Javier Fernández –nombre ficticio– se quedó en paro con 56 años. Hasta entonces, hasta esa edad, no había dejado de trabajar ni un solo día desde los 23 años, cuando inició su profesión como reportero en un periódico local. Treinta y tres años después, y tras pasar por diferentes empresas, fue despedido como uno de tantos compañeros y compañeras en el sector de la comunicación. Era 2019.
Él tenía un buen salario y, sobre todo, una experiencia y trayectoria que a las empresas que hasta entonces habían contado con él les resultaba cara. Aun así, Javier intentó meter cabeza donde pudo, colaborando aquí y allá, hasta que agotó todas las posibilidades de resistir. Tras finalizar los dos años de paro sin ninguna llamada, sin ninguna oferta, sin ningún contrato decente, se convirtió en una de esas personas mayores de 52 años de la que tanto se está hablando estos días a cuenta de la reforma del subsidio al que tienen derecho y cuyo decreto, aprobado por el Gobierno de PSOE y Sumar y que forma parte del Plan europeo de Recuperación y Resiliencia, ha sido tumbado finalmente con los votos de PP, VOX, UPN y Podemos.
“Me da mucha rabia decir esto, que los políticos son iguales. Es una guerra entre ellos que pagamos los demás. ¿Los parados perdemos o no perdemos? Entiendo que sí perdemos. La gente no gana en absoluto”, dice absolutamente desencantada Marta, una gerente de 59 años, en desempleo, votante siempre de la izquierda –y de Podemos–, que cumple con los requisitos para recibir la prestación de más de 52 años cuando, dentro de año y medio aproximadamente, se le termine el paro.
La reforma del subsidio por desempleo impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con Yolanda Díaz al frente, incluía como principales novedades, tras los desencuentros con la entonces ministra Nadia Calviño, un aumento de la cuantía de la prestación –de 480 a 570 en los primeros meses– y la ampliación de los colectivos beneficiarios –como menores de 45 años sin cargas familiares, eventuales agrarios y trabajadoras fronterizas de Ceuta y Melilla–.
Sin embargo, y este punto es por el que Podemos –que pasó al grupo mixto tras su ruptura con Sumar– asegura que ha votado en contra, rebajaría la base de cotización para la jubilación para el colectivo de más de 52 años del 125% actual al 100% de manera progresiva –de 2024 hasta 2028–. El mismo decreto recoge la explicación: “La necesidad de modificar esta norma se ha puesto de manifiesto dado el significativo aumento del importe de salario mínimo profesional desde 2019, en un 46?%, que paralelamente se traslada al importe de las bases mínimas de cotización y al cálculo de la futura pensión de jubilación”.
El economista Eduardo Garzón explica en sus redes sociales que no se trata de un recorte, como repite una y otra vez Podemos: «El gobierno en solitario del PSOE recuperó en 2019 el subsidio para mayores de 52 años que había suprimido el gobierno del PP en 2012. Se estableció una cotización del 125% sobre el salario mínimo porque este era muy bajo, de 735 € al mes, y querían compensarlo. Pero actualmente el SMI ha aumentado casi un 50%, y se encuentra en los 1.080 euros mensuales. Ahora, el extra del 125% no es tan necesario y, lo que es peor, genera una injusticia comparativa con trabajadores que cobran ese salario mínimo, porque ellos siguen cotizando al 100%”. Y añade: “La reforma pretendía ir reduciendo la base de cotización de los subsidios a mayores de 52 años para equipararlos a los trabajadores con salario mínimo, y sin desprotegerlos, porque el 100% de un salario mínimo que se ha casi duplicado es mayor que el 125% del SMI anterior”.
Podemos insiste en que, para contar con su apoyo, debe ser eliminado este punto y espera que así se haga en la tramitación del decreto como proyecto ley. Yolanda Díaz ha calificado esta decisión de “incomprensible” e “irresponsable”. Con el rechazo de este decreto caen también otras medidas como la eliminación del mes de espera actual para recibir la prestación, la compatibilidad del subsidio con un trabajo con un límite máximo de 180 días, o medidas de conciliación como la acumulación del permiso de lactancia. «Todo esto depende de anteponer los intereses del país y de las personas humildes, estamos hablando de la vida de la gente», insistió Díaz durante la defensa del decreto finalmente rechazado.
Javier, que obviamente prefería que la cotización para la jubilación se mantuviese en el 125% para los nuevos beneficiarios y que aumente el IPREM y, por tanto, la cuantía, tampoco entiende que haya discrepancias en torno a un derecho y una prestación que es vital para muchas personas que forman parte de este colectivo. “Mi empresa es el SEPE. Es la salvación, la forma de no quedarte tirado a una edad para la que el mercado laboral tiene prácticamente cerrada la puerta”, explica. “Y encima como está el periodismo. Tienes el colchón, sigues cotizando en los últimos años de vida laboral, no puteas a la gente que tiene muy difícil encontrar trabajo y que dejaría de cotizar y la pensión bajaría”, prosigue.
Lucía, limpiadora de pisos turísticos, también se quedó en paro con 60 años y, tras recibir el subsidio durante cuatro años, se jubiló. Sin este derecho, cuenta, no sabe qué habría hecho en unos años difíciles ni qué habría sido de su vida. Javier y Marta reconocen que, más allá de la cuantía mensual, lo importante para ellos es la cotización: “Vivir con 500 euros es ya complicado. Yo tenía la casa pagada, pero hay gente que no”, concluye Javier, que dice que pedirá «la cuenta» en 2027. Marta no sabe si encontrará trabajo en sus últimos años de vida laboral y, de alguna manera, afirma sentirse culpable.
La ministra, de hecho, recordó que los subsidios no son una paguita y que «los tópicos y las falacias» han culpabilizado y siguen culpabilizando a las personas de la situación de desempleo, que es un problema estructural de la sociedad. “Es un derecho constitucional que sigue estando en la diana de las posiciones neoliberales, que continúan lanzando mantras y lugares comunes que invocan el tiempo de Dickens. Y por eso esta reforma va en la dirección contraria», dijo Díaz.
