Los grupos ecologistas, quienes llevan años y años advirtiendo de las amenazas a las que se enfrenta y se ha venido enfrentando Doñana –sequía, oleoductos, minería, sobreexplotación…–, están contentos. Esa sería, si hubiera que definir como un estado de ánimo, su reacción general ante el acuerdo firmado este lunes por el Gobierno y la Junta de Andalucía.
No es para menos después de la impotencia y hasta su no poder dar crédito en los últimos momentos, cuando el PP, tras meses y meses haciendo caso omiso a sus avisos y los de la comunidad científica, estaba a punto de aprobar la ley que sentenciaba a muerte el parque natural. No es para menos estar, de manera general, contentos cuando incluso Europa había avisado de las multas a las que se podría enfrentar el Gobierno andaluz, es decir, las arcas públicas, es decir, los andaluces y las andaluzas, de seguir adelante con la norma.
No es para menos cuando el mismo presidente que defendía la ley antiDoñana, Juanma Moreno, del PP, la ha retirado –aun contando con mayoría absoluta– y ha presentado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, del PSOE, el #AcuerdoPorDoñana. Y, por supuesto, no es para menos cuando, en principio, en la parte práctica, el problema está supuestamente resuelto.
100.000 euros por hectárea
¿Cómo se resolverá? ¿Cómo logra este protocolo de intenciones por cuatro años que los agricultores que peleaban por sus regadíos, muchos de ellos ilegales, estén de acuerdo o hayan «cedido», como remarcó el presidente andaluz, tras la larga batalla? El acuerdo prevé la concesión de ayudas de 100.000 euros por hectárea a quienes abandonen el regadío: «Consistirán en la concesión de una ayuda temporal, de cinco a diez años de duración, al titular de las explotaciones con alguna de las siguientes finalidades: renaturalización, nuevas superficies de cultivos de secano y reconversión hacia producción ecológica».
Y aquí viene la segunda parte, la siguiente reacción tras la alegría, esos «sentimientos encontrados» que definía en una red social el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo: «Vuelvo de #Doñana con sentimientos encontrados: contento por la retirada de la #LeyAntiDoñana y por el #AcuerdoPorDoñana. Escandalizado por el pago de 100.000€/ha. Dispuesto a trabajar para garantizar que ni un solo euro público llegue a los que se lucran robando su agua».
En la misma línea se pronuncia, desde Ecologistas en Acción Huelva, Juan Romero: «En principio, lo hemos valorado positivamente porque hay un intento, una nueva oportunidad para encontrar una solución a los problemas que tiene Doñana. Pero hay una parte que chirría, que no compartimos». Como suele hablar Romero, sin rodeos, califica estas ayudas como un premio: «Le van a dar 100.000 euros por no cumplir la legalidad en los planos de ordenación, van a recibir ese premio. Y con esa partida se van a ir a otros lugares de la provincia de Huelva a implantar esos regadíos».
«No, no hay amnistía. Hay amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal«, se apresuró a decir, ante la pregunta de los periodistas, la ministra Ribera en la comparecencia tras la firma del acuerdo. «No hay una limitación ni identificación catastral de nada. Cualquier vecino con hectáreas en el área de influencia puede solicitar el acompañamiento para reforestación, cultivo de secano o agricultura ecológica», añadió.
«El hecho de que no se pueda regularizar el uso ilegal del agua ya es un éxito», indicó SEO/BirdLife, aunque, como avisó también Greenpeace, hay que vigilar dónde cae ese dinero. «Se ha parado una barbaridad en Doñana pero no podemos tolerar que ni un solo euro vaya a los que están fuera de la ley. Es urgente acometer transiciones en las que se incluyan criterios de justicia social de reparto del agua en todo el territorio«, afirma la directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña.
«Con minas, Doñana no tiene futuro»
Romero insiste en la renaturalización de Doñana y en recuperar la pérdida de biodiversidad: «Hay que intentar hacer una agricultura profesional, explotaciones familiares y cooperativas, que es dejar el valor añadido en la comarca y en los pueblos. Y nada de fondos de inversión». Y avisa de otra grave amenaza sobre Doñana que la Junta de Andalucía, lejos de afrontarla, impulsa con diferentes proyectos denominados como «minería sostenible». «Le hemos dicho –añade Romero– que Doñana tiene un interés público superior, que no lo conviertan en un parque temático –el acuerdo incluye la marca Doñana– y, sobre todo, que hay que mermar las amenazas a través de un blindaje en todo el entorno, como las actividades mineras, extractivistas, que van a depositar los vertidos en la cuenca del Guadiamar y del Guadalquivir». «Con minas, Doñana no tiene futuro».
Romero, además, apunta a otro problema que existe en la comarca: «Hay 19 asentamientos de personas migrantes que viven en una situación deplorable, es la esclavitud del siglo XXI. Es inadmisible». El acuerdo firmado por Gobierno y Junta plantea actuaciones coordinadas para favorecer la normalización documental de los temporeros agrícolas extranjeros de Doñana que se encuentren en situación irregular, a través de figuras como los diferentes arraigos o la autorización por circunstancias excepcionales. Además, formula propuestas dirigidas a fomentar la inclusión social y laboral de los temporeros agrícolas que se hallen en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad.
