El Ingreso Mínimo Vital solo está llegando al 16% de los hogares que cumplen los requisitos económicos para solicitarlo. Es la principal conclusión de un informe que acaban de publicar la ONG Oxfam Intermón y el centro de pensamiento Future Policy Lab. Ambas organizaciones denuncian que la prestación, con capacidad para reducir la tasa de pobreza severa en más de cinco puntos para toda España, está alcanzando solo los dos puntos. O lo que es lo mismo: un 84% de los hogares con derecho a recibirla quedaría fuera de su alcance.
No es la primera vez que se denuncia esta circunstancia en torno a una prestación «vital» –como su propia denominación indica– para numerosas familias. Por lo que debería, con mucha más razón, ser «vital» –y, por tanto, una prioridad para el Gobierno– que ésta llegue a quien le corresponde.
Una investigación de Civio mostró cómo hay personas que aun necesitándola no la reciben: el 42% de las sentencias sobre el Ingreso Mínimo Vital son contrarias al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que significa, como explicaba Civio basándose en los datos judiciales, que el Estado subestimó o denegó la prestación cuando no correspondía.
«¿Cuánta gente está recibiendo el Ingreso Mínimo Vital? No parece una pregunta loca»
La periodista y codirectora de Civio, Eva Belmonte, escribía estos días, además, las dificultades que encuentra para que la Administración, en este caso el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ofrezca los datos.
«¿Cuánta gente está recibiendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV)? No parece una pregunta loca. Ni algo que debe ser un secreto de Estado. De hecho, lo lógico sería que esa cifra fuera pública por defecto y no tuviéramos ni que preguntar. Pero lo que publica el ministerio una vez al mes, y aquí está la trampa, es el acumulado, las personas que en algún momento desde su lanzamiento recibieron la ayuda, sin contar las bajas, pero no cuánta gente la está recibiendo ahora mismo. Y, claro, esa cifra que dan, muy superior, luce más. En las notas de prensa titulan así: ‘Los hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital superan los 745.000′», escribe bastante «enfadada» la periodista.
De los requisitos al desconocimiento
El último estudio de Oxfam y Future Policy Lab, que se basa en una simulación a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, indica que, hasta febrero de 2023, se habían aprobado 578.000 solicitudes, lo que implica 1,63 millones de personas beneficiarias en términos acumulados, sólo un 16%.
Elaborado por los sociólogos José Antonio Noguera, Ález G. de la Prada y Emma Álvarez Cronin, el estudio explica que se debe a problemas de dos tipos. En primer lugar, algunos requisitos y condiciones de acceso impiden una cobertura más amplia, y deja fuera, por tanto, a determinados colectivos. Y, en segundo lugar, el estudio atribuye problemas como el propio desconocimiento de su existencia, las dificultades relativas a la solicitud (brecha digital, burocracia…) o el estigma social asociado a ser beneficiario de este tipo de prestaciones hacen que algunas personas no lleguen a solicitarla.
Los especialistas explican que una estrategia adecuada de combinación de esta prestación con otras rentas mínimas de aplicación autonómica puede mejorar sustancialmente su alcance, según concluyen tras realizar un análisis comparativo de tres comunidades autónomas: País Vasco, Catalunya y Madrid. Es lo que ocurre en Euskadi.
Sin embargo, en sentido opuesto, en comunidades como la de Madrid, se está produciendo «una sustitución prácticamente completa de la renta mínima por el Ingreso Mínimo Vital, sin que esos recursos se reorienten a otras prestaciones similares». «En un punto intermedio, en Catalunya las dos prestaciones se complementan y alcanzan así a más personas», añaden.
Propuestas para ampliar el alcance
Oxfam Intermón y Future Policy Lab plantean en el documento varias propuestas para aumentar el alcance de la prestación. Entre ellas, destacan ideas como incluir a todas las personas de entre 18 y 23 años como potenciales titulares de la ayuda o garantizar que las menores de 30 años puedan acceder con los mismos requisitos de acceso que el resto de población adulta.
Además, proponen modificar el período de cómputo de los ingresos, flexibilizar los requisitos de patrimonio, aumentar cuantías y umbrales, generalizar los incentivos al empleo, y ampliar y homogeneizar la cuantía del complemento a la infancia en todos los tramos de edad, además de medidas relativas a la simplificación de procedimientos y requisitos y a la integración con la fiscalidad.