Los lectores y lectoras de los medios de extrema derecha en España son un público objetivo para los intereses del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACL), dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta, actualmente dirigida por Gerardo Dueñas, de VOX. Es una conclusión que se desprende del análisis del gasto en publicidad de este organismo público que, en los últimos meses, ha firmado contratos con algunos de los digitales con peor prestigio del panorama mediático para dar a conocer su marca de productos agroalimentarios.
En la pasada legislatura, el único procurador de VOX en las cortes definía al Instituto como un «chiringuito». Durante 2023, el ITACL, ahora en manos de la ultraderecha, ha rubricado hasta 18 contratos con diferentes medios de comunicación, la mayor parte de ellos periódicos regionales o revistas especializadas en el sector agro, bajo el mismo concepto: “Acción puntual de publicidad institucional para la promoción de los productos agroalimentarios de Tierra de Sabor”. Entre ellos se incluye a siete medios de ámbito nacional y de carácter generalista, todos ellos con un claro sesgo conservador: una radio, una agencia de noticias, un periódico en papel y cuatro diarios íntegramente online.
Entre los últimos, el organismo ha contratado “la creación y emisión de seis reportajes” de contenido pagado (es decir, publicidad camuflada como información) en EDA TV, el pseudomedio de Javier Negre y uno de los puntales de la ultraderecha mediática. Por estos servicios, el ITACL ha pagado 14.995 euros más IVA. Esa cantidad es justo el límite para ser considerado contrato menor con la administración, establecido en la Ley de Contratos del Sector Público en 15.000 euros. De esta forma, la administración pública evita tener que hacer una licitación abierta y puede contratar a dedo con quien convenga sin seguir ningún criterio objetivo.
Un modus operandi que la Consejería de Agricultura ha seguido de forma casi literal con Periodista Digital, otro pseudomedio que ha llegado a vulnerar el código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) tras llamar “pardilla” en un titular a una mujer que había sufrido maltrato y abusos sexuales. Su director y propietario, el periodista Alfonso Rojo, ha sido condenado en al menos dos ocasiones: la primera por llamar “chorizo”, “mangante”, “sinvergüenza” y “gilipollas” al expolítico Pablo Iglesias, y la segunda por llamar “etarra, terrorista o exetarra”, entre otros insultos, al abogado Gonzalo Boye.
Todo ello no ha sido óbice para que el ITACL contratase el pasado mayo una “acción puntual de publicidad institucional” por valor de 14.900 euros más IVA, de nuevo en el límite de lo marcado por la ley para los contratos menores. Como ya desveló lamarea.com, la Junta de Castilla y León, junto con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, inyecta uno de cada cinco euros del presupuesto total de Periodista Digital.
OkDiario, de Eduardo Inda, es otro de los medios beneficiados por la publicidad institucional repartida por VOX en los últimos meses en la comunidad autónoma. En su caso, el Instituto Tecnológico Agrario pagará 14.500 euros más IVA para la contratación de dos reportajes de contenido patrocinado “con motivo del especial de Navidad”.
El Debate, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, y con apenas dos años de vida tras su lanzamiento en octubre de 2021, también ha sido incluido en dicho plan de medios. En su caso, el ITACL ha contratado “la publicación de un reportaje con el motivo del especial de Navidad 2023” por valor de 7.500 euros más IVA.
A excepción de OkDiario, ninguno de estos medios aparece en el listado de los 90 más leídos de España, según el último estudio sobre Audiencias de medios de comunicación social, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas el pasado 13 de noviembre.
Una hiperrepresentación de medios conservadores
Bajo dicho concepto (”publicidad institucional para la promoción de los productos agroalimentarios de Tierra de Sabor”), el ITACL también ha pagado publicidad en la radio COPE, el diario ABC y la agencia de noticias Europa Press. Con la cadena de radio propiedad de la Conferencia Episcopal, el organismo dirigido por VOX en Castilla y León ha contratado “cuatro microespacios de 60 segundos” por 14.900 euros más impuestos. En el caso del ABC, el ITACL pagará 7.495 más IVA por “una inserción publicitaria y de contenido redaccional” en el interior de la Guía de Vinos del diario. Finalmente, en Europa Press han contratado “la publicación y difusión de dos informaciones mensuales” y una “inserción publicitaria con banner” por 4.500 más IVA.
A través de la Plataforma de Contratación de Sector Público, este medio ha localizado más de un centenar de contratos de publicidad de dicho organismo público firmados con diferentes medios de comunicación a lo largo de 2023. La mayor parte de ellos son revistas sectoriales relacionadas con la agricultura y la ganadería así como diarios regionales de Castilla y León.
En el caso de los medios generalistas de ámbito nacional, el ITACL vuelve a priorizar a aquellos con tendencias conservadoras como La Razón (cuatro contratos en 2023), EsRadio (4), Onda Cero (5), El Economista (3) o El Confidencial (3), amén de los ya mencionados ABC o la cadena Cope, que han recibido seis y cuatro campañas de publicidad, además de las citadas anteriormente. En algunos de los casos, se especifica en el contrato que las inserciones publicitarias se llevarán a cabo en las ediciones castellanas y leonesas de dichos diarios.
lamarea.com solo ha localizado cuatro contratos formalizados en 2023 con un medio de tendencia progresista, como es el caso de la Cadena SER, todos ellos para sus programas regionales.
Los chiringuitos de VOX en Castilla y León
No es la primera vez que el partido liderado por Santiago Abascal utiliza el dinero público de los organismos que controlan en Castilla y León para repartir a dedo entre organizaciones afines. A finales de junio, la Consejería de Cultura de la Junta autorizó el patrocionio de un curso de verano por valor de 15.000 euros. Se trataba de un evento organizado por el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), la institución fundada por la exdiputada francesa de extrema derecha Marion Maréchal Le Pen, sobrina de Marine Le Pen.
El procurador de las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, exvicepresidente de la Junta, definió el caso como «uno de los casos de clientelismo más palmarios» que él mismo había visto en la Administración pública, ya que el ISSEP comenzó a utilizar el logotipo de la Fundación Siglo, adscrita a la mencionada Consejería de Cultura, meses antes de la firma del contrato de patrocinio: «¿Cómo es posible que el logo apareciese sin que hubiese contrato? ¿Quién dio la autorización?», preguntó el procurador en la Comisión de Cultura de las Cortes.
El ISSEP fue creado como una institución académica cuyo objetivo es formar a los nuevos cuadros de la ultraderecha. Fundado en 2018, llegó a España dos años después de la mano de Kiko Méndez Monasterio, nombrado asesor de Santiago Abascal el mismo año de la apertura del centro en España, y patrono de la organización, según figura en el Registro de Fundaciones. Tal y como desveló lamarea.com, el instituto ultra abrió su sede en el mismo inmueble en el que VOX había tenido la suya. La instalación del partido en dicho inmueble en 2018 estuvo marcada por la polémica. Un mes antes de que lo alquilara VOX, fue comprado por Coravest SL, según publicó InfoLibre. En esta sociedad figuraba como apoderado solidario mancomunado el vicepresidente primero del partido, Víctor González Coello de Portugal, cuyo cargo en la empresa fue revocado unos días después de que se publicara dicha información.
