incorporó al cuartel general del bando sublevado cuando ya estaba instalado en Burgos. Es allí donde Franco lo nombró Jefe del Estado Mayor de la Armada rebelde. Pocos meses después, llegaría La Desbandá.
“Hoy en día esas acciones estarían consideradas como un crimen de guerra. No podemos olvidar que bombardearon desde el mar, y también por el aire, a miles de personas que huían de la represión”, reitera el presidente de la AMMD. No es esta la primera vez que la entidad se dirige al Ministerio de Defensa para hacerles ver que algunos cuerpos y dependencias del Estado no cumplen la Ley que el propio Gobierno aprobó hace ya más de un año. “Pedimos a la ministra que retiraran los cuerpos de estos tres militares del Panteón, tanto a través de escritos hacia ella como a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática”, puntualiza Pardo.
Consultada por La Marea, la Secretaría de Estado sostiene que ya ha cursado “la correspondencia oportuna a todos los ministerios para que apliquen taxativamente la Ley de Memoria Democrática en el ámbito de sus ministerios”. En el caso concreto de Defensa, agregan que les consta la creación de una comisión a través de una orden para la aplicación de esta ley. Al cierre de esta edición, el Ministerio de Defensa todavía no había respondido las cuestiones remitidas por La Marea.
La Ley marca la exhumación
Ante la nula respuesta que la AMMD recibió desde el Ejecutivo central, la AMMD decidió hacer pública su demanda justo el pasado 8 de febrero, el día en que se cumplieron 87 años de La Desbandá. La asociación se asesoró legalmente y, al final, se decantó por esgrimir su escrito como una reclamación previa a la vía judicial.
Pardo asegura no salir de su asombro ante esta realidad: “Esto es una paradoja porque el Gobierno no respeta su propia ley, aunque tampoco nos sorprende”. Y así lo explica: “Desde la tan cacareada y aplaudida Transición, España vive en una especie de concesión al régimen franquista del cual el PSOE ha sido no solo beneficiario, sino principal valedor del régimen del 78”.
Desde su punto de vista, aunque sí se han realizado algunos avances en materia de memoria democrática, los sucesivos gobiernos liderados por el PSOE “han demostrado muy poco interés en hacer una labor pedagógica en el interior de las Fuerzas Armadas, ni siquiera una labor de purga e higiene democrática”, en sus propios términos.
Por el momento, la AMMD esperará un “tiempo prudencial” antes de llevar a cabo el próximo movimiento respecto a su exigencia de exhumar los cadáveres de estos tres almirantes golpistas. “No debería ser tan complicado. Nosotros solo queremos que el Gobierno cumpla su propia Ley. Si ya ha sacado a Franco y a Queipo de Llano de lugares eclesiásticos, no debería tardar tanto en hacerlo de espacios que controla el propio Gobierno”, enuncia Pardo.
Ante la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, desde Defensa crearon una comisión para comprobar hasta qué punto sus destacamentos y emplazamientos la contravenían. La AMMD también es crítica con ello: “Le comentamos a la ministra Margarita Robles que queríamos participar en esta comisión que haría un seguimiento del cumplimiento de la ley o, si no éramos nosotros, que incluyera a personalidades expertas en la materia o de la academia, o del mundo memorialista”, explica el presidente del colectivo.
Nada de eso ocurrió, denuncia. Defensa se decantó por formar la mencionada comisión únicamente con militares. “Pidieron a todas las unidades y acuartelamientos que declarasen cuáles eran los elementos que necesariamente tendrían que eliminar de sus instalaciones. Evidentemente, si siempre han convivido con ellos sin mayor problema no será ahora cuando pidan quitar esa simbología franquista, sobre todo si son ellos mismos quienes la tienen que señalar”, prosigue Pardo. Desde la AMMD consideran que, si en la comisión también tuvieran presencia personas ajenas a la jerarquía militar, este tipo de hechos no ocurrirían.
