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El obispo de la diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, ha comenzado hace unos días a realizar una ruta de “visitas pastorales” a centros educativos públicos de la provincia. La justificación es que existe la “asignatura” de religión, cuyo profesorado programa con la diócesis esta actividad. El prelado no se limita a entrar en la clase de religión, en el horario de religión y con el alumnado de religión, sin alterar el normal funcionamiento del centro, como demandan las instrucciones emitidas al respecto hace años por la Delegación de Educación.
En la mayoría de los casos se interrumpen las clases, la dirección recibe al prelado como si se tratara de una “autoridad pública”, se reúne a todo el alumnado de religión (y en algunos casos a todo el del centro) en un salón para recibir la “evangelización” del pastor, en lugar del aprendizaje de matemáticas, lengua, idiomas, conocimiento del medio, o las materias que corresponderían en ese horario. Esto sucede con la colaboración, consentimiento o conocimiento de las direcciones de los propios centros, de una parte de las familias y del profesorado y de la administración educativa.
El incumplimiento de las instrucciones de la propia Delegación no ha tenido, que sepamos, hasta ahora ninguna exigencia de responsabilidades por parte de la Inspección Educativa. Todo esto sucede en un centro educativo público de un Estado aconfesional, en una Comunidad Andaluza, cuya ley de Educación dice que “la escuela será laica”. Y en una sociedad del siglo XXI, donde el 40% de las personas se declaran no creyentes y sólo el 18% católicos practicantes.
Los centros educativos deberían estar protegidos de particularismos ideológicos.
Es cuanto menos curioso que la Consejería de Educación haya dictado recientemente instrucciones que restringen y controlan las actividades complementarias propuestas por las centros, con una especie de censura, para velar por la neutralidad ideológica y permita y facilite el adoctrinamiento de una persona como el obispo Demetrio, que felicitó en una pastoral el éxito electoral de Vox, que es conocido por sus declaraciones públicas ultraconservadoras y aberrantes como que “en los centros de enseñanza públicos se enseña al alumnado a fornicar”, que define la inseminación in vitro como “un aquelarre infernal” o que afirma que “la ONU tiene un plan para hacer que la mitad de la población sea homosexual”. Cuesta trabajo entender que haya direcciones de centros y Consejos Escolares que no tengan en cuenta esto a la hora de permitir semejantes actividades. Es muy preocupante que las familias del alumnado de religión expongan a sus criaturas a este tipo de mensajes y que la comunidad educativa de estos centros no reaccione en contra.
Lo más grave, desde mi punto de vista, es la colaboración por parte de personas responsables de la formación de los menores, en actuaciones que suponen un ataque a la libertad de conciencia de estos, exponiéndolos, por irreflexión, dejadez o por sectarismo propio, al adoctrinamiento de personas con marcadísimo perfil ideológico y sectario, como el caso del obispo.
Estos hechos no se pueden “normalizar”. Son comportamientos propios de una época de nacionalcatolicismo, impropios de un Estado democrático y Aconfesional. Es responsabilidad y obligación de las propias familias, de las comunidades educativas, de las direcciones de los centros, de la inspección y la administración educativa, y de la sociedad en general velar por que la escuela pública, que debería ser única y universal, cumpla su función de formar ciudadanía preparada en conocimientos científicos, libre, crítica y con valores humanos universales.
(«Adoctrinar en Colegios Públicos», José A. Naz Valverde)